50 procesados por el “Operativo Independencia”

Es por la operación contra la guerrilla en Tucumán. Desligan a Isabel Perón.



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María Estela Martínez de Perón no fue procesada.

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Videla, procesado, ya fue condenado a tres perpetuas.

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Mario Benjamín Menéndez llegó a gobernar Malvinas.

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- Medio centenar de militares y civiles fue procesado, acusado de crímenes perpetrados por el “Operativo Independencia” contra la guerrilla durante el gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón (1974-1976), que no resultó procesada.

La mayor novedad fue el procesamiento con prisión preventiva, por primera vez, del general retirado Mario Benjamín Menéndez (82), ex gobernador de las Islas Malvinas durante la ocupación militar del archipiélago y guerra con Gran Bretaña en 1982.

La medida fue adoptada por el juez federal de Tucumán Daniel Bejas, que procesó además al dictador Jorge Videla, ya con tres condenas a prisión perpetua; al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, también sentenciado a la pena máxima, y a más de 40 acusados por 269 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas y homicidios, entre el 8 de febrero de 1975 y el 23 de marzo de 1976.

En la acusación de la Fiscalía se definió al “Operativo Independencia” como una “intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror, llevada adelante con la aquiescencia del gobierno civil en la provincia de Tucumán. La intervención fue comandada en primer lugar por (los fallecidos generales) Acdel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi”, reseñó.

Desde 1974 en Tucumán actuaba un foco guerrillero rural, la llamada “Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez” del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en las sierras de Monteros, y a raíz de ello el gobierno de la viuda de Perón decretó combatirlo con el envío de Ejército, Fuerza Aérea y Gendarmería.

Bejas decidió no avanzar en la investigación ni llamar a indagatoria a la viuda de Perón, bajo cuyo gobierno se dictaron los decretos antiguerrilleros. Los documentos secretos fueron firmados también por el presidente provisional del Senado, el fallecido Italo Luder, y ministros del gabinete, como Cafiero y Ruckauf.

El juez detalló que “alrededor de un 42% de víctimas fueron obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos (alrededor de 113 casos), el 15% eran dirigentes sindicales y gremiales vinculados al partido Peronista (alrededor de 40 casos), un 8 % eran comerciantes y personas de oficio del interior de la provincia (alrededor de 20 casos), un 8% eran empleados públicos (alrededor de 20 casos), un 5% de víctimas eran profesionales independientes (alrededor de 12 casos); un 4% eran estudiantes universitarios (alrededor de 10 casos), un 2% militantes de partidos políticos de izquierda (5 casos), y sólo un 7% de víctimas acreditaban alguna vinculación con el ERP/PRT (12 casos) o con Montoneros (4 casos)”.


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