3 de Mayo unificará denuncias penales por daños

La transportista iniciará una demanda “multimillonaria” contra el municipio. “El fallo de la Cámara dejó plasmada la aberración que hicieron” aseguró el asesor legal de la empresa.



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Dos incendios consumieron quince colectivos. Foto: Archivo.

INCAUTACIÓN

Cerrada vía administrativa que ratificó la incautación de los activos de 3 de Mayo para facilitar el traspaso de 13 líneas de colectivos a Autobuses Santa Fe, la transportista local prepara una demanda por daños que, según estimó, será “multimillonaria”.

El abogado de la empresa, Rodolfo Rodrigo, anticipó a “DeBariloche” que como primera medida pedirá a la Fiscalía de delitos contra la Propiedad que unifique la investigación de las actuaciones penales iniciadas por los incendios y robos a las unidades, al tiempo realizará nuevas presentaciones por la sustracción de repuestos registrada tras la incautación de los galpones, oficinas y colectivos.

Rodrigo se mostró conforme con la decisión de la Cámara Civil de Apelaciones de anular la autorización otorgada por el juez Cristian Tao Anzoátegui para alquilar las instalaciones y unidades de la empresa que pocos días después (el 30 de diciembre) fueron incautados por el municipio.

“El fallo dejó plasmada la aberración que hicieron, dice que el alquiler es ilegal” destacó el abogado que se preguntó “bajo que título (el municipio) le dio el patrimonio de la empresa a Autobuses Santa Fe y fundió a 3 de Mayo”.

Rodrigo se hizo eco de la observación vertida por los camaristas Emilio Riat y Carlos Cuellar en la que sostienen que el municipio actuó como “gestor de negocios” de Autobuses Santa Fe, representándola en las audiencias conciliatorias e impulsando un alquiler que había sido rechazado explicitamente por la empresa local y por la síndico del concurso de acreedores.

La sentencia difundida este martes en la página web del Poder Judicial sostiene que la resolución dictada por Anzoátegui el 22 de diciembre pasado fue “en vez de una autorización una imposición violatoria del derecho constitucional de propiedad, la defensa en juicio y la libertad contractual”.

Rodrigo aclaró que no quiere personalizar la demanda ni las denuncias por robos y daño en la intendenta María Eugenia Martini para “preservar la institucionalidad de Bariloche” y porque está convencido que “la intendenta no sabe nada de lo que está pasando en el patio de la municipalidad”, dijo.

Frente a la nueva etapa de litigio que se abre, consideró que la sentencia de la Cámara da sustento a los reclamos de los propietarios al tiempo que rechazó el planteo del asesor Letrado del municipio, Ricardo Medrano, sobre la pasividad de la empresa frente al proceso. “No iniciamos antes la demanda porque había que esperar se definan sobre la impugnación de la confiscación ilegal, que dilataron hasta que presenté un amparo”, explicó.

Rodrigo aseguró que “ahora voy a ir a fondo vamos a presentar la denuncia por todos los delitos que se cometieron y por todos los daños causados, porque quebraron a una empresa que quería seguir trabajando en el transporte de pasajeros, le sacaron todos los activos y le impidieron continuar prestando servicios en Catedral y en la Línea Sur”.

DeBariloche

 

 


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