Adecuada y eficaz respuesta judicial ante un caso grave de bullying

Una vez más nuestro Poder Judicial del Neuquén ha dado muestras de su rápida capacidad de reacción ante severos casos que ameritan su pronta y necesaria intervención.

En efecto, tal nos lo informan los medios locales, la señora jueza de Familia de la IV Circunscripción Judicial de nuestra provincia -con sede funcional en Villa La Angostura-, doctora Eliana Fortbetil, al tomar conocimiento de un severo caso de bullying en perjuicio de una niña de once años, alumna del nivel primario en una escuela pública de tal localidad, con ingreso involuntario al hospital local, “presentando ideación suicida, conductas autolesivas severas y riesgo cierto e inminente”, tomó cartas en el asunto y de inmediato dispuso medidas en favor del resguardo de la salud física y mental de la misma,

Advertida que el origen de tan grave cuadro obedecía a una situación de hostigamiento y agresión por parte de otros alumnos de la escuela en qué cursa sus estudios, enfocados en las características físicas de aquella, ofició a las autoridades respectivas para que informen con la premura del caso sobre el particular, ya que, además, ante tal situación la estudiante y su familia había solicitado expresamente el cambio de horario para evitar su sufrimiento, respuesta que jamás llegó.

En este punto vale hacer un paréntesis, y destacar nuestro asombro ante el hecho expuesto -seguramente compartido por el lector-, que nos lleva preguntar cómo es posible que el mismo no haya sido advertido por parte del entramado de supervisores, directivos, docentes, asesores, regentes, celadores, preceptores, auxiliares, etc. que conforman el elenco de esa comunidad escolar, más aún ante el concreto aviso formulado por la niña y su entorno, aspecto éste que seguramente será evaluado por los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa Oficial de Niñez y Adolescencia ante la posible comisión de un delito de acción pública.

La oportuna intervención familiar y médica evitó que tuviéramos que lamentar algo más grave, cual pérdida de una vida humana, en su plenitud y colmada de futuro.
Atinadamente la magistrada no solo dio intervención a las autoridades del área de salud en tutela de la integralidad física y mental de pequeña, sino que se plantó ante el sistema educativo exigiendo información sobre su pálido y pobre actuar, encomendando se sirvan adecuar su proceder a la legislación vigente, en especial activar medidas “no sólo de protección individual, sino también de reparación del entramado vincular dañado.

En este sentido, las prácticas restaurativas constituyen una herramienta adecuada y necesaria, en tanto permiten abordar el problema y conflicto desde una perspectiva pedagógica, promoviendo la responsabilización de quienes ejercieron conductas lesivas, la escucha de la víctima, la reconstrucción del vínculo y la reparación del daño, evitando respuestas meramente punitivas o expulsivas que resultan insuficientes”.

Cita, en abono de todo lo expuesto adecuada normativa nacional, local y convencional que avalan su proceder en un todo con la protección y tutela del interés superior del niño.
Nuestra sociedad tiene hoy un alto componente de violencia en el cual el sistema educativo debe actuar de filtro y no de colador grueso como en este caso.

Seguramente, cuadros como el que acá nos ocupa se suceden cotidianamente en toda la provincia y el país, con igual, mayor o menor nivel de intensidad y gravedad, hago votos para que este hecho y el firme proceder de una jueza sirvan para marcar un antes y un después en situaciones que deben interesarnos a todos, más allá del obligado involucramiento del ámbito educativo, porque se trata, ni más ni menos, del buen futuro de nuestros jóvenes y niños.

• Miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Presidente del Centro de Estudios Constitucionales del Comahue.