La oposición y el juez cargan contra Aníbal Fernández

BUENOS AIRES (ABA y DyN).- La polémica por los incidentes ocurridos en San Vicente sumó ayer un nuevo capítulo con el pedido de interpelación que se formuló desde la oposición al ministro del Interior, Aníbal Fernández. A su vez, el juez de Garantías César Melazo aseguró que aguarda que el mismo funcionario de Kirchner le entregue los elementos que dijo tener que probarían que los incidentes en el mausoleo de San Vicente fueron un complot contra el presidente Néstor Kirchner.

Por su parte, y en una acción un tanto desesperada, el gobernador Felipe Solá pidió ayuda para encontrar a «quién contrató los patoteros» que causaron los disturbios.

La solicitud para que Fernández brinde sus explicaciones ante la Cámara de Diputados fue concretada por los referentes del PRO, Ricardo López Murphy y Mauricio Macri, por el diputado del espacio Pablo Tonelli y por el radical jujeño Miguel Angel Giubergia, quienes se expresaron en contra de la delegación del operativo de seguridad en manos de «patotas sindicales».

Para darle fuerza al reclamo, Macri y López Murphy compartieron una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación, donde el presidente de Boca aludió a como «el Estado dejó el monopolio de la fuerza en manos de patotas sindicales y grupos cercanos al gobierno», tanto en la organización del acto de traslado de los restos de Perón, como en los acontecimientos previos en el Hospital Francés.

También López Murphy consideró vital que el gobierno nacional explicite el manejo de la seguridad porque «en ningún lugar los encapuchados y gente con palos toman medidas de acción directa como ocurre aquí».

Pero el titular de Recrear, incluyó entre los riesgos que ponen en un punto crítico al estado de derecho, además de las patotas, la utilización de la ley de emergencia como mecanismo de chantaje y presión; así como «argüir desde la Procuraduría de la Nación que se puede hacer lo que se quiere con la publicidad estatal (en obvia referencia al dictamen del Procurador Esteban Righi contra el diario «Río Negro» que recurrió a la Justicia por la quita de la publicidad oficial que le realizó el gobierno de Neuquén).

Los fundamentos de la iniciativa anunciada por PRO, son la necesidad de que el gobierno nacional informe en que se basa para decir que existió una conspiración en los episodios violentos sucedidos en San Vicente durante el pasado 17 de octubre, y exigen una explicación sobre la pasividad y la falta de vigilancia policial, tanto durante el traslado de los restos de Perón, como en el Hospital Francés, y más atrás en el tiempo, en el rectorado de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

Macri puso de relieve «como el chofer del sindicalista Hugo Moyano sintió cuando disparó con su revolver una impunidad que la sociedad no le puede dar».

En tanto, López Murphy solicitó que también se interpele al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanian.