Víctimas y acusados logran respuestas en plazos razonables

Damián Torres*


Debo coincidir en que la implementación del nuevo Código Procesal Penal de tinte acusatorio, en estos dos años, ha sido positiva en un balance general. Sin dudas que los procesos penales se han agilizado considerablemente y ello conlleva que tanto la víctima como el imputado poseen una respuesta, al menos en su faz ordinaria, en plazos mucho más razonables, cuestión que era muy criticada en el anterior sistema.

La aplicación de la tecnología ha sido un gran beneficio para todos los operadores del sistema, desde la registración de las audiencias hasta la utilización de videoconferencias para agilizar el proceso. Sin dudas que se nota el trabajo tanto del Superior Tribunal de Justicia, como de la Procuración y el compromiso para que este sistema funcione.

Para la defensa ha sido un desafío lograr formar equipos de trabajo con profesionales de otras ciencias (médicos, psicólogos, etc.) para poder tener una participación activa en el proceso desde la formación de su propia teoría del caso, la cual debe uno demostrar. En este sentido este nuevo proceso nos lleva a tener que estar preparados, actualizados constantemente y sobre todo movilizados en la búsqueda de información constante.

Hay un desconocimiento cultural del rol de la defensa en el nuevo sistema de producir su propia investigación, que de a poco se irá desterrando.

Si aún quedan cuestiones por mejorar. La diferencia entre la defensa y la fiscalía es algo a resolver. Desde el acceso a los sumarios policiales, a la información proporcionada por testigos, el acceso mediático, etc. Uno de los motivos es el desconocimiento cultural del rol de la defensa en el nuevo sistema de producir su propia investigación, que de a poco se irá desterrando. También la diferencia entre la defensa pública y privada se sigue visualizando, pese a una cierta mejoría.

La diferencia de criterios entre los operadores es un tema complejo aún. De a poco algunas cuestiones se vienen solucionando, entre otras cosas a partir de los antecedentes del Tribunal de Impugnación, estableciendo criterios generales aplicables por el foro de jueces y que otorgan mayor previsibilidad a las partes. Si bien ningún caso es igual, sobre todo entre los fiscales se observa que en las mismas temáticas se pueden visualizar distintos criterios de actuación, eso es un punto en el cual se observa que se está trabajando desde la Fiscalía General para resolver. Entiendo que el tiempo irá puliendo esto pero es uno de los puntos que más nos preocupan a los defensores.

En sí, encontramos más puntos positivos que negativos y la implementación del juicio por jurados aporta aún mayor transparencia.

*Abogado penalista.


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