Puja entre el Fiscal de Investigaciones y la Defensora del Pueblo

Ponzone pidió a la Legislatura sanciones contra Díaz. Está motivado por la falta de respuesta a un pedido realizado por él.

Puja entre el Fiscal de Investigaciones y la Defensora del Pueblo

El entredicho de un pedido de información concluyó con el pedido a la Legislatura de “medidas legales o constitucionales” contra la Defensora del Pueblo, Nadina Díaz, por parte del fiscal de Investigaciones Administrativas, Marcelo Ponzone. Puntualmente, la solicitud de sanción de un órgano de control para otro controlador del Estado provincial.

La diferencia consiste en el requerimiento documental efectuado por Ponzone a Díaz, lo cual, derivó en una reciente nota del fiscal al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti donde informa del “incumplimiento” de la Defensora al requerimiento de su organismo, por lo cual, solicita que “se tomen medidas legales o constitucionales que correspondan”. DeViedma no pudo contactarse ayer con Díaz pero, según trascendió, ese organismo insistiría ya haber respondido.

La solicitud de intervención está en Labor Parlamentaria, que esta semana se reunirá casualmente para evaluar antecedentes y entrevistas de los inscriptos para un nuevo mandato de la Defensoría, entre ellos, la actual titular. Esa comisión definirá a 10 aspirantes y, después, se profundizará el debate político en la búsqueda del consenso necesario del cuerpo, que equivale a los dos tercio de los votos.

Mientras tanto, Ponzone redobló su ofensiva contra la Defensoría, insistiendo que ese órgano no contestó un pedido de información en referencia a una investigación de la FIA por el “presunto vaciamiento del Servicio Forestal Andino”. Ya a mediados de abril, ese titular remitió una misiva a la Legislatura, pidiéndole su intervención porque no había “podido notificar a la Defensora de un oficio solicitando información”.

La falta o la demora en las respuestas es un reclamo reiterativo por parte de Ponzone. Incluso, varias veces recurrió a la Justicia para exigir una contestación o la entrega de documentación por parte de algún ministerio u organismo.

Una pulseada puntual mantiene con el secretario general, Matías Rulli. En cumplimiento de la ley, el Fiscal requiere a ese funcionario que intime y, posteriormente, sancione a los incumplidores. La Secretaría General recepciona y centraliza esas peticiones, pero no avanza en la aplicación de multas a sus pares, sanciones monetarias de 5.000 a 20.000 pesos. En el organismo se afirma que su concreción es una facultad del titular del área.

Díaz cumplió los cinco años al frente de la Defensoría y sigue por una prórroga a la espera de la elección legislativa. El fiscal tiene mandato de seis años, por lo cual, Ponzone finalizará el suyo en abril del año próximo.


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