Pena acordada para Limardo por cobro de cargos fantasmas

Su accionar perjudicó al Estado en más de un millón de pesos. Fue funcionario de Recursos Humanos en Gobierno y Seguridad y Justicia.

Pena acordada para Limardo por cobro de cargos fantasmas

El fiscal Fabricio Brogna y la defensa acordaron una condena de dos años y medio de prisión en suspenso para el exfuncionario de Gobierno -Gabriel Limardo- que nombró a tres directores fantasmas e incorporó “falsamente a 11 agentes” en el Servicio Penintenciario, con un perjuicio al Estado provincial superior al millón de pesos, mayormente por el pago de haberes de servicios no prestados.

Puntualmente, las partes coincidieron en un juicio abreviado. Resta ahora la opinión de la Sala B de la Cámara Penal, bajo la presidencia de Marcelo Chironi, que ayer estuvo en la audiencia. Su fallo se conocerá el 31 de octubre, a las 12,30.

El hecho fue calificado como “fraude en perjuicio de la administración pública con incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La pena acordada prevé dos años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Limardo -acompañado por su abogado, Pedro Vega- aceptó la autoría del hecho, la calificación legal y la pena ofrecida.

Además, se establece la inhibición de bienes a Limardo porque, según la Justicia, cuando “la sentencia quede firme se remitirá al Fiscal de Estado para el recupero del dinero”. Posiblemente, este resguardo se generó a partir de un antecedente planteado a fines del 2014 cuando otra Cámara penal -integrada por Ariel Galinger, Eduardo Roumec y Rolando Gaitán- rechazó un acuerdo en favor del exfiscal de Estado, Alberto Carosio por pagos indebidos en convenios con estudios jurídicos. Según esos camaristas, el acuerdo no podía prosperar porque no existía “aún ninguna acción civil” para la recuperación de los montos con los que había sido afectado el Estado rionegrino. Ese criterio fue ratificado por un fallo del STJ.

En 2013, Limardo era director de Recursos Humanos del ministerio de Gobierno, a cargo de Luis Di Giácomo. Falsificó, desde esa función, documentación y designó a tres directoras, que cobraron durante meses, sin prestar servicios. En su elevación a juicio, el juez Carlos Mussi también procesó a ellas -Myriam Mamani, Olga Asaroff, y Silvana Ayelén Traipe- como “partícipes necesarios del fraude”, considerando que abrieron las cuentas sueldos y percibieron haberes ilegítimamente depositados.

También se responsabilizó a Limardo de la incorporación de 11 agentes al Servicio Penitenciario, valiéndose de falsa documentación. Estas personas no prestaban servicio y no habrían realizado el curso correspondiente. En este caso, el magistrado habría dispuesto la “falta de mérito” para los involucrados.

En su procesamiento, Mussi entendió que “Limardo fraguó los decretos” y que las tres imputadas “cobraban los haberes sin haber trabajado”. Sostuvo que “el expediente que tramitaba Limardo burló los organismos de control, a través de certificaciones falsas del imputado, aprovechando su lugar de privilegio en trámite y su rol de director de Recursos Humanos de Gobierno e interino en la misma área de Seguridad y Justicia”.


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