Proponen reformar la ordenanza de juicio político

NEUQUEN (AN).- El concejal Marcelo Bermúdez (Recrear) presentó en el Concejo Deliberante una propuesta de reforma del proceso de juicio político y la semana próxima elevará otra el jefe de la bancada radical, Fabián Pelliza, con la finalidad de cubrir las «fallas» que puso en evidencia la primera implementación de la norma.

Lo que uno y otro concejal buscan es evitar que una mayoría circunstancial maneje los tiempos del proceso a su antojo o a su provecho. Y que el denunciado pueda defenderse adecuadamente, permitiéndole exponer las razones que lo amparan.

Pelliza sostuvo que el intendente Horacio Quiroga «no tuvo derecho al alegato, sólo pudo hacer el descargo» de lo que se le imputaba y refirmó que por parte de los concejales del Movimiento Popular Neuquino (MPN) existió «desde el primer momento» la intencionalidad de desgastar su imagen, por una cuestión electoral y no de fondo.

Más diplomático, Bermúdez dejó atrás los polémicos roces con el MPN y fundamentó su presentación en que como presidente de la Sala Acusadora por los casos Pili y Pacek «me encontré con muchos baches que pudimos solucionar con la buena disposición de todos los concejales».

Admitió, no obstante, que el proyecto trata de evitar discrecionalidades, «para que no quede como una cuestión de las mayorías de turno de las distintas Salas (por la Acusadora y la Juzgadora)».

En los casos Pili y Pacek, de los nueve miembros de la Sala Acusadora, cinco eran del MPN.

La iniciativa de Bermúdez, presentada a sólo 19 días de cerrados los dos procesos contra Quiroga, prevé la admisibilidad automática de las denuncias de reunir determinados requisitos formales y permite al denunciado o el acusado, o sus abogados, hacer un alegato final en la sesión plenaria, luego que hablen los concejales.

Pelliza no concuerda con la admisibilidad automática y sostiene que debe ser por «mayoría agravada» (dos tercios del cuerpo) porque «estuvimos embarcados en el juicio por una simple mayoría (del MPN)». De otro modo, siguió, «cualquiera que presente un papel pondrá a funcionar a la Sala Acusadora».

Para que no vuelva a ocurrir que una mayoría maneje los tiempos del proceso, Bermúdez propuso plazos y penas por incumplimiento. La totalidad de las etapas se extenderían un máximo de 70 días hábiles, un lapso más breve que el planteado en la ordenanza vigente, que suspende por 90 días hábiles al denunciado de declararse procedente el pedido de juicio político.

Por el retiro de concejales de una sesión o la falta injustificada, propone el no cobro de los haberes durante seis meses o hasta el fin del mandato, según el caso.

De haber dos o más pedidos de juicio político, plantea que la comisión investigadora debe concluir uno antes de abordar el siguiente. En este punto coincide el borrador de Pelliza, quien sostuvo que la futura ordenanza debe «conjugar el derecho de los vecinos a peticionar, el funcionamiento normal del Deliberante, y la posibilidad de los denunciados de defenderse adecuadamente».