Los unos y los otros

OPINIÓN

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

Varios aspectos conviene analizar de los piquetes con los cuales ayer, por cuarto día consecutivo, personas que usurparon las viviendas construidas por el Sindicato de Viales y House Vial interrumpieron en forma intermitente el tránsito en la ruta Nacional Nº 22. El gobierno de Río Negro debería actuar ante una conducta antijurídica en un doble sentido: • Se trata de personas que, sin tener título legítimo para hacerlo, ocuparon viviendas que no les fueron adjudicadas, con lo cual afectaron el idéntico derecho que sobre ellas tenían al menos otras 600 familias, igualmente estafadas por la organización montada por Carlos Sansuerro, Carlos Iturburu y con la participación aún no aclarada del IPPV rionegrino. • Ahora, esos ocupantes ilegales reclaman que les sean conectados los servicios públicos y, para ello, interrumpen el tránsito por la Ruta 22 de personas que no tienen que ver con su planteo. El gobierno rionegrino ha descartado la posibilidad de dialogar con los ocupantes que cortan la ruta y se desliga de responsabilidades por una triple vía: • Dice que la presunta estafa a 700 familias está siendo investigada por la Justicia penal provincial. • Que esa operación ilícita “fue permitida y avalada por el gobierno anterior”. • Y que hizo la denuncia para que la Justicia –es de entender que la Federal– libere la vía de comunicación. Sobre este punto conviene aclarar: 1) Los gobiernos cambian, pero el Estado tiene continuidad. Una gestión no puede desentenderse de los efectos que ocasionan medidas dispuestas o avaladas por otra anterior. 2) La estafa fue previa, pero la ocupación ilegal de las viviendas fue durante este gobierno del FpV, que debe resolverla. 3) Como no se actuó enseguida, los ocupantes ilegales han hecho mejoras y ampliaciones que aumentan el problema. 3) El Estado debe velar por los perjudicados que actuaron legalmente, y cuyo derecho hoy se ve disminuido y amenazado por la acción de unos y la inacción de quienes gobiernan.