Fuerte interés para conformar el Tribunal de Impugnación

Hay 23 anotados, con nueve jueces y seis integrantes del Ministerio Público, incluyendo los dos segundos de la Procuración.

12 ago 2017 - 00:05
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La Justicia incorporará próximamente un cuerpo Penal provincial, entre las labores jurisdiccionales del STJ y de las cámaras. Su integración originó un marcado interés de los actuales miembros del Poder Judicial, con la participación de nueve magistrados y seis componentes del Ministerio Público.

Hay 23 inscriptos, mayormente camaristas y, también, los dos segundos de la Procuración, el fiscal general, Marcelo Alvarez y la defensora general, Rita Custet Llambi.

El puntaje de los exámenes ubica como primera calificación al abogado viedmense Miguel Cardella, con el máximo de 20 puntos, seguido por Llambi, con 17, y Alvarez, con 16. Esa calificación también lograron los camaristas Carlos Reussi y Daniela Zágari.

Nueve son los jueces anotados, sumándose el reginense Federico Dalsasso (15), y los viedmenses Guillermo Bustamante (14), Marcelo Chironi (14) e Ignacio Gandolfi (13,50), el roquense Juan Pablo Chirino (14), el barilochense Ricardo Calcagno (13,25) y Roberto Gavigña (13), que recién juró en Choele Choel. Además, el funcionario del juzgado civil de Viedma, Adrian Zimmerman (13,50)

Seis participantes son del Ministerio Público, Coste Llambi, Alvarez, los fiscales Hernan Trejo (14,50) y Fabricio Brogna López (14), la adjunta Maricel Viotti Zilli (10,50) y el defensor Pedro Vega (12).

También, figura el actual secretario de Seguridad, Marcelo Esteves (11,50); el ex jefe de la Policía rionegrina, Mario Altuna (12); y el ex asesor legal de Economía, Ezequiel Cortes (6).

La lista de aspirantes se completa con letrados particulares, como los barilochenses María Cristina Arnal Cañes (13) y Raul Ochoa (12); y el viedmense Ariel Alice (12).

El Tribunal de Impugnación tendrá cuatro miembros, pero el cuerpo se integrará para cada caso por tres jueces, seleccionados por sorteos.

La Reforma Procesal conforma este Tribunal con el objetivo -artículo 25- de las “impugnaciones ordinarias contra las sentencias definitivas, “de la revisión ordinaria de las sentencias de los casos que tramitan bajo las reglas del sistema anterior y que aún no han sido radicadas ante el STJ”.

Puntualmente, esta estructura libera de funciones al máximo tribunal judicial.

Por su parte, la ley Orgánica -artículo 57- establece que ese cuerpo tendrá su sede en Viedma y “tendrá competencia para resolver las impugnaciones penales de toda la provincia”. Aclara que “podrá constituirse en la jurisdicción de ocurrencia del hecho, a los fines de tramitar la impugnación, como también, podrá asegurar la inmediación con medios tecnológicos”.

Reclamo de origen

El Consejo de la Magistratura, todavía, no resolvió la fecha para el nombramiento de los cuatro jueces de la inicial integración del Tribunal de Impugnación.

Existe un silencioso reclamo interno que bien podrá demorar este proceso. El mismo está centrado en las condiciones para esos miembros. Su remuneración estará en el rango de camaristas y vocales del STJ, es decir, oscilaría de 130 mil a 170 mil pesos. Pero, la inquietud, planteado por integrantes del Poder, radica que estos cargos no existían en ocasión de la aplicación del regimen previsional que garantiza el 82% del haber jubilatorio entonces no figuran en el acuerdo con Anses y, por eso, no tienen garantizado ese beneficio.

El STJ cumple gestiones en Nación para su incorporación, pero esta situación demorarían más la prevista constitución y, seguramente, se recurrirán a su inicial conformación con subrogancias.

DeViedma

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