“1983: el retorno de la democracia”

Desde 1930 nuestro país padeció un efecto pendular entre períodos de gobiernos civiles y las interrupciones del orden constitucional por parte de los militares; el último golpe de 1976 sumió a la sociedad argentina en la página más cruel y trágica de toda su historia. Los genocidas de la dictadura se autoproclamaron los tutores de todos los argentinos, generando una inusitada violencia e impunidad con la horrorosa consecuencia de tener que lamentar miles de desaparecidos y, paralelamente, soportar la destrucción del tejido institucional de la república. En 1983 el pueblo fue convocado a las urnas en una elección en la que los dos grandes partidos nacionales y populares, el radicalismo y el justicialismo, compitieron con similares posibilidades de llegar al gobierno. El radicalismo, que había denunciado el pacto sindical-militar que intentaba eludir el procedimiento eleccionario, reiteraba su convicción histórica de reivindicar la democracia sosteniendo que la misma defiende la soberanía del pueblo como única fuente de poder político y respetando el gobierno de las mayorías pero sin opresión de las minorías. El entonces candidato y después presidente de la Nación Dr. Raúl Alfonsín afirmaba en cada tribuna que “con la democracia se come, se cura y se educa”; en definitiva, sostenía que no hay mejor herramienta que la democracia para la defensa de los intereses del pueblo y del país, pero que la misma no se reduce a la mera consulta electoral sino que también comprende la forma en que se ejerce el poder y la inexorable sujeción a los controles institucionales a los que deben someterse los gobiernos. El ansiado retorno a la democracia y la voluntad de transformación habían renacido en la Argentina y el candidato presidencial de la UCR aseguraba que en esa oportunidad histórica tendría millones de voluntades para construirla y para defenderla, eran los que ya habían advertido que sólo con una profunda fuerza moral y ética, principios irrenunciables para el centenario partido de Alem e Yrigoyen, se podría reconstruir el tejido de una sociedad justa, libre, democrática y solidaria. El radicalismo dejaba sentado que los objetivos de la consolidación del poder democrático y la creación de las bases para un período prolongado de justicia, desarrollo y estabilidad debían ser logrados sin que en una sola ocasión fueran menoscabados los derechos ni las garantías de los ciudadanos. Sobre esa plataforma se proponía el programa para lograr 100 años de paz, prosperidad y democracia, objetivos basados en el irrestricto respeto a la Constitución nacional y a la sabia división de poderes prevista en ella, que obliga al control y evita la posesión total del poder por quien tenga en sus manos el Ejecutivo. Es la fórmula para evitar las tiranías y que el ejercicio del poder corrompa a quienes lo poseen dirigiendo sus actos en beneficio personal, advirtiendo de la necesidad de la alternancia del poder: el mandato deberá ser de tiempo limitado y no podrá ser ampliado ya que los gobernantes vitalicios resultan delirantes en sus ambiciones desmedidas, que lógicamente se contradicen con la voluntad popular. A 29 años de aquel 30 de octubre de 1983 la realidad nos muestra que el Estado se confundió con el gobierno y el gobierno con un grupo de poder que, en procura de imitar a otros gobiernos caribeños de América, atenta contra el desenvolvimiento y la autonomía del Poder Judicial, los medios de comunicación y la libertad de los ciudadanos, procurando en un desmedido afán totalitario destruir la vocación de un pueblo que marcha decidido a lograr los 100 años de democracia y la grandeza de la república. El autismo político del actual gobierno, la intolerancia y la hegemonía totalitaria no se condicen con el pensamiento de los hombres y las mujeres de nuestro país que mantienen intactos los valores republicanos y son críticos de las aventuras populistas. Enrique Carlos Mogensen DNI 8.217.108 Bariloche

Enrique Carlos Mogensen DNI 8.217.108 Bariloche


Desde 1930 nuestro país padeció un efecto pendular entre períodos de gobiernos civiles y las interrupciones del orden constitucional por parte de los militares; el último golpe de 1976 sumió a la sociedad argentina en la página más cruel y trágica de toda su historia. Los genocidas de la dictadura se autoproclamaron los tutores de todos los argentinos, generando una inusitada violencia e impunidad con la horrorosa consecuencia de tener que lamentar miles de desaparecidos y, paralelamente, soportar la destrucción del tejido institucional de la república. En 1983 el pueblo fue convocado a las urnas en una elección en la que los dos grandes partidos nacionales y populares, el radicalismo y el justicialismo, compitieron con similares posibilidades de llegar al gobierno. El radicalismo, que había denunciado el pacto sindical-militar que intentaba eludir el procedimiento eleccionario, reiteraba su convicción histórica de reivindicar la democracia sosteniendo que la misma defiende la soberanía del pueblo como única fuente de poder político y respetando el gobierno de las mayorías pero sin opresión de las minorías. El entonces candidato y después presidente de la Nación Dr. Raúl Alfonsín afirmaba en cada tribuna que “con la democracia se come, se cura y se educa”; en definitiva, sostenía que no hay mejor herramienta que la democracia para la defensa de los intereses del pueblo y del país, pero que la misma no se reduce a la mera consulta electoral sino que también comprende la forma en que se ejerce el poder y la inexorable sujeción a los controles institucionales a los que deben someterse los gobiernos. El ansiado retorno a la democracia y la voluntad de transformación habían renacido en la Argentina y el candidato presidencial de la UCR aseguraba que en esa oportunidad histórica tendría millones de voluntades para construirla y para defenderla, eran los que ya habían advertido que sólo con una profunda fuerza moral y ética, principios irrenunciables para el centenario partido de Alem e Yrigoyen, se podría reconstruir el tejido de una sociedad justa, libre, democrática y solidaria. El radicalismo dejaba sentado que los objetivos de la consolidación del poder democrático y la creación de las bases para un período prolongado de justicia, desarrollo y estabilidad debían ser logrados sin que en una sola ocasión fueran menoscabados los derechos ni las garantías de los ciudadanos. Sobre esa plataforma se proponía el programa para lograr 100 años de paz, prosperidad y democracia, objetivos basados en el irrestricto respeto a la Constitución nacional y a la sabia división de poderes prevista en ella, que obliga al control y evita la posesión total del poder por quien tenga en sus manos el Ejecutivo. Es la fórmula para evitar las tiranías y que el ejercicio del poder corrompa a quienes lo poseen dirigiendo sus actos en beneficio personal, advirtiendo de la necesidad de la alternancia del poder: el mandato deberá ser de tiempo limitado y no podrá ser ampliado ya que los gobernantes vitalicios resultan delirantes en sus ambiciones desmedidas, que lógicamente se contradicen con la voluntad popular. A 29 años de aquel 30 de octubre de 1983 la realidad nos muestra que el Estado se confundió con el gobierno y el gobierno con un grupo de poder que, en procura de imitar a otros gobiernos caribeños de América, atenta contra el desenvolvimiento y la autonomía del Poder Judicial, los medios de comunicación y la libertad de los ciudadanos, procurando en un desmedido afán totalitario destruir la vocación de un pueblo que marcha decidido a lograr los 100 años de democracia y la grandeza de la república. El autismo político del actual gobierno, la intolerancia y la hegemonía totalitaria no se condicen con el pensamiento de los hombres y las mujeres de nuestro país que mantienen intactos los valores republicanos y son críticos de las aventuras populistas. Enrique Carlos Mogensen DNI 8.217.108 Bariloche

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