La difícil tarea de ponerle freno al trabajo infantil

Río Negro cuenta con tres casos detectados de trabajo infantil desde que se puso en vigencia a fines del año pasado un Protocolo de Intervención. Marca algunos pequeños avances frente a situaciones de vulnerabilidad social. Sin embargo a las autoridades, no siempre le resulta fácil constatar y castigar para reducir esas prácticas.

La lupa se puso en estos días sobre la actividad ladrillera en Cinco Saltos donde se verificaron dos irregularidades. El acta de infracción terminará en una fuerte multa.

Un curso similar está siguiendo, en la Secretaría de Trabajo de la Provincia, un expediente vinculado a una tercera anomalía registrada en Cipolletti en el rubro avícola.

Como manda la ley, a estas actuaciones de ese organismo se le adosan las correspondientes denuncias penales por tratarse de una grave tipificación.

Los responsables son pasibles de sanciones en el marco del artículo 148 bis del Código Penal -que por medio de la Ley N° 26.847- estipula que será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohiben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave.

Las modalidades laborales donde siempre se pone énfasis son el comercio ambulante, los trabajos domésticos en hogares de terceros, en zonas de producción agrícola ganadera, mendicidad, en semáforos (malabaristas), recolección de frutas, niños a la salida de supermercados o en las terminal es de ómnibus.

En este trabajo de hormiga del control estatal, existe un organismo encargado de poner bajo la lupa estas situaciones. Se trata de la Comisión Estatal de Trabajo Infantil (CETI).

Funciona en el ámbito de esa secretaría como un espacio de articulación y coordinación de las políticas públicas destinadas a garantizar la integridad de los derechos de los niños/as y adolescentes persiguiendo el objetivo de prevenir y erradicar el Trabajo Infantil.

Esta Comisión tiene la función de fijar políticas públicas con el objetivo de tratar la problemática, y dada su naturaleza no puede ser abordada sino desde el trabajo en conjunto de cooperación y la gestión del principal actor, el Estado y los demás actores involucrados en la temática.

En el marco de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, integran y participan activamente en la CETI los ministerios de Desarrollo Social, Educación, Turismo, la dirección de Municipios y representantes de la Legislatura de Río Negro. Todos estos organismos intervienen si en el medio se verifica un problema de salud de la familia, carencias sociales o la falta de escolarización.

Una bisagra en el modo de proceder, tras denuncia y búsquedas frustradas, es el mencionado Protocolo. Éste unifica las líneas de acción directas, bajo una gestión de cooperación y responsabilidad compartidas.

El objetivo es brindar elementos que aceleren y hagan eficaces las políticas públicas que accionan sobre esta problemática en caso de detección, ya sea para la restitución de los derechos vulnerados del niño/a, como la para la asistencia necesaria a fin de proteger tales derechos. Opera como un dispositivo que ordena, coordina e integra las acciones, bajo la órbita de competencia de cada organismo participante del Estado.

Aún así, en el ámbito oficial se reconoce que varias veces se recibieron denuncias pero nada se pudo comprobar luego en el lugar, por parte de los inspectores.

Las multas que le corresponden a estos empleadores de Cinco Saltos y Cipolletti tendrán una sanción pecuniaria de 167.000 pesos, según reveló el secretario de Trabajo, Lucas Pica.

El funcionario señaló que si bien el parámetro de aplicación de montos arranca con el salario mínimo, vital y móvil (actual 8.860 pesos) “tomamos la decisión de aplicar el máximo, porque tienen que ser ejemplarizadoras y de esta manera queremos modificar conductas, y de eso se trata en la campaña de visibilización” desde la aplicación del Protocolo.

En ese sentido señaló que “estamos dándole mucho impulso, hemos venido fortaleciendo el área para abordar de manera concreta (la problemática), y (tenemos que) demostrar con el ejemplo frente a este flagelo silencioso y oculto, en lo cual nuestra tarea es hacerlo visible”.

Las multas para el caso de explotación de menores son elevadas. En el caso de los hornos, detectados en Cinco Saltos, son $167.000

El dato

A dónde denunciar una irregularidad

Ante una sospecha de la tarea de inspección, Trabajo debe llenar una planilla donde hay datos de un menor de 16 años que está prohibido por el artículo 189 de la nueva Ley de Contrato de Trabajo N° 26.390/08. Allí, se consignan, datos de la empresa, del menor, informes sobre la situación de trabajo y observaciones acerca de las condiciones en que se desempeña. Las denuncias sobre estas anomalías se pueden trasladar al 0800-333-4247 o bien al correo electrónico: ceti@trabajo.rionegro.gov.ar.

El artículo 32 permite que las personas, desde los 16 en adelante, pueden celebrar contratos de trabajo con autorización de sus padres, responsables o tutores. Se presume tal autorización cuando el adolescente viva independientemente de ellos. Para ello, los inspectores deben llenar un acta de constatación.

“Tomamos la decisión de aplicar el máximo porque tienen que ser ejemplarizadoras y modificar conductas”

Lucas Pica, secretario de Trabajo de

Río Negro

Infancias cargadas de riesgos

La infancia en los hornos de ladrillos no es fácil. No existen espacios recreativos y los niños que viven allí están permanentemente expuestos a riesgos. Tractores, elevadores, camiones de gran porte y en pésimas condiciones mecánicas circulan a diario por sectores en donde los chicos también juegan.

En el 2008, un niño de un año y medio murió aplastado por un tractor. En el 2009, una beba de 18 meses se electrocutó por la precariedad de las instalaciones. Si bien la chiquita pudo ser reanimada en el hospital, los peligros que enfrentan niños pequeños sin la supervisión de adultos (porque están trabajando) pueden terminar en hechos trágicos: en el 2015, un nene de un año y diez meses cayó en una acequia y se ahogó.

En marzo del 2015, Carlitos, un niño de 5 años, estuvo al borde de la muerte. Se encontraba solo dentro de una vivienda cuando, de repente, se incendió la habitación en la que descansaba y las llamas lo acorralaron.

¿Colaboración familiar o explotación?

El psicólogo social y presidente de la Fundación Patagónica INAUN-Salud, Walter Bensoni, advierte que “debemos tener en cuenta las variables que hace que este trabajo sea perjudicial en el desarrollo del niño o la niña y a la edad de estos en relación al contexto”.

En ese sentido señala: “por un lado el aspecto cultural, desde las referencias familiares, en el que un niño o niña participa como colaboración familiar , y por otro el que por definición se puede encuadrar como sujeto de explotación por parte de los adultos”.

Advierte que “mientras los niños/as puedan tener sus tiempos de juego, escolarización, socialización, y todo lo que es concerniente á ese grupo etáreo no interfiere en su normal desarrollo físico, psíquico y social”.

A su entender, cuando el trabajo infantil “se expresa por definición al arrebato de la niñez, estamos ante una serie de consecuencias que interfieren con el normal desarrollo de la subjetividad y de una psiquis que detenta secuelas de larga data o de por vida”.

Bensoni sostiene que “el niño/a al que se lo explota económicamente no se relaciona con otros pares en libertad, suele abandonar la escolaridad, y el entorno es distorsionado en cuanto a su asimilación psíquica, por lo que deja como algunas de las secuelas, problemas de socialización, aislamiento”.

Los inspectores laborales se capacitaron para que en estos casos tengan un rol educador, y para que “no les cierren las puertas” en el ingreso a un control. La gente no tiene noción del trabajo infantil”

Ana Alonso (coordinadora de la CETI)