Las pruebas que complican a las exfuncionarias del Caina

INVESTIGACIÓN

Mientras los jueces de la Cámara Criminal Segunda esperan por el dictamen del Fiscal de Cámara en relación al recurso de apelación que interpuso la abogada Natalia Araya, que defiende a las exfuncionarias de Desarrollo Social en Bariloche, Guillermina Petit de Meurville e Irene Lamuniere, siguen trascendiendo algunos detalles de la investigación.

Fuentes judiciales informaron ayer que el juez Ricardo Calcagno valoró varias pruebas para resolver el procesamiento de las dos exfuncionarias como presuntas autoras del delito omisión funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

A las exfuncionarias se les atribuye haber omitido y no haber informado a las juezas de Familia y las Defensorías de Menores hechos relacionados con presuntos abusos cometidos por niños en perjuicio de otros pequeños alojados en el Centro de Atención Integral de niños, niñas y adolescentes (Caina).

Las fuentes revelaron que en los libros secuestrados por orden judicial, donde se anotaban las novedades cotidianas del funcionamiento del Caina, constan las observaciones de operadoras de ese centro respecto de las situaciones presuntamente irregulares que ocurrían en ese establecimiento dedicado a la atención de chicos. En esos libros se informa a las imputadas de los hechos que luego fueron denunciados por una maestra en la Justicia.

Además, recordaron que hay testimonios de personal del Caina y relatos de chicos en Cámara Gesell.

El funcionario público tiene la obligación de denunciar según lo prevé el Código Procesal Penal de la provincia.

Señalaron las fuentes que si bien es cierto que los chicos y adolescentes no son punibles, si un menor cometió un delito debe ser denunciado y un juez debe resolver en consecuencia, no un funcionario del Ejecutivo provincial.

La investigación se inició a partir de la denuncia que una maestra interpuso a finales de septiembre del año pasado tras escuchar el relato de una niña internada en el Caina. La chica asiste a la escuela donde trabaja la docente.

El fiscal Guillermo Lista hizo la investigación preliminar y, luego, promovió la acción penal e imputó en primer lugar a Petit de Meurville. Los hechos atribuidos ocurrieron supuestamente entre 30 y 45 días antes de que la maestra presentara la denuncia penal. A partir de la recolección de testimonios, la imputación se amplió e involucró a Lamuniere, entonces delegada del Ministerio de Desarrollo Social y superior inmediata de Petit.

DeBariloche