El texto completo (Parte 1)

Señor Presidente, Sres. Legisladores:

Quiero destacar nuestra permanente vocación de colaboración en la construcción de políticas públicas de promoción y protección de los derechos y garantías consagrados en la Constitución.

Nuestro trabajo se nutre con los datos incontrastables de la realidad que hemos ido recogiendo, y son producto de la interacción permanente con los ciudadanos de nuestra provincia.

El accionar de la Defensora del Pueblo resulta inobjetable desde la legalidad.

Somos responsables, prudentes, estudiosos y comprometidos en cada una de nuestras intervenciones. Hemos hecho sugerencias y recomendaciones, hemos solicitado informes y documentación en el marco de nuestras investigaciones. Y hemos hecho con absoluta responsabilidad, y al margen de cualquier cuestión personal, las denuncias penales pertinentes, en base a la prueba fehaciente colectada en nuestros expedientes, solo inspirados en el compromiso con la ética que debe imperar en toda gestión de gobierno.

Sin embargo, muchas de las observaciones efectuadas para corregir las deficiencias, los errores, las omisiones, han sido interpretadas como ataques a la gestión de gobierno.

La reacción ha sido de rechazo, de resistencia, habiendo llegado inclusive a la obstrucción o al entorpecimiento de las investigaciones en curso.

Se ha menospreciado nuestra tarea, hasta se ha montado una campaña de desacreditación pública hacia mi persona hacia mi familia y hacia la Institución que represento.

Acciones basadas en una interpretación errónea de cuáles son las atribuciones del Defensor del Pueblo y del “Deber de Colaboración” que impone la ley a todos los organismos públicos y privados que forman parte del Gobierno o que interactúan con él. Esto en algunos casos, en otros, primó la mala intención de eludir al Organismo de Control, que no hace ni más ni menos que cumplir con lo que le impone expresamente la Constitución y la Ley.

Estos comportamientos atentan contra la esencia misma que la Constitución le ha asignado a este Órgano de Control externo de la Administración Pública Provincial en sentido amplio, y todos los funcionarios que incurren en ellos, están violando la Constitución que juraron respetar al asumir en sus cargos. Incurriendo en el típico penal de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público.

No voy a usar esta Tribuna para defender a Ana Piccinini. No corresponde. Solo quiero hacerles saber a los señores Legisladores que todas las amenazas que he recibido, las calumnias, las injurias, están siendo dirimidas por los jueces penales. Todas están en trámite, a través de las demandas que inicié contra los funcionarios que considero responsables de las agresiones.

De todas formas, lo que más me preocupa no es que la Defensora del Pueblo no reciba respuesta a sus requerimientos. Lo más grave es que mis representados, el Pueblo de Río Negro se queda sin respuesta.

El Gobierno ha perdido la capacidad de resolver las necesidades de la gente. No tiene políticas activas de prevención, se ausenta, no se adelanta, no se preocupa ni se ocupa. Tiene graves dificultades de comunicación. No interactúa con sus administrados. Se observa una actitud abandónica para con las distintas problemáticas.

El Gobierno no tiene un orden de prioridades. Carece de un plan de gobierno.

En la sociedad rionegrina se está desarrollando el mal de “la naturalización”. Este fenómeno es, lisa y llanamente, el acostumbramiento por parte de la ciudadanía a la deficiente calidad en la respuesta institucional del Gobierno.

Nos preguntamos ¿quiénes recurren a la Defensoría del Pueblo?

Y también nos deberíamos preguntar cómo está el ciudadano cuando llega a la Defensoría del Pueblo. Es decir, quién golpea nuestra puerta y como está.

Como Defensora podría contarles la gran cantidad de casos, que me ha tocado abordar en forma personal y a través de mis colaboradores. Pero me veo en la obligación de resumir y expresar nuestro conocimiento cabal y empírico en tres palabras: vienen los carentes, vienen en un estado casi de desesperación porque hasta su más sencilla pretensión no esta saldada. Podemos hablar de salud, de educación, de seguridad, de corrupción; podemos hablar de todo lo que tiene que ver con la falta de calidad en la vida cotidiana.

La vida debería ser sencilla y los conflictos solucionados, en el marco de la equidad y de la ley, salvo obviamente lo fortuito, lo imponderable lo que los seres humanos no podemos manejar, lo que nos obliga a la resignación. Frente al resto de las contingencias, principalmente las que dan origen a las desigualdades, la respuesta del Estado debe ser inmediata, porque existe todo un aparato organizacional que si estuviera en su óptima capacidad, debería estar presente y abarcar todas las problemáticas. Viendo al hombre como una integralidad y llegando a él como tal, con una interactuación sólida, eficiente y sin fisuras entre todos los actores gubernamentales.

Sin la previsión y sin la ejecución de políticas fundamentales para el normal funcionamiento de la vida cotidiana de un conjunto social, éste se socava, se mina y se aleja de la paz social. No hay núcleo ni lazo social que pueda resistir la indiferencia y los oídos sordos a las necesidades básicas insatisfechas de la gente. Mas grave aún cuando esto se prolonga tanto tiempo, profundizándose.

Un ejemplo es el Barrio Lavalle de esta ciudad. En él, situado a metros del epicentro del poder político de Río Negro, incomprensiblemente se ve claramente, cómo todas las problemáticas y los conflictos se desbordan, sin ningún tipo de cohesión institucional.

Semejante situación no es sino la consecuencia de la falta de presencia y de respuesta, de la falta de interactuación entre poderes u organismos.

Una sociedad pacífica y organizada es el resultado de mucho trabajo. La dignidad del hombre debe constituir el desvelo de los gobiernos. El abandono de éste objetivo trae como correlato la degradación de la vida.

Nada se construye mientras algunos funcionarios crean que una persona con padecimiento mental, por ejemplo, debe ser internada cuando ellos consideren discrecionalmente que así sea.

Después de muchas gestiones de esta Defensoría un joven fue internado y se esta rehabilitando en Bariloche. Pero según la más alta autoridad del Servicio de Salud Mental del Ministerio de Salud “Está así porque se junta con sus amigos borrachines a tomar vino”. Incalificable, imperdonable. Lo hicimos solos, no pudimos contar con ellos.

Ante reiteradas consultas realizadas por vecinos de la Línea Sur, nos constituimos en Ing. Jacobacci a los efectos de tomar los reclamos respecto de la aplicación de los subsidios (Adelantos del Tesoro Nacional –ATN-) destinados a las zonas afectadas por la sequía y cenizas del Volcán Chaitén. Se iniciaron actuaciones donde se evacuan dudas puntuales, como asimismo avanzamos en los interrogantes, que aún tenemos, respecto de personas que lo recibieron sin estar inscriptos en el Registro creado al efecto.

Sobre el particular no puedo dejar de mencionar la ansiedad de los pequeños productores por mi presencia, ante la ausencia de funcionarios del área que evacuen en forma directa la información que necesitaban.

Quiero dejar sobre esta banca un dato que no es menor, desde que llenaron la solicitud para la obtención del beneficio, hasta el día en que los entrevistamos, nadie los había impuesto del resultado de sus gestiones, ya habían transcurrido meses y todos guardaban expectativas sobre el subsidio. Hablamos de crianceros de muy pocas ovejas que habían hecho mas de 5 Km para verme, caminando. Este es otro ejemplo.

El discurso político contrasta con el accionar de los Ministerios. Hay una negación de la realidad. La gente padece las consecuencias de la inoperancia y la mala administración de la “cosa pública”. La gente sufre en Río Negro.

El gasto público, está descontrolado. Los recursos propios ya no alcanzan para pagar los sueldos de los empleados públicos.

Se recurre al crédito, aceptando tasas de interés que son verdaderamente usurarias.

Hoy no existe registrada; ni oficialmente ni en ningún medio de prensa, una explicación por parte del gobernador, sobre las razones que hicieron desembocar a la provincia en la crisis que estamos inmersos. Todos sabemos que no hay plata, lo que no nos dicen es porqué no hay plata. Luego del tránsito durante todos estos años de la gestión Saiz, privilegiada por un sin número de variables económicas benignas, con aumentos inéditos, en materia de regalías, coparticipación e ingresos genuinos.

Y como “a río revuelto, ganancia de pescadores”, una buena forma de obtener ingresos es apelar entre otras cosas, por ejemplo, a la prórroga anticipada de las Concesiones Petroleras. Contratos que todavía no están vencidos. Contratos que no sabemos si pueden prorrogarse, porque no contamos con la información sobre el cumplimiento o no de los compromisos asumidos por las empresas. Sobre este punto me explayaré más adelante.

Hablamos de un Gobierno que no escucha, de un Gobierno que no analiza, de un Gobierno que ignora y subestima las graves denuncias de corrupción que involucran a Ministros del Poder Ejecutivo y a funcionarios provinciales.

Pero no se advierte la más mínima actitud correctiva, todo lo contrario, las desprolijidades están a la orden del día. Basta con mirar lo que pasa con la obra pública tema sobre el cual estamos trabajando.

Nada conmueve al Sr. Gobernador. Ha minimizado la gravedad de los actos de su gobierno que han sido puestos a su consideración y a la de los jueces penales por esta Defensora del Pueblo, en algunos casos lo hizo expresamente en declaraciones a la prensa y en forma lamentablemente grosera. La gente más vulnerable, deambula a lo largo y a lo ancho de la Provincia buscando soluciones. No hay respuesta al problema de la salud pública que está sufriendo el mayor deterioro en la historia de la Provincia, ni hablar de la Obra Social Provincial que no da respuestas mínimas a sus afiliados sino a través de la judicialización de sus reclamos. No hay respuesta seria y contundente al déficit de la vivienda, no hay una actitud por parte del Ejecutivo con respecto al grave problema que rayana el delito penal, relacionado con las usurpaciones en la Provincia. Es grave la situación en Bariloche, en Cipolletti, en Allen y en Gral. Roca Se vaticina una profundización de estas acciones que son generadoras de violencia. El gobernador debería interactuar apoyando a los Intendentes. Agiornando al Instituto Provincial de la Vivienda que debe dar la respuesta habitacional que hoy aquí y ahora necesitan sus administrados, convocando a capitales privados y gestionando fondos públicos para la compra de tierras y la construcción de viviendas, controlando el cumplimiento efectivo de la ley de locaciones urbanas, cuyo incumplimiento genera situaciones de abuso que solo el gobierno puede y debe regular y detener, en la búsqueda de soluciones equitativas. Garantizando el efectivo ejercicio de sus derechos, tanto al propietario de la tierra usurpada, como al ciudadano que tiene el derecho constitucional, de acceder a una vivienda digna.

El gobierno debe ser el garante de la paz social.

El Gobernador no puede con las rencillas internas dentro de su propio gabinete. Sin antecedentes en nuestra provincia, para dar un solo ejemplo, la obra pública provincial la gerencian, el Ministro de Economía y su Secretario de Obras públicas. Enemistados, sin dialogo desde hace más de un año. Dos funcionarios, dos criterios .Se subvierte el orden jerárquico, esto es de una gravedad institucional inusitada. Como consecuencia, la respuesta institucional es mala. Existe en la sociedad la sospecha. Cuales serán las motivaciones que determinan esta relación que esta fuera de la ley y de la razonabilidad que debe imperar en todo acto de gobierno. Y en este contexto, que rol juega el gobernador? El Órgano de Control, está atento y preocupado por esta grave situación.

El Gobierno no tiene iniciativa, a veces, actúa por reacción.

Insisto, no prioriza, prioriza mal o prioriza en base a intereses subyacentes que nosotros desconocemos.

El gobierno ha tomado la decisión política de construir el edificio nuevo de la Jefatura de Policía en Viedma. El gobierno debería priorizar el salario de sus policías, la capacitación, la vivienda y la salud de los integrantes de la fuerza, hoy, todo librado a su suerte .Con respecto a la falta de insumos y el estado calamitoso de las comisarías ya lo hemos expuesto con detallada consideración. Tiene graves problemas el policía de Río Negro, nosotros los hemos relevado y puesto a consideración de esta Asamblea en anteriores informes. También volveremos sobre este tema.

Quiero que todos los ciudadanos de la Provincia sepan que sentimos un gran compromiso con la tarea de control, que esta Legislatura nos ha encomendado. Creo conveniente resaltar, que la opinión de la defensoría estuvo presente en los grandes temas, en los principales temas que son absoluta responsabilidad del gobierno resolver: Salud, Educación, Seguridad, desenvolvimiento de la Fuerza policial, trabajo, vivienda, acción social, en todos opinamos porque estuvimos en contacto directo con cada uno de ellos, en algunos casos a requerimiento de los ciudadanos en otros, de oficio. Lamentablemente reitero, siguen sin solución y en algunas áreas, la calidad institucional desmejoró aún más.

Las denuncias, recomendaciones, y puestas en conocimiento de las autoridades siempre las respaldamos con prueba documental, con imágenes de los lugares visitados donde se puede apreciar el deterioro y las irregularidades relevadas. Nuestro trabajo es requerido por las autoridades judiciales de las distintas circunscripciones de la provincia, en los expedientes y amparos que tramitan ante los mismos. Y porque no, manifestamos nuestra alegría porque hoy nuestros niños y familias carenciadas comen alimentos frescos, esto, en parte, se lo debemos a este Órgano de Control que ante los desgraciados hechos protagonizados por el Gobierno, estuvo a la altura de la Constitución.

Quiero expresar también nuestra satisfacción cuando vemos como algunos funcionarios colaboran con la tarea de control, llevando adelante cambios marcados por el organismo. Calladamente, por temor a las represalias. Y también porque advertimos que ahora se alzan algunas voces destacando falencias por nosotros ya denunciadas, lo que nos da mas fuerzas para seguir adelante.

Deberíamos mencionar que todos los diagnósticos que hicimos con respecto a las distintas áreas del Gobierno, y que hemos expuesto ante esta Legislatura en forma escrita y verbal acompañando prueba documental y fotográfica, se han ido profundizando negativamente en su deterioro. Estoy haciendo referencia a los informes “in voce” que antecedieron al presente. Con respecto a las nuevas intervenciones que ha realizado esta Defensoría durante el año 2009, los Legisladores cuentan con el Informe Anual escrito del cual en este acto voy a extraer algunos temas preocupantes, cuyo estudio hemos emprendido en el año 2009 y periodos anteriores a los cuales seguimos abocados en algunos casos hemos efectuados las presentaciones judiciales necesarias.

RESEÑA DE PRESENTACIONES JUDICIALES EFECTUADAS.-

AMPARO (GAS) S/ INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO DEL PEN Nº 2067/08 Y NORMAS DICTADAS EN SU CONSECUENCIA ( JUZGADOS FEDERALES DE VIEDMA, ROCA Y BARILOCHE)

– AUTOS “DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO C/ ESTADO NACIONAL (PODER EJECUTIVO) Y OTROS S/ ACCIÓN DE AMPARO” (EXPTE. 569/09)

– AUTOS CAUTELAR “DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO C/ ESTADO NACIONAL (PODER EJECUTIVO) Y OTROS S/ ACCIÓN DE AMPARO S/ PIEZA SEP. CON MOTIVO DE LA APELACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR” EXPTE. 569/I/09. JUZGADO FEDERAL DE LA CIUDAD DE VIEDMA.

– AUTOS “PICCININI ANA IDA C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ ACCIÓN DE AMPARO” EXPTE. 533 FOLIO 243 AÑO 2009. JUZGADO FEDERAL DE GENERAL ROCA

– AUTOS EN CÁMARA DE APELAC. GRAL. ROCA “DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RÏO NEGRO C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ ACCIÓN DE AMPARO S/ INCIDENTE DE APELACIÓN” EXPTE. N° C13409.

– AUTOS “DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RÏO NEGRO C/ ESTADO NACIONAL (PEN) Y OTROS S/ AMPARO Y MEDIDA CAUTELAR”. EXPTE. N° C14609 (BARILOCHE). TAMBIEN CON APELACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR (PENDIENTE).

AMPARO (NAFTAS) POR ILEGITIMIDAD DEL COBRO DEL ADICIONAL SERVICIO DE PLAYA EN ESTACIONES DE SERVICIO..

– AUTOS: “DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO S/AMPARO COLECTIVO LEY 2779”. EXPTE.Nº 22167/07. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA. SECRETARÍA: ASUNTOS ORIGINARIOS.

– AUTOS: “DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO S/ AMPARO COLECTIVO LEY 2779”. EXPTE. 492/2008 TOMO 44, LETRA D TIPO RHE. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SECRETARIA JUDICIAL NRO. 4 .

RECLAMO POR COBRO EN EXCESO DEL TOPE MEM (ENERGÍA ELÉCTRICA)

– AUTOS “ASOCIACIÓN PROTECCIÓN CONSUMIDORES DEL MERCADO COMÚN DEL SUR (PROCONSUMER) C/PROVINCIA DE RÍO NEGRO Y EDERSA Y OTRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXTE. Nº 106 – CADM- 2001 CAMARA CIVIL DE GENERAL ROCA.

DENUNCIAS PENALES

FLAVORS & CIA S.A (PROVISIÓN DE ALIMENTOS PREELABORADOS CON DESTINO A PROGRAMAS SOCIALES)

– AUTOS “DRA. PICCININI ANA S/ DENUNCIA” EXPTE. NRO. 730/08

JUZGADO DE INSTR. NRO. 4 DE VIEDMA.

– APELACIÓN (QUERELLANTE PARTICULAR)

AUTOS “DRA. PICCININI ANA S/ DENUNCIA S/ INCIDENTE DE APELACIÓN”

EXPTE. 256/145/09 CÁMARA CRIMINAL SALA B DE VIEDMA

AUTOS: “CARDOSO, CARLOS ABEL S/ DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA”. EXPTE. JUDICIAL Nº S3-08-210. EN TRÁMITE POR ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 SECRETARÍA Nº 3, CON ASIENTO EN BARILOCHE. ANOTICIAMIENTO DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO AL MINISTERIO PÚBLICO POR LA PRESUNTA VINCULACIÓN DEL ENTONCES CANDIDATO A LEGISLADOR NACIONAL HUGO CASTAÑON E INTEGRANTES DE SU FAMILIA, EN LA VENTA IRREGULAR DE LOTES EN BARILOCHE TAL COMO SURGE DE NUESTRAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.

AUTOS: “DEFENSORÍA DEL PUEBLO S/ DENUNCIA-DEFRAUDACION” EXPTE. Nº 5682-J20-09. CONTRA EL SINDICATO DE TRABAJADORES VIALES EN LA PERSONA DE SU SECRETARIO GENERAL CARLOS ALBERTO SANSUERRO Y CONTRA LA SRA. OLGA CIMINELLI. POR PRESUNTA ESTAFA EN LA VENTA DE LOTES A CIUDADANOS DE VILLA REGINA.

“DANIEL SARTOR S/ ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO” EXPTE. 42231/09. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL Nº 2 DE VIEDMA.

“DEFENSORÍA DEL PUEBLO C/ DANIEL SARTOR S/INCUMPLIM. DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO” EXPTE. C1F 4884/09. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL Nº 2 DE VIEDMA.

AUTOS “DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO C/ PCIA. DE RÍO NEGRO S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPTE. 0021/2009 – CAMARA CIVIL DE APELACIONES DE VIEDMA. DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA CONTRA RESOLUCION DE ARCHIVO DEL FISCAL DE INVESTIG. ADM. DR. PABLO BERRAZ CON RELACION A LA CAUSA POR PRESUNTO CRECIMIENTO DESPROPORCIONADO DEL PATRIMONIO DEL LEGISLADOR DANIEL SARTOR)

AUTOS “DEFENSORA DEL PUEBLO S/ PRESENTACIÓN TÉRMINOS ARTICULO 11 LEY 2756” EXPTE. NRO. S7-09-1186. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL Nº 4 DE VIEDMA. S/ SOLICITUD DE ALLANAMIENTO FISCALÍA DE INV. ADMINISTRATIVAS

AUTOS “DRA. ANA IDA PICCININI EN AUTOS “DEFENSORA DEL PUEBLO S/ PRESENTACIÓN TÉRMINOS ARTICULO 11 LEY 2756” S/ RECURSO DE QUEJA” . EXPTE. NRO. 258147/09 CÁMARA CRIMINAL DE VIEDMA, SALA A. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA.

REMISION AL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA (05/02/10) AUTOS: “DRA. ANA PICCININI EN AUTOS “DEFENSORA DEL PUEBLO S/ PRESENTACION EN TÉRMINOS DEL ART. 11 LEY 2756 S/ RECURSO DE QUEJA S/ COMPETENCIA” EXPTE 24262/10 STJ, SECRETARIA 4.

AUTOS: “DEFENSORA DEL PUEBLO S/ DENUNCIA (GASTOS EN PASAJES OFICIALES)”. EXPTE. Nº 2965/08. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE VIEDMA.

AUTOS: “OTERO, GUSTAVO S/ AMENAZAS” (EXPTE. Nº 42862/09) EN TRÁMITE POR ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2. POR INSULTOS Y AMENAZAS A LA DEFENSORA DEL PUEBLO CON FECHA 01/09/09.

AUTOS: “PICCININI ANA C/ SARTOR DANIEL Y OTRO S/ AMENAZA SIMPLE” (EXPTE. Nº C1F – 3522-09), INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. POR ACCIONES QUE PODRÍAN CONFIGURAR EL DELITO DE AMENAZAS Y COACCIÓN AGRAVADA.

AUTOS: “PICCININI, ANA IDA S/DENUNCIA” EXPTE. 42986 AÑO 2009. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE VIEDMA. CONTRA EL MINISTERIO DE SALUD POR FALTA DE CONTROLES A LA EMPRESA CENEC EN EL USO Y ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO.

AUTOS: “DEFENSORA DEL PUEBLO S/ PROMUEVE INVESTIGACIÓN”. POR MUERTES EN HOSPITALES PUBLICOS. DOS PACIENTES EN ROCA (19-06-09) Y UN NIÑO EN SAO (01-06-09). FISCALIA DE TURNO DE GRAL. ROCA Y VIEDMA, RESPECTIVAMENTE.

QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS CONTRA EL JEFE DE LA POLICÍA, CRIO VÍCTOR CUFRÉ (EXPTE. Nº 1504/08). EN TRÁMITE POR ANTE EL JUZGADO CORRECCIONAL Nº 6 DE VIEDMA.

QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS CONTRA EL SEC. GRAL. DEL SINDICATO DE TRABAJADORES VIALES, CARLOS SANSUERRO (EXPTE. Nº 1636/09). EN TRÁMITE POR ANTE EL JUZGADO CORRECCIONAL Nº 6 DE VIEDMA.

ACCIONES JUDICIALES CONTRA EL AUMENTO DEL GAS.

Con el objeto que se declare la Inconstitucionalidad de los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional y normativa dictada en consecuencia por el Enargas que incrementaban los montos que pagaban en sus facturas los rionegrinos para la potencial importación de Gas.

Inmediatamente iniciamos una acción de amparo buscando restablecer los derechos colectivos de los usuarios del servicio público de gas natural por redes de nuestra Provincia, perjudicados por un incremento arbitrario, unilateral e inconsulto de los montos que pagaban en sus facturas a raíz de la aplicación de estos cargos.

Nos presentamos en cada juzgado federal de la Provincia (Bariloche, Alto valle y zona Atlántica) cubriendo de esta forma toda la geografía, y solicitamos preventivamente la suspensión de su aplicación en atención a la jerarquía de los derechos involucrados.

Es de publico conocimiento que los jueces Federales de nuestra Provincia Dra. María del Carmen García de Gral. Roca; Dr. Leonidas Moldes de Bariloche y Dra. Mirta Filipuzzi de Viedma priorizaron en sus fallos el derechos de los usuarios. Logramos dos objetivos, nos tuvieron como legitimados a dicho fin e hicieron lugar a la medida cautelar, siendo en consecuencia la ÚNICA Provincia donde el cargo mencionado no fue aplicado a nuestros ciudadanos.

Actualmente siguen en trámite las actuaciones principales relacionadas con el fondo de la cuestión, la inconstitucionalidad planteada sobre este Decreto.

GESTIONES REALIZADAS ANTE EL GOBIERNO NACIONAL

OBRA SOCIAL BANCARIA.-

Siguiendo con las gestiones que venimos realizando desde el año 2008 el día 11 de Febrero de 2009, concurrí a la Gerencia de Relaciones Interjurisdiccionales del ANSES, sita en Moreno 423 Piso 2º Capital Federal, siendo atendida por el Sr. Gerente Dr. Cristian Michelsen, el motivo de la reunión fue tratar el traspaso de los Jubilados de la Obra social Bancaria (OSBA) a la orbita del IPROSS, en razón de los reiterados reclamos de los afiliados por el mal funcionamiento de la mutual bancaria. El Dr. Michelsen nos manifestó, que se encuentran muy avanzadas la gestiones con la mutual rionegrina, que el ultimo informe recibido era que sobre fin de año el Directorio del Ipross se había reunido y que uno de los integrantes del mismo no estaba de acuerdo con esta incorporación, pero que a la fecha tenia noticias que habría aceptado autorizar que la obra social provincial incorpore a estos jubilados, estaba esperando información oficial. Que había mantenido reuniones con el Secretario General de la Bancaria de Rió Negro, Sr. Ricardo Páez.-

En el mes de Diciembre del 2009, concurrimos a la Superintendencia de Seguro de Salud y nos entrevistamos con el Cr. Alberto Mangiaterra, Gerente de Articulado de los Integrantes del Sistema de Salud, en esta oportunidad el funcionario nos informó que se encuentra analizando el Expediente de los ex bancarios a los fines de dictaminar la viabilidad del traspaso a la Obra Social Provincial, y para el caso se les efectué un solo descuento en sus haberes Previsionales.. En los primeros días del mes de Febrero de este año, en una comunicación telefónica el Cr. Mangiaterra me manifestó que el expediente se encuentra en asesoría legal para su dictamen.-

RADIO NACIONAL SAN CARLOS DE BARILOCHE

Un Grupo de vecinos de la Localidad de San Carlos de Bariloche remite a esta Defensoría del Pueblo una nota en las que reclaman nuestra intervención ante las autoridades Nacionales a los efectos de agilizar los tramites para la adquisición de equipos transmisores nuevos. Motiva tal petición entre otros motivos, que la Emisora es el único medio con alcance, que llega con su vos, a los pobladores de la Línea Sur, cumpliendo una extraordinaria labor social. En el mes de Marzo del año 2009, concurrí al edificio de A.T.C. de Capital Federal donde funciona el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado, siendo atendida por su Presidente el Sr. Tristán Bauer, quien me manifestó que los equipos se encontraban en proceso de Licitación, que ya se había realizado una a nivel Nacional y que ningún proveedor local contaba con la cantidad de equipos solicitados en tiempo y forma, por lo que hubo que realizar un nuevo llamado, esta vez invitando a Empresas Internacionales. En el mes de Setiembre del año 2009 nuevamente los vecinos acuden a esta Defensora a los efectos de solicitar nuestra intervención para la instalación de los nuevos equipos, los cuales ya estaban en San Carlos de Bariloche desde el mes de Julio. En esta oportunidad se cursaron notas al Gerente de Emisoras de la Cadena Publica, Sr. Roberto Brennan y al Presidente Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado Sr. Tristan Bauer. A la fecha se encuentra en construcción el lugar físico donde se instalaran los mismos.-

GESTIONES EN VIALIDAD NACIONAL

En el mes de Marzo del año 2009, me reuní con el Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Ingeniero Nelson Guillermo Periotti, manifestando la urgente necesidad sobre la reconstrucción de la nueva alcantarilla sobre la ruta 22 a la altura de la localidad de Chimpay, la que se había destruido a principios de año a raíz de las lluvias. En esa oportunidad le acercamos al Sr. Administrador fotos del lugar y recortes periodísticos de la zona en donde se manifestaba la preocupación de los vecinos que circulan diariamente por esa ruta y principalmente la de los empresarios frutícolas debido a que esa época del año es la de mayor circulación de camiones que transportan frutas a los distintos mercados del país como así también al Puerto de San Antonio Oeste. Nos informo que la Obra se encontraba en pleno proceso de Licitación, la que se concluyo al poco tiempo de esta reunión. En esa oportunidad también se le pidió precisiones sobre la nueva traza de la ruta 232 que une el tramo La Japonesa con Chelforó y la contratacción del puente “Paso de los Molles” en Pilcaniyeu. Con respecto a la primera nos informó que se encontraba en proceso de adjudicación. Con relación a la segunda se estaban realizando junto con VIARSE los estudios técnicos para su reubicación. En el mes de Agosto del 2009, concurrí a una nueva Audiencia con el Ing. Nelson Periotti, Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad. En la misma se trato principalmente el tema del Puente “Paso de los Molles” el cual se encuentra aun sin construir. El Ing. Periotti nos informo que el día 12/08/09 habían viajado al lugar técnicos de la Subsecretaria de Puentes de Vialidad Nacional encabezados por el Ing. Orlando Bello, los cuales fueron acompañados por el Sr. Intendente de la localidad de Pilcaniyeu y el Jefe de Distrito Viedma Sr. Montero Espinoza quienes después de realizar una recorrida por el lugar acordaron el nuevo emplazamiento del Puente (adjuntando foto del emplazamiento) en razón que el proyecto elaborado por VIARSE no era viable. Ahora los técnicos de Vialidad Nacional están elaborando el Proyecto Definitivo el que consistirá en un puente con estructura de vigas de Acero. Que una vez finalizado el mismo en función del convenio firmado entre Vialidad Nacional y Viarse, la obra será Licitada y dirigida por esta última.

Además en esa reunión se le pidió informe sobre el avance de la Obra de Repavimentación de la Ruta que une La Japonesa y Chelforó, sobre la cual con los productores de la zona estuvimos trabajando desde un principio para su impulso. La misma hoy está en pleno proceso de ejecución, he hecho dos inspecciones oculares en forma personal relevando el avance de las obras y les adelanto que esta ruta será de un beneficio importante no solo para el Alto Valle, sino para la comunicación de nuestra provincia toda. En una última comunicación con el Ing. Periotti en el transcurso de Febrero del 2010 nos informó por escrito la situación actual de estas dos Obras, lo que pongo a disposición de los sres. Legisladores..-

GESTIONES SOBRE EL PROYECTO BARDA DEL ÑIRECO

En el mes de Noviembre del 2009 concurrí a una audiencia a la Comisión Nacional de Tierras Fiscales con el fin de gestionar ante ese organismo un aporte económico para solventar el estudio realizado por una consultora de Córdoba a pedido de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche sobre la factibilidad de las obras a realizar sobre la Barda del Ñireco, y otro aporte para realizar obras a los efectos de evitar desmoronamientos en ese sector de la ciudad. Fui atendida por el Dr. Roberto Perito, Director General de la Asesoría Legal del organismo, quien después de hacer un pormenorizado detalle de la situación – dado que el mismo había concurrido a Bariloche y conocía muy bien el tema – nos informó que las tratativas estaban encaminadas y que dependían de la decisión política del Intendente Municipal, quien debía solicitar los aportes.-

GESTIONES ANTE EL MINISTERIO DE PLANIFICACION SOBRE OBRAS DE ASFALTO EN LOS MUNICIPIOS

En esta Defensoría del Pueblo se recibieron numerosas consultas y denuncias por parte ciudadanos de las distintas localidades de la Provincia, sobre los elevados costos de las obras de pavimento. Por este motivo y en función de que muy pocos municipios contestaron nuestros requerimientos, solicite una audiencia en el Ministerio de Planificación y Desarrollo con el Subsecretario de Coordinación de Obra Publica Federal Arq. Carlos Santiago Kirchner, con el fin de interiorizarme sobre los aportes que otorga ese organismo para las obras de asfalto. A pesar de haber concurrido en tres oportunidades, no pudimos entrevistarnos con el arq. Kirchner, siendo atendidos por un asesor. Nos manifestó que una vez presentados los proyectos de cada localidad se analizan los mismos y se resuelve el otorgamiento de los fondos,estos tienen el carácter de no reintegrables, y a partir de su recepción es resorte de los municipios su manejo de los mismos (siempre refiriéndose a que deben ser utilizados para las obras proyectadas).

Al respecto, entiendo que los costos de dichas obras en las diferentes ciudades no deberían cobrarse a los frentistas beneficiarios de las mismas, porque son subsidiadas por el Gobierno Nacional. En su caso, se podría aceptar que por ordenanza se genere un fondo para poder beneficiar a otros vecinos para que en el futuro puedan contar con obras de asfalto. Estamos en pleno proceso de investigación ya que también hemos detectado una importante variación de costos entre las distintas ciudades, teniendo en cuenta que se trata de obras de similares características.-

TIERRAS FISCALES

El desarrollo de la humanidad ha estado siempre asociado a la tierra. Mas allá de las políticas económicas, de los sistemas de gobierno que llevan adelante los diversos países, encontramos un común denominador, cual es la pertenencia al suelo. Por ello, la política relacionada con las tierras resulta esencial para el desarrollo de una sociedad. Así lo ha entendido el Constituyente y el legislador al sancionar la Ley Provincial Q Nº 279 la que en su articulo 2 establece que “Para la interpretación y aplicación de esta Ley, se establece como principio fundamental el concepto de que la tierra es un instrumento de producción, considerada en función social, para alcanzar los siguientes fines:

a) La integración y armónico desarrollo de la Provincia, en lo económico, político y social;

b) Que la tierra sea de propiedad del hombre que la trabaja, siendo asimismo base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad;

c) El ordenamiento metódico y racional de la política demográfica, que tienda a la expansión equilibrada de la población;

d) La radicación efectiva y estable de la familia agraria.

En nuestro país y en nuestra provincia, la política de tierras tiene rango constitucional. Los conflictos acerca del acceso a la tierra, siempre existieron, con el agravante que se agudizan en la actualidad. El Gobierno rionegrino no tiene diseñadas políticas claras en esta materia. Con una desmesurada burocratización, por demoras en la tramitación de los expedientes o en la expedición de títulos de propiedad, profundiza los conflictos.

Existen en esta problemática, intereses económicos que no ven al campo como una unidad productiva para el desarrollo sustentable.

Las temáticas más recurrentes con las que tomamos contacto están referidas a la perdida de derechos de ocupación, a cesiones de derechos irregulares, a la falta de intervención de los organismos responsables frente a conflictos entre particulares ocupantes de tierras fiscales.

Reitero, ausencia del Estado, que al no intervenir en forma concreta contribuye con su omisión, a que personas inescrupulosas, se aprovechen de la ignorancia de otros, haciéndoles ceder derechos y acciones sobre un lote fiscal, sin que alcancen a comprender su significancia jurídica. Sobre esto tenemos una gran cantidad de denuncias.

La falta de una política fuerte, sólida, tiene como consecuencia el padecimiento que trae aparejada, la inseguridad jurídica. No tener es mortificante, pero no saber si tenemos o no, dudar de nuestra situación dominial, también lo es. La tramitación de expedientes lleva décadas. Los pobladores se han ido muriendo, generaciones enteras tras un expediente sin resolver.

Todo un tema, es el precio de las tierras ofrecidas en venta por el Estado Provincial.

Contamos en nuestro organismo con expedientes relacionados con el traspaso de tierras de la provincia a los Municipios de Ingeniero Jacobacci, y San Antonio Oeste, entre otros.

Nos preocupa y le estamos prestando suma atención a la venta de tierras en la Zona Andina de nuestra provincia, particularmente aledañas a El Manso y El Foyel donde los precios establecidos resultan llamativamente bajos, con relación a los valores inmobiliarios en el mercado local, nacional e internacional.

A modo de ejemplo podemos citar el caso de 32 has aledañas a El Bolsón que se vendieron por $ 25.948,89 siendo su valuación Fiscal de $ 85.550,76 y la Valuación Fiscal para el cálculo del Impuesto Inmobiliario de $ 51.330,46. Es decir que el propio Estado vendió a un precio notoriamente inferior al valor fiscal de la tierra lo cual esta siendo ampliamente investigado por este Órgano de Control.

Las consecuencias del mal manejo de la tierra en nuestra Provincia esta a la vista de todos.

EMPRESA CENEC

El Estado Provincial ha contratado para la esterilización de material quirúrgico a una empresa neuquina que no cuenta con habilitación para ello.

Así surge de las constataciones que personalmente hemos hecho con vista del Expediente radicado en el Ministerio de Salud Publica de Neuquén .La empresa tiene su domicilio en esa Provincia. Le enviamos al Ministerio de Salud Publica de Rio Negro gran cantidad de pedidos de informes, algunos nunca respondidos. A través de nuestras investigaciones obtuvimos copia de la nota Nº 1010/08 suscripta por la Coordinadora Provincial de Fiscalización Sanitaria y Calidad en Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia, dirigida al Director del Hospital de San Carlos de Bariloche en la que le expresa: “Por la presente me dirijo a Ud. con motivo de poner en su conocimiento que la Empresa Neuquina CENEC aun no cuenta con habilitación sanitaria, la misma se halla en trámite. Para mayor información dirigirse al Director General de Fiscalización Sanitaria de la Secretaria de Estado del Neuquén”

Especial mención merece también la Resolución Nº 114/09 de la Dirección General de Fiscalización Sanitaria de la Secretaria de Estado del Neuquén que habilita provisoriamente a Cenec y le ordena adecuar sus instalaciones. El Gobierno Rionegrino contrata sin ejercer controles sobre la empresa.

Los cuidados y los controles de las autoridades sanitarias deben extremarse, en especial tratándose el óxido de etileno de un gas que a temperatura y presión normales, es soluble en el agua y fácilmente licuable a temperatura ambiente. Se utiliza como producto de síntesis y como agente de esterilización.

Surge de lo investigado, que el Estado rionegrino, a través de sus hospitales, esta contratando los servicios de esterilización de material quirúrgico con esta empresa sin ejercer un adecuado y debido control sobre la misma, su situación legal, desconociendo los montos contratados y la calidad del servicio prestado.

Según nos consta, no pudieron acreditar que hayan efectuado visitas o controles a las instalaciones de la empresa CENEC y han admitido durante años con su propio obrar, el haber trabajado y contratado con una empresa que no tenia habilitación de las autoridades sanitarias del Neuquén para su funcionamiento.

El Estado rionegrino desconoce asimismo los costos que implicaría la instalación de los equipos adecuados que permitan la esterilización de los materiales que se derivan a Neuquén en cada Nosocomio o en su caso en los de mayor complejidad. Debemos aclarar que esta empresa opera en Rio Negro desde hace años. Esta omisión de controles pone en riesgo cierto la salud de los rionegrinos que son atendidos en lo hospitales públicos de la Provincia.

Todo ello, motivo la presentación de una denuncia penal contra el Ministerio de Salud Publica de Río Negro. No se nos informa sobre las fechas de las contrataciones el Ministerio de Salud Publica nos manda a averiguar datos a cada uno de los hospitales.

Los Hospitales que contratan los Servicios de la Empresa CENEC son: San Carlos de Bariloche, Allen, Catriel, Choele Choel, El Bolsón, General Roca, Rio Colorado, San Antonio Oste y Villa Regina.

Transcribo a continuación las resoluciones del Gobierno de Neuquén, que por si mismas describen la gravedad de la situación :

Disposición 114/09 de fecha 20/02/2009 de la Subsecretaria de Salud de la Provincia del Neuquen en la que en se DISPONE: “1. Habilitar en forma provisoria por el termino de ciento ochenta (180) días el establecimiento “Central de Esterilización de Materiales Biomédicos CENEC insumos y Servicios” sito en calle Fava Nº 144 de la ciudad de Neuquen, propiedad del Sr. Pedro Rubén Lasala D.N.I. Nº 12.480.717. Cumplido el plazo otorgado ésta habilitación caduca automáticamente.” “2. Autorizar a la Fca. Lilia Cirrincione Matrícula Provincial de Farmacéutica Nº 309 a ejercer la Dirección Técnica del mencionado establecimiento”

Disposición Nº 694/09 del 23/09/09 de la Subsecretaria de Salud de la Provincia de Neuquen mediante la cual se Habilita en forma provisoria por el termino de sesenta días al establecimiento “Central de Esterilización de Materiales Biomédicos CENEC”.

Disposición Nº 868/09 del 26/11/09 de la Subsecretaria de Salud de la Provincia de Neuquen mediante la cual se Habilita en forma provisoria por el termino de una año al establecimiento “Central de Esterilización de Materiales Biomédicos CENEC”.

Cabe destacar que la primera de las habilitaciones provisorias a CENEC es en febrero de 2009, cuando nuestras investigaciones comenzaron en Octubre de 2008. Y después de muchos años de funcionamiento.

Según el listado actualizado al 15/10/2009 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la empresa CENEC, inscripta como droguería y no como planta esterilizadora, ha sido dada de baja por cierre.

Ochenta y dos por ciento móvil

La tutela de los derechos previsionales de los ciudadanos rionegrinos es una prioridad para esta Defensora del Pueblo.

Desde la Trasferencia de la Caja Previsional Provincial a la Nación, en el año 1.996, se comenzó a aplicar la legislación previsional nacional (leyes 24.241 y 24.463) que limitó el derecho previsional garantizado por la Constitución Nacional y Provincial: la movilidad sin topes.

La movilidad previsional implica garantizar una razonable proporcionalidad entre los haberes de un trabajador en actividad y los haberes jubilatorios. Proporcionalidad entendida como el mantenimiento del mismo nivel de satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, educación, salud, etc., que se tenía en actividad.

En nuestra provincia contamos con una cláusula constitucional de importante contenido social y protector: el derecho al 82 % móvil plasmado en el art. 40 inciso 9º de la Constitución Provincial.

Con el fin de solicitar el pago del 82 % móvil para todos los jubilados rionegrinos de los tres poderes del Estado Provincial, de la administración pública descentralizada, de los organismos de control y de los Municipios, en relación con el haber que perciben los trabajadores en actividad, hemos efectuado recomendaciones al Gobernador, solicitudes a la ANSeS.

Incluso presenté una demanda de Amparo Colectivo –Mandamus contra la Provincia de Río Negro, Poder Ejecutivo Provincial, que fuera desestimada inmediatamente por el Superior Tribunal de Justicia.

Suscitó mucho debate, discusión, reuniones, y oposiciones gremiales al tratamiento legislativo, el proyecto de ley de ratificación del Acta Complementaria al Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la provincia de Río Negro a la Nación, suscripta el 15 de junio de 2.007 entre los Poderes Ejecutivos de la Provincia de Río Negro y la Nación. A través de dicho Acta, se concretó aplicar los artículos 8 a 17 y 26 a 33 de la ley nacional 24.018 a los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial Provincial.

Finalmente con fecha 24 de septiembre de 2.009 fue aprobado el proyecto bajo el número de ley 4.449.

Si embargo llama la atención la redacción plasmada en el art. 2 de la ley donde se expresa que: “El Poder Ejecutivo provincial continuará llevando adelante ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), las gestiones necesarias para la aplicación en la provincia, de lo dispuesto por la ley nacional nº 24018 y sus modificatorias, haciendo extensiva la aplicación del porcentaje de ochenta y dos por ciento (82%) móvil de la remuneración total sujeta al pago de aportes correspondientes al cargo en actividad, a todos los agentes públicos provinciales que en la actualidad perciban beneficios previsionales de dicho organismo y a los que en el futuro accedan al mismo.” (Negrita me pertenece).

Es una expresión de deseos, plasmada en una norma jurídica.

Observo que la Provincia de Río Negro cumple con los jueces. Los restantes trabajadores deberán esperar el resultado de las buenas gestiones, que pueden tener resultados desfavorables.

Se utilizó como fundamento para promover la defensa de este proyecto de jubilación especial, la circunstancia que las restantes provincias habían o estaban firmando similares convenios con la ANSeS, y que ello era una consecuencia lógica de la especialidad de las funciones y régimen del Poder Judicial.

Pero también es cierto que la provincia de Mendoza pudo negociar con la ANSeS el pago del 82 % móvil para todos los jubilados provinciales.

Ese antecedente parece que no pesó tanto en el ánimo de nuestros negociadores.

Reglamentariamente se dispuso que para no resentir el servicio de Justicia con respecto al 82% móvil otorgado a los jueces, el Superior Tribunal de Justicia sería el órgano encargado de conducir la implementación del nuevo régimen previsional especial y coordinaría con el funcionario o magistrado que, cumplimentara los requisitos establecidos en la ley 24.018 y quisiera hacer efectivo ese derecho. Al momento de hacer efectiva la solicitud de su baja.

Esta Defensora del Pueblo, cree que es válido el régimen diferencial de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Así como es válido el régimen especial docente, de embajadores, investigadores, etc.

Pero también es justo y válido el pago y reconocimiento del 82 % móvil para todos los jubilados rionegrinos.

En consecuencia, y en concordancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en “Aban Francisca” de agosto de 2.009, en el que se reconoció el derecho de una jubilada de la provincia de Jujuy, a percibir su haber previsional sin topes, encomendé a mis asesores legales a estudiar la presente cuestión.

Cabe resaltar que el fallo se trató de una jubilada que accedió al beneficio antes de la transferencia de la Caja Previsional de la Provincia de Jujuy, y se entendió que adquirió el derecho a percibir el 82 % móvil y sin la aplicación de los topes de la ley nacional.

Este nuevo antecedente del máximo organismo jurisdiccional, renueva las esperanzas acerca de la protección de los derechos de nuestros adultos mayores.

Convencida de la existencia de la conculcación del derecho, decidí nuevamente reclamar judicialmente la movilidad previsional, pero esta vez ante la Justicia Federal con asiento en nuestra Provincia.

Por ello convoqué a los jubilados de la provincia de Río Negro, comprendidos en el ámbito jurisdiccional del Juzgado Federal de General Roca a acercarse a las oficinas de la Defensoría del Pueblo para asesorarse sobre el reclamo judicial del 82 % móvil.

Asimismo concurrimos a las ciudades de Choele Choel, General Roca, Cipolletti, Cinco Saltos, Río Colorado, entre otras, recabando datos y documentación de ciudadanos rionegrinos beneficiarios previsionales.

La estrategia procesal de esta Defensora del Pueblo fue reclamar primeramente ante el Juzgado Federal de General Roca y próximamente ante las jurisdicciones de los Juzgados Federales de Viedma y de San Carlos de Bariloche.

Acompañamos y patrocinamos demanda judicial de amparo ante el Juzgado Federal de General Roca, que tramita por expediente Nº 1129/09, encontrándose en trámite normal y con informe pendiente por parte de la demandada ANSeS.

Como Defensora del Pueblo ratifico que el derecho al 82 % móvil para nuestros jubilados se encuentra vigente; garantizado en la Constitución Provincial y Nacional; y la omisión de aplicar un derecho operativo, constituye una violación de la Constitución.

La emergencia financiera y el decreto 80/09 del Poder Ejecutivo Provincial

El 24 de marzo de 2.009 el Sr. Gobernador dictó el Decreto 80/09, que establecía a partir del 01 de abril de 2.009 que el haber máximo a abonar en el ámbito del “… Poder Ejecutivo Provincial y Sociedades del Estado Provincial…” no podía superar el sueldo del Gobernador.

Advirtiendo los vicios de la norma en cuestión inicié actuaciones de oficio.

A poco de estudiar el decreto, observé que era infundado, arbitrario, confuso, contradictorio, y desprolijo, tornándose inconstitucional de manera manifiesta.

No acreditaba el “desequilibrio financiero” al que aludía. No había fundamentos, ni motivos expresados. Además no se fijaban límites temporales para su vigencia, alterando la sustancia de la contratación de empleo público.

Se configuró una vulneración de la intangibilidad, e irrenunciabilidad del concepto jurídico de salario. En algunos casos las reducciones fueron confiscatorias.

Consideré que también era arbitrario y excesivo, con respecto a las facultades otorgadas al Gobernador por la Constitución Provincial.

Recordemos que apenas 15 días antes el Poder Ejecutivo había otorgado a toda la Administración Pública un aumento salarial general. Se observaba una contradicción flagrante.

Por ello el 14 de mayo me pronuncié por medio de la Resolución Nº 48/09, recomendando al Gobernador que reconsidere la medida, disponiendo la derogación por contrario imperio del decreto 80/09, o su anulación.

Finalmente el 22 de mayo el Gobernador corrigió el error, exceptuando a los docentes de los topes, en sintonía con la recomendación formulada por esta Defensora del Pueblo.