Piden informes sobre la existencia de ofertas sexuales por internet

Marcelo Ochoa

La senadora nacional por Río Negro Magdalena Odarda, del Frente Progresista Ari al Ejecutivo nacional, pidió informes acerca de ofertas sexuales por internet. El interés del planteo es establecer si se han detectado sitios web de oferta sexual entre 2011 y 2015 y, en caso afirmativo, se solicitó que se informen si se han llevado adelante acciones judiciales con el fin de darlos de baja.

Odarda fundamentó el pedido en la legislación nacional y decreto. Entre las normas aplicables recordó, la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de personas y Asistencia a sus víctimas que tiene como objetivo la implementación de medidas para prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas.

Incluyó también en la argumentación la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. En esta norma declarada de orden público quedan especialmente comprendidas en el concepto de violencia contra la mujer, la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres.

La parlamentaria mencionó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Belém do Pará” ratificada por la Ley Nº 24.632 que establece el compromiso de los Estados parte, a alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a su dignidad.

Respecto de los servicios de comunicación audiovisual, la Ley 26.522 fijó como objetivos en los contenidos de sus emisiones la defensa de las personas y el respeto a los derechos personalísimos; así como la actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos y la promoción de la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual.

Odarda recordó la existencia de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que prohibió “los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres”. Y para su cumplimiento creó la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, en el ámbito del ministerio de Justicia y Derechos Humanos con la facultad de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en ese decreto, monitorear los medios gráficos a los fines de constatar la presencia de avisos de oferta y/o solicitud de comercio sexual e imponer o requerir las sanciones por incumplimientos a lo establecido en la normativa respectiva.