Feedlots: dos años sin cumplir la ley

Agricultura no reglamentó la ley de feedlot y el ministro de Agricultura, Marcelo Martin, entiende que la norma no está vigente, aceptando que no hay efectiva regulación ni control sobre esos establecimientos.

Uno de ellos es Feedagro SA, con participación del ministro, por el cual está denunciado por incompatibilidad.

La Ley N° 4997, de regulación de “engorde en corral”, fue aprobada hace dos años, y Martín lleva 20 meses al frente de Agricultura.

La provincia no cuenta con “inscripciones ni registros” de feedlot, esperando el decreto para la “regulación respectiva”.

Así respondió Martín a un pedido de informes del bloque de legisladores del FpV por su denunciada incompatibilidad, originado en su participación en una empresa dedicada a esa actividad de engorde en Río Colorado, que deben ser controladas por Agricultura.

Esta situación, además, derivó en una denuncia penal, formalizada por el legislador justicialista Nicolás Rochás.

Curiosamente, en su respuesta a legisladores, Martín evadió responder la mayoría de las consultas, aludiendo que “no se condicen” a su condición de ministro ni actuaciones tramitadas en Agricultura, o que las mismas están proceso de investigación.

Aún así, el pedido legislativo -que firmaron Rochas, María Grandoso, Raúl Martínez, Javier Iud, Mario Sabbatella, y Jorge Vallaza- requería de Martín que informe sobre aquellos “emprendimientos comerciales” donde participa, se le pide la declaración jurada, y que precise si sus comercios se vieron beneficiados con inversiones del Estado provincial o Nacional. Se le requiere además si “el eventual ingreso de carne” de La Pampa afectaría sus interéses comerciales.

El último punto se refiere a las actuaciones del ministerio como Autoridad de Aplicación de la ley de feedlot.

El titular de Agricultura expresó que está en proceso de reglamentación y, por eso, “no hay inscripción ni registros de esos establecimientos de Engorde a Corral”. Afirma que Agricultura es Autoridad de Aplicacion conjuntamente con el DPA y Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La ley -vigente desde el 24 de octubre del 2014- fijaba que la reglamentación debia concretarse a “los 90 días. La norma no plantea dudas y deposita -según el artículo 4- la Autoridad de Aplicación en Agricultura, dejando solamente en aquellos dos organismos participación “complementarias” con sus “sus respectivas leyes”.

También, la norma establecía que Agricultura “dentro de 120 días debía cumplir un relevamiento de los establecimientos existentes”.

Tres fiscales y seis meses para la causa

La causa penal se abrió a fines de abril y, en seis meses, tuvo tres fiscales. La denuncia fue del legislador Nicolas Rochas y el trámite lo inició Itziar Soly, que se excusó porque su marido es el subsecretario de Pesca, Jorge Bridi. Pasó entonces a Pedro Puntel, pero finalmente recayó en Fabio Corvalan cuando Procuración le transfirió las causas por delitos contra la administración pública.

La Fiscalía se concentró en requerir documentación. El último pedido -a Personas Jurídicas- sería referido a una de las tres firmas relacionadas con Martin -Sociedad Finca Río Colorado- y se habría concluido con los pedidos, por lo cual, se espera saber si el fiscal promueve o no acción penal.