Lo que dijeron los candidatos a procurador

ANTE COLEGIO DE ABOGADOS

El Colegio de Abogados de Bariloche definió el orden de prelación de sus candidatos para la procuración en una elección que dejó en el primer lugar al abogado Raúl Ochoa, seguido del camarista penal Héctor Leguizamón Pondal. El tercer lugar lo compartieron la jueza de la Cámara Criminal Segunda Silvia Baquero Lazcano y el abogado local Carlos Rinaldis, quien tiene el apoyo del gobernador Alberto Weretilneck.

Ochoa obtuvo 62 votos, Leguizamón Pondal, 45; Baquero Lazcano y Rinaldis, 18 y el Fiscal de Cámara Carlos López 6 sufragios.

Las exposiciones:

La jueza de la Cámara Criminal Segunda Silvia Baquero Lazcano se pronunció a favor de una reestructuración de las defensorías civiles. Dijo que estaba de acuerdo con el concepto de “igualdad de armas en el proceso”. Aclaró que eso no significa que tiene que la misma cantidad de defensores y fiscales.

Sostuvo que “se ha perdido de vista el rol del Ministerio Público”. Por eso, se mostró a favor de “generar la confianza de nuestra ciudadanía”.

Dijo que si estamos pensando en una Procuración “desde lo que tiene que con papeles y números nunca vamos a dar respuestas”.

Sostuvo que “el rol más importante no está en el Superior Tribunal de Justicia sino en la Procuración que tiene que definir el trazado de cómo se va a dar respuesta a los justiciables”.

Dijo que el procurador “es el principal garante por las garantías constitucionales”.

Baquero Lazcano dijo que “la Procuración debe tener autonomía y que no depende de ningún poder político”. “El procurador no se tiene que sentir presionado por ningún político ni por la prensa para dar respuestas”, afirmó.

La camarista penal aseguró que el cargo de procurador es el más importante en el Poder Judicial. Dijo que pretende implementar un sistema gerencial para organizar el funcionamiento del Ministerio Público.

Reconoció que hoy existe una desconexión entre el Fiscal de Cámara y el agente fiscal. Baquero Lazcano consideró que el rol protagónico con la reforma procesal penal lo tiene que tener el Fiscal de Cámara.

Dijo que desde la Procuración “se tiene que trazar una política de cómo se investiga”. Planteó que “quizá sea interesante tener en Viedma una fiscalía para investigar delitos contra la administración pública”.

Sostuvo que los integrantes del Poder Judicial “no somos ajenos a la problemática de la inseguridad”.

Dijo que la reforma procesal penal implica un cambio de paradigma y “hay que animarnos a trabajar con un modelo distinto”. Sostuvo que la clave es consensuar.

“En la medida que el cambio venga desde arriba nada va a cambiar, porque somos reacios al cambio”, afirmó.

Opinó que “la Ofavi ha sido un asboluto fracaso” a partir de un hecho concreto que no puede haber un horario determinado para la atención de las víctimas sino que debe funcionar las 24 horas. Aunque destacó que la UFAP cumple un rol protagónico.

Sostuvo que “necesitamos la Policía Judicial que dependa del Ministerio Público sino no podemos hablar de independencia”.

Dijo que “si investigo todo se desnaturaliza”. “Hoy se investiga todo por igual”, agregó. Por eso, sostuvo que hay que ponderar las denuncias.

Recordó que el juez es un pacificador social que resuelve conflictos, pero no todos. Dijo que “no hay que tenerle miedo a la cirugía mayor”.

Baquero Lazcano se mostró a favor de implementar “la auditoría interna desde la Procuración para ver si los resultados son los esperados y marcar los ajustes en el sistema, no para sancionar”.

El juez de la Cámara Criminal Segunda Héctor Leguizamón Pondal señaló que primero hay que realizar una adecuación constitucional de la ley procesal. Dijo que una política de persecución criminal tienen que estar coordinada con otras políticas de Estado.

Dijo que está a favor de una descentralización de la Procuración porque está todo muy concentrado en Viedma. También una racionalización de los medios y constitucionalización.

Planteó que antes de que se implemente una Policía Judicial “tenemos que tener un sinceramiento en materia de derechos humanos y principios constitucionales”.

Advirtió que “las viejas prácticas han dado el poder a la Policía de la provincia y no lo quiere largar. Tampoco el Ejecutivo provincial”.

También apoyó la implementación de “una auditoría interna como control de gestión no de persecución”.

Consideró que en una segunda etapa de la implementación de la reforma procesal penal en la provincia hay que avanzar con la creación de la Policía Judicial.

Aseguró que “necesitamos sí o sí una Policía Judicial que sea científica no militarizada ni administrativa”. “El gran debate que vamos a tener es cómo incorporamos la Policía Judicial”. Y señaló que es clave la autarquía presupuestaria que está desde hace años prevista en la ley pero nunca se cumplió.

Leguizamón Pondal dijo que “el Ministerio Público ha quedado aislado estos ochos años” que pasaron. Se pronunció a favor de profundizar los mecanismos “de la resolución alternativa de conflictos para no judicializar lo que no es judiciable”.

Sostuvo que “tenemos que volvernos más eficientes porque una justicia tardía no es justicia”.

Leguizamón Pondal dijo que “todo lo que se ignora produce temor”, pero afirmó que se viene un cambio de paradigma.

“Hay que liderar el cambio, pero no imponerlo”, sostuvo. “Nosotros tenemos una necesidad urgente de volvernos a legitimar ante la gente”, aseguró.

El abogado Carlos Rinaldis contó que conoce desde los años noventa al gobernador Alberto Weretilneck y al ministro de Gobierno Luis DI Giacomo porque militaron juntos en el MPP. Antes, militó en el Partido Intransigente.

Sostuvo que ejerce la profesión desde hace más de treinta años y que tiene “miles de kilómetros y experiencias acumuladas”. “Todo eso me da un buen bagaje de experiencia”.

Rinaldis admitió que no tiene mucha experiencia en materia penal, porque “el derecho penal no rinde económicamente y siempre viví de mi trabajo”.

Reconoció que es abogado de algunas empresas como Vía Bariloche y Mamushka y que se ha dedicado sobre todo al derecho laboral, pero descartó que sea el representante del poder económico concentrado de la ciudad. Advirtió que “hay una puja política muy grande” en torno a la elección del próximo procurador. Y aseguró que apoya desde el llano sin militar el proyecto político del Frente para la Victoria.

Rinaldis sostuvo que “es un prejuicio pensar que el cargo de procurador lo debe desempeñar sólo un especialista en penal”.

Dijo que en la provincia ni siquiera existe un tratadista en materia penal como para ponerlo como condición excluyente.

Señaló que la Procuración “es como un matrimonio conformado por mitades”, en referencia a la esfera penal y civil que forman parte de la Procuración.

“Siempre debe estar la mirada penal por la importancia que tiene, pero no debe ser la única”, afirmó.

Rinaldis prometió si llega al cargo de procurador “gestión, gestión y gestión”. En su opinión, “el noventa por ciento es gestión y el diez por ciento acción jurídica”.

En cuanto al tema normativo, advirtió que “ya está todo escrito”. Y aseguró que la clave es aplicar las leyes y pelear por los recursos para que se cumpla lo que mandan las normas vigentes. Para eso, es necesario un diálogo fluido con los otros poderes.

El abogado sostuvo que “no me gusta ir a ocupar una silla sin hacer nada”. “Siempre me fijo un objetivo y trabajo hasta lograrlo”, añadió.

Se pronunció a favor de la reforma procesal penal que impulsa el gobierno provincial, pero señaló que “hay muchos intereses” en pugna. “Hay que vencer las resistencias naturales y los intereses”, indicó. Por eso, señaló que “algunos me vieron con aptitudes y capacidades para el cargo”.

El Fiscal de Cámara Carlos López, quien ejerce el cargo desde 1990, afirmó que “la tarea de la Procuración es una tarea técnica”.

“Me da un poco de escozor, pero la gente cree que porque el juez se pone el traje puede hacer lo que quiere”, afirmó.

Destacó que “el único proceso penal válido es el acusatorio según lo establece la Constitución nacional”.

López dijo que una de sus prioridades es jeraquizar el Ministerio Público porque “hoy está por debajo de la judicatura”. Explicó que otro aspecto clave que debe manejar el procurador “es la tarea de superintendencia que es saber manejar la nave donde vamos todos”.

“Este cargo pasa a tener mayor relevancia que el de los vocales del STJ”, afirmó. Por eso, sostuvo que no lo puede desempeñar una persona que no conozca de qué se trata. “Tenemos que defender la República de los intereses si nosotros queremos tener un Estado en serio”, señaló.

Advirtió que desde la Procuración se fija la persecución penal y aclaró que “no es un ministerio del gobierno”.

Recordó que “estamos a las puertas de un cambio” por la inminente reforma procesal penal, pero advirtió que “la ley no cambia la realidad”. Estimó que ponerla en funcionamiento demandará por lo menos dos o tres años de preparación.

López planteó un panorama crítico del funcionamiento del servicio de justicia en el fuero penal. “Nosotros estamos amasijando pobres” porque las penas no suben hacia los más poderosos, hacia las clases altas. “siempre aplicamos la sanción de la media para abajo”, reconoció y sostuvo que “es una de las grandes deudas ir hacia arriba con la persecución penal”.

Explicó que las causas fracasan muchas veces “por el sistema escrito que tenemos que permite la maldita delegación de funciones”. “El juez de Instrucción no lee el ochenta por ciento de lo que se escribe en las causas”, señaló.

Por eso, López señaló que aquellos abogados o defensores oficiales que se esfuerzan con una causa y llegan hasta la Corte Suprema “en esa instancia se caen la mayoría de las causas porque la Corte va a encontrar la injerencia de los jueces”. Y afirmó que la mayoría de las causas con condenados “no llegan hasta la Corte porque son pobres”.

Por eso, insistió que “el que se ponga de procurador tiene que saber de qué se trata todo esto”. Recordó que el procurador “es el acusador natural de los jueces”. Por eso, López insistió que “sería una burrada poner al mando de la nave a una persona que no sabe cómo funciona el sistema”.

El abogado Raúl Ochoa sostuvo que el procurador debe impulsar el cambio porque el Ministerio Público “debe dejar de ser acompañante del juez”.

Sostuvo que “el procurador será el actor principal en el proceso de reforma procesal penal que se viene, porque tendrá que reorganizar todo el funcionamiento del Ministerio Público.

Por eso, Ochoa afirmó que “lo que se avecina es el desafío más importante de la Provincia en los últimos años”.

“Creo que todos queremos hacer una justicia mejor”, aseguró. Ochoa puso en duda de que los cambios que demanda la reforma procesal los pueda llevar adelante algún integrante del Poder Judicial “porque los cuadros judiciales no han estado a la altura de las circunstancias en estos años”.

Enfatizó que “hay que poner sangre nueva”. Dijo que “la impresión que uno tiene sobre el funcionamiento del Ministerio Público es que nadie sabe adonde va”.

Ochoa dijo que “el procurador tiene que ser el que fije las políticas y el rumbo por consensos”. Destacó que “la sociedad está pidiendo coherencia y sobre todo celeridad y transparencia”.

DeBariloche