¿Somos un país paria?

Las negociaciones con el FMI parece que nunca se encarrilarán. Las exigencias parecen de otro planeta para una dirigencia populista que descree del capitalismo, no entiende cómo funciona el mundo y piensa como el peronismo del «45. Por otro lado, al mundo parece no importarle que la Argentina se sumerja en una crisis económica, política y social de una dinámica imprevisible. Más aún, parecemos el conejillo de Indias de una nueva arquitectura financiera internacional en la que el castigo a los países indisciplinados y los inversores imprudentes es un ingrediente esencial para evitar las crisis financieras internacionales recurrentes.

¿Somos un país paria sujeto a un tratamiento vejatorio, propio de república bananera? Ni tanto ni tan poco. La Argentina es un país de escaso valor estratégico para los países del G-7. No tenemos la importancia de un aliado militar como Turquía, ni el peso de un vecino inmediato como México, ni el tamaño de un país como Brasil. Ya no somos una amenaza para la estabilidad de los grandes bancos internacionales, como lo fuimos en 1982. Para colmo de males el default (aplaudido a rabiar por nuestro Congreso) y el duro tratamiento a los inversores externos en bancos y empresas privatizadas, ha despertado recuerdos de una Argentina no confiable para el mundo capitalista y democrático. En crisis como ésta, no es posible soslayar la importancia de la historia, que nos vincula con nuestra adhesión al Eje durante la Segunda Guerra Mundial, con las políticas populistas y xenófobas del peronismo, con los totalitarismos militares, con las violaciones de los derechos humanos, con nuestra guerra contra la Nato en las Malvinas, con el progresismo irresponsable de los «80.

¿Cuál es entonces el objetivo del G-7 y el Fondo al imponernos condiciones duras para negociar un acuerdo? ¿Es hacerle hacer un ajuste descomunal a la economía argentina para que pague hasta el último céntimo de intereses que se devengan sobre la deuda pública externa? No, no lo es. El cambio de las políticas de G-7 radica en no salir a defender el interés de inversores privados imprudentes y tolerar negociaciones que lleven a quitas importantes de capital e intereses cuando la insolvencia es evidente. Las metas fiscales tentativas que se habrían discutido con el FMI indican una exigencia de ajuste fiscal muy inferior a lo necesario para pagar la totalidad de los intereses devengados.

Si bien es cierto que el valor estratégico de la Argentina no es el que uno desearía, ni despertamos lazos de amistad que casi siempre nos esforzamos por evitar, tampoco es cierto que la situación argentina carece totalmente de interés. En primer lugar hay un interés genuino en que la Argentina haga un esfuerzo de ajuste mínimo que le permita, al menos, no «defaultear» la deuda con los organismos financieros internacionales. Si el default se extiende a los organismos internacionales, habría un perjuicio mutuo. Por un lado, estos organismos enfrentarían una descapitalización importante, debilitando su posición frente a aquellos que alegan en contra de su utilidad y existencia. Por otro lado, la Argentina castraría las posibilidades futuras de inyecciones de dinero oficial fresco para reiniciar el ordenamiento financiero del país. Este interés mutuo explica por qué ambas partes quieren llegar a un acuerdo que al menos permita obtener desembolsos que alcancen para pagar las amortizaciones e intereses de la deuda con los organismos internacionales.

Existe también un interés genuino en que la Argentina se encarrile y desaparezca su capacidad de contagio sobre otras economías emergentes como Brasil. Este elemento ha perdido importancia con el correr de los meses, ya que los mercados financieros han diferenciado totalmente la situación argentina de la del resto de los países emergentes. Sin embargo no deja de preocupar que una convulsión política, económica y social en la Argentina pueda facilitar una tendencia a la reproducción de casos como el de Venezuela en Latinoamérica. Pero tampoco es posible exagerar la importancia de este argumento dentro de una administración americana, cuyas prioridades están puestas en la lucha contra el terrorismo internacional y en el problema de Medio Oriente. Hoy para la administración americana sigue siendo más importante encaminar a la Argentina dentro de las nuevas pautas de la arquitectura financiera internacional, que las eventuales consecuencias geopolíticas del caos de este país sobre Latinoamérica.

Dado que la Argentina tiene un valor estratégico limitado, existe un interés genuino de mantenerla dentro de la comunidad internacional, pero no a costas de tolerar reglas de juego insostenibles. Dentro de esta definición de reglas insostenibles, cabe distinguir entre aspectos institucionales y temas de ajuste macroeconómico. La presión para modificar la ley de subversión económica es un principio básico para eliminar la discrecionalidad de los jueces argentinos (permeables a las presiones políticas) para encarcelar primero y juzgar después a inversores extranjeros. No hay inversión externa posible si, como aparentemente pretenden Yoma y Carrió, la legislación antisubversiva (o la legislación penal que la reemplace) permitirá usar a inversores externos encarcelados como rehenes de negociaciones internacionales. La sola amenaza de esta situación es un impedimento para que banqueros extranjeros recapitalicen los bancos o empresarios inviertan en las empresas privatizadas. Nadie va a invertir en un país en el que temen ser encarcelados cuando visitan sus filiales.

La segunda regla básica que pretende ser modificada es la ley de Quiebras. Es un principio básico que quienes se endeudan y no pueden afrontar los compromisos, queden sujetos a perder el control de sus empresas a manos de sus acreedores (como lo establecía nuestra propia ley de quiebras, antes de ser modificada). Lo importante para la sociedad es que se preserven las fuentes de producción y de trabajo cuando tienen viabilidad económica, no el patrimonio del propietario original que se descapitalizó. Es una regla básica del capitalismo de riesgo que rige en el mundo. Si se impone la regla que cuando se pierde no se paga, se condena a todas las empresas argentinas a no recibir crédito externo en el futuro. La modificación de la legislación antisubversiva y de la ley de quiebras son condiciones necesarias (aunque no suficientes) para que la Argentina reciba inversiones externas y préstamos financieros. Esto es crítico para tener nuevas inversiones y empleo, particularmente cuando se ha destruido al sistema financiero nacional como fuente de financiamiento potencial.

Frente a esta posición de la comunidad internacional, nuestros dirigentes políticos, azuzados por el empresariado nacional que ve en peligro el control de sus empresas, ha vuelto a denunciar conspiraciones internacionales. «Vienen por más, se quieren quedar con todo» dice Carrió. «Los americanos quieren quedarse con todas las empresas nacionales y europeas», argumenta Lamberto. Es posible que, si se modifica la ley de Quiebras, algunos empresarios nacionales que se endeudaron imprudentemente pierdan el control de sus empresas. Algunas de esas empresas pasarán a manos de otros argentinos que sacaron sus capitales a tiempo. Otras pasarán a manos extranjeras, si es que la situación se estabiliza y la confianza retorna. Pero en una economía globalizada no tiene sentido una defensa a cualquier costo del capitalismo nacional. Nada indica que capitales «nacionales» que ganan beneficios extraordinarios en negocios monopólicos garantizados por el Estado y que reinvierten sus utilidades en el exterior, sean preferibles a capitales extranjeros invertidos en negocios competitivos en los que la reinversión interna sea la regla. Para tener un capitalismo que beneficie a la gente, el tema central no es la nacionalidad del capitalista, sino contar con reglas de juego competitivas y de asunción de riesgos, que derive en rentabilidades moderadas y necesidad de reinvertir.

La tercera condición del acuerdo es un programa sustentable. En la comunidad económica internacional hay una crisis de confianza en la utilidad de la «ayuda» a través de préstamos. Más aún, después de las crisis de la última década, hay un convencimiento de que los procesos de endeudamiento imprudente son un salvavidas de plomo que termina en perjuicio de todos, países endeudados y prestamistas imprudentes. El convencimiento es mayor cuando se trata de países en los que el endeudamiento no se usa para fines productivos sino para mantener ñoquis y alimentar la corrupción. Es lógico que en estas circunstancias nos pidan que cambiemos de estrategia, establezcamos incentivos para un crecimiento exportador, eliminemos el déficit y reduzcamos el peso del sector público que nos impide competir. Este consejo es fundamentalmente en nuestro propio interés como país, pero desgraciadamente no coincide con el interés ni con la ideología estatista de la mayoría de nuestra clase política, ni con la ideología proteccionista de una porción amplia de nuestro empresariado.

La crisis económica y las demandas de la comunidad internacional han creado el escenario ideal para que el populismo denuncie confabulaciones internacionales. Quieren volver a las prácticas expropiatorias del peronismo del «45 y al progresismo irresponsable de Alfonsín en los «80. Pretenden convencer a la población de que la causa de esta crisis fue una sobredosis de liberalismo, apertura y ortodoxia, cuando las causas del colapso fueron, por el contrario, los desbordes del gasto público y el déficit fiscal, la apertura falsa del Mercosur y un capitalismo prebendario con monopolios sancionados desde el Estado. Como esta realidad choca con sus intereses y su ideología, buscan chivos expiatorios en el FMI y los bancos extranjeros, a quienes culpan del ajuste y de la expropiación al ahorrista, cuando ambos son consecuencia del default del Estado y del colapso económico que sobrevino al mismo.

Queda claro entonces que hay una contradicción muy profunda entre lo que es necesario hacer para reinsertarnos exitosamente en la globalización por un lado, y la ideología de nuestros políticos y los intereses de algunos empresarios nacionales (que pretenden defender sus quiebras no importa a qué costo), por el otro. Si triunfa el populismo, encarcelaremos empresarios que supuestamente «vaciaron al país», estatizaremos bancos y empresas privatizadas y nos aislaremos de la comunidad internacional. El destino de esa salida no es otro que el de Cuba. La verdadera alternativa es corregir los (dramáticos) errores del capitalismo prebendario y fiscalmente irresponsable de la década anterior y recrear el crecimiento en base a una apertura económica genuina. Será muy duro, porque en este proceso hemos destruido la confianza no sólo de la comunidad internacional, sino también de nuestros propios ciudadanos. Pero la alternativa cubana es muchísimo peor. Y no hay soluciones intermedias, porque se acabó el financiamiento para la mediocridad.

(*) Presidente del Centro de Estudios Púbicos. Publicado en «Nuevo Siglo»