Intercambio con fiscales de causas de la dictadura

ROCA (ACE)- Fiscales federales de Río Negro y Neuquén cumplieron ayer la primera jornada de intercambio académico sobre aspectos técnicos en la investigación de las causas relacionadas con los crímenes ocurridos durante la dictadura militar.

La charla se inició con un intenso debate con el antropólogo Carlos Smigliana, del Equipo Argentino de Antropología Forense y continuó con la presentación del subdirector de la «unidad de fiscales», Pablo Parenti.

«Es un seminario – taller interno organizado a pedido de la fiscalía general de Cámara en el contexto de capacitación y reflexión, especialmente vinculado con las causas relacionadas con las víctimas de la dictadura», dijo el fiscal de la Nación, Félix Crous.

Crous es el coordinador de la «Unidad de asistencia por las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado», una entidad integrada por fiscales generales para la colaboración técnica específica en la temática de los Derechos Humanos.

También estaba prevista la disertación hoy de Hernán Schapiro, quien se desempeñó como secretario en el primer «Juicio por la Verdad» que se inició en La Plata hace ocho años y que continúa en trámite.

Se destacó la presencia de todos los fiscales federales de la región, en tanto los expositores aseguraron que se trató de un debate intenso, con participación de preguntas específicas y detalladas por parte de los fiscales, a quienes atribuyeron un interés alto en la temática.

En los juzgados federales de Río Negro y Neuquén se tramitan tres causas (cada una de ellas con más de una veintena de casos de víctimas) derivadas de lo que fue la primera investigación sobre las denuncias hechas por víctimas y familiares de desaparecidos durante el gobierno militar instaurado a partir de 1976.

En casi todos los casos, los fiscales de cada jurisdicción han solicitado detenciones e indagatorias de los militares y ex policías federales y provinciales durante la instrucción, en tanto se aguarda que antes de fin de año los jueces federales convoquen a los imputados para que declaren ante la justicia y poder iniciar el año próximo los juicios orales correspondientes.