Bajan exigencias para la licitación del agente financiero

El número de sucursales requeridas permitía participar solamente al Nación y al Patagonia. Se pedían 12 filiales y se bajó a 3.

El oficialismo incorporó reformas al pliego licitatorio del nuevo agente financiero de Río Negro, cuya discusión comenzó ayer en las comisiones de la Legislatura. Las modificaciones propuestas ampliaron las posibilidades de participación de entidades financieras al reducir las exigencias de sucursales en la provincia para participar de la compulsa.

El Anexo E -punto 3- requería a los oferentes “contar con no menos de 12 filiales habilitadas (sucursales o anexos) en Río Negro”. En principio, cumplían ese requisito sólo los bancos Nación y Patagonia. El miércoles, el bloque de Juntos Somos Río Negro propuso disminuir esa exigencia a “tres filiales”.

Este primer debate se cumplió en la Comisión de Planificación, presidida por Alfredo Martín, y el miércoles próximo seguirá en Constitucionales, con la presencia del ministro de Economía, Isaias Kremer y su equipo. Inicialmente, la sesión para su tratamiento se prevé para el viernes 4 de noviembre.

Al proponer la modificación, el presidente de la bancada oficialista, Alejandro Palmieri explicó la baja de “la cantidad de filiales habilitadas para lograr una mayor participación y fomentar la competencia entre las entidades, lo cual redundará en la calidad de agente financiero que se pretende”.

Además, el oficialismo explicó que los pliegos de condiciones se generaron en el trabajo de un “equipo de trabajo interdisciplinario” de funcionarios y profesionales, “con conocimiento específico en la materia, en la búsqueda de obtener las mejores condiciones posibles para la provincia y la ciudadanía.

Por otra parte, el proyecto establece la creación de la comisión de Fiscalización de los Servicios Financieros para el Control, Fiscalización y Seguimiento de los servicios. La misma se conformaría con tres miembros de la Legislatura (dos por la mayoría y uno por la minoría), dos de Economía; uno de la Contaduría General; y un representante de la Fiscalía de Estado.


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