Renovada crisis en Desarrollo Social

Renovada crisis en Desarrollo Social

La crisis en Desarrollo Social se reinstaló con la sucesión de críticas al funcionamiento de los programa sociales, expuestas crudamente por los golpes de un padre a su hija, de cinco meses, que ya tenía intervención judicial por violencia familiar y figuraba en un programa de contención gubernamental.

En la semana, una misiva de operadores advertía de falta de medios y, consecuentemente, la oposición insistió con la interpelación legislativa del ministro Fabián Galli.

Ayer, con el caso de la beba, la ofensiva se intensificó y circuló la versión de la renuncia de Daniel Badié, segundo de Desarrollo Social. El funcionario negó su dimisión pero, al mediodía, en Casa de Gobierno, el gobernador Alberto Weretilneck evaluó la situación con Galli. Intentarán, otra vez, blindar la situación y evitar un impacto mayor, evaluando el difícil momento del gobierno tras la derrota electoral del domingo.

La misiva de operadores había criticado al mando de Desarrollo Social. Esa nota oficial fue presentada por el bloque del FpV para insistir con la interpelación de Galli. Y, ahora, ese Ministerio debe explicar lo hecho en el dramático caso del padre golpeador de su hija, quien debía tener la protección del Estado.

Frente a las versiones, Badié negó su renuncia, explicando que se “analiza cómo llegaron las prácticas al territorio” en ese caso. Agregó que el análisis de la actuación alcanza a todos “los actores del Estado, el Ministerio, la Justicia, el hospital y el Consejo de la Mujer. La beba estaba asistida y bajo programa. Una cultura violenta supera todo lo que se puede prevenir, pero evaluamos si existeron fallas”.

Por su parte, el bloque opositor recordó que el “gran déficit de Desarrollo Social” se agravó con los últimos hechos, evidenciando “situaciones de manejo electoral de la cartera reñidas con la ética de la función pública”.

En una nota, personal, técnicos y profesionales plantearon “falta de condiciones y recursos para la actividad”, haciendo referencia a la precarización laboral, que “los posiciona bajo la línea de pobreza”, y que en su mayoría siguen becados. Agregaron recursos humanos insuficientes con más de 100 familias sin intervención , falta de estructura funcional y administrativa, de vehículos para la movilidad de los agentes, de fondos, deplorables e inadecuadas condiciones edilicias donde se desarrollan las tareas, dando como ejemplo que en Viedma trabajan más de 50 personas en una sala de seis por seis metros.

En la extensa nota los firmantes pidieron a los legisladores la interpelación del ministro advirtiendo que a los funcionarios del área “solamente les importa la respuesta de cualquier índole a los oficios judiciales con apercibimientos con el único fin que no le descuenten de sus ingresos, en vez de escuchar a los agentes para crear, modificar o ejecutar programas que den respuesta a la realidad actual de los niños y adolescentes”.