Los tiempos de la Justicia

La relación de la Justicia con la política suele ser conflictiva no sólo porque muchos dirigentes tienen excelentes motivos para querer colonizarla con dependientes dispuestos a darles el beneficio de toda duda concebible, sino también porque evoluciona con mayor lentitud que las instituciones políticas. Si bien los magistrados son tan propensos como el que más a dejarse influir por las ideologías de moda, las consecuencias son menos inmediatas de lo que es el caso en el mundo de la política. Está en lo cierto el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando dice que el tribunal que encabeza no es “de un presidente en especial”, pero sí lo es de varios presidentes que, andando el tiempo, se encargarán de designar sus integrantes, como hicieron en su momento Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Eduardo Duhalde y, desde luego, Néstor Kirchner, el responsable de nombrar a Lorenzetti mismo y a Elena Highton de Nolasco. En cambio, a pesar de todos sus esfuerzos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no ha podido ubicar a una persona de su plena confianza en el máximo tribunal, aunque durante años disfrutó del apoyo decidido del juez Eugenio Raúl Zaffaroni. El furor de la ofensiva oficialista en contra del juez Carlos Fayt se debió a la conciencia de que le quedaba muy poco tiempo para colocar un militante kirchnerista en una Corte que ya le daba muchos dolores de cabeza, pero los ataques personales contra el magistrado “casi centenario” no le sirvieron de nada. El que en todas partes la Justicia sea congénitamente conservadora –lo es tanto que en países como el nuestro principios propios del derecho romano siguen incidiendo en los fallos– molesta mucho a aquellos políticos que quisieran impulsar cambios drásticos. Puede que las embestidas ensayadas por Cristina hayan tenido más que ver con sus intereses personales que con el eventual deseo de llevar a cabo una improbable revolución socioeconómica nacional y popular, pero virtualmente todos los presidentes anteriores se han sentido frustrados por la resistencia de los magistrados más prestigiosos a acompañarlos. Desde su punto de vista, fue necesario “reformar” la Corte Suprema para adecuarla a circunstancias supuestamente nuevas, ya que de otro modo continuaría obstaculizando los intentos de “modernizar” la legislación del país. La reforma más reciente fue la emprendida por Néstor Kirchner pero, para frustración de sus adherentes y de su sucesora, la Corte que logró reconstruir, con métodos que en otra ocasión hubieran motivado un gran escándalo pero que en aquel entonces fueron aplaudidos por la mayoría, no se sentiría consustanciada con su proyecto personal sino con la Constitución. Como acaba de señalar Lorenzetti, su función consiste en “interpretar la Constitución”, la que “no cambia con los gobiernos”. Exageraba un poco, ya que a veces un gobierno consigue reformarla, pero para hacerlo precisa contar con el respaldo de buena parte del arco político. De habérselo propuesto en el 2011, cuando la apoyaba más del 50% del electorado y la oposición se sentía desmoralizada, Cristina hubiera podido emular en tal sentido al compañero Menem, pero desgraciadamente para ella dejó pasar la oportunidad. El conservadurismo inherente a la Justicia y por lo tanto a la Corte Suprema puede compararse con el lastre en embarcaciones de cierto tamaño; sin lastre, se parecerían a automóviles con motores poderosos que carecen de frenos y por lo tanto resultarían inmanejables. Si bien la palabra “lastre” ha adquirido connotaciones negativas, todas las sociedades necesitan tener instituciones capaces de poner límites jurídicos al accionar del gobierno de turno; en caso contrario, ni los menos autoritarios tardarían en transformarse en dictaduras. Es en buena medida gracias a la resistencia de la Corte Suprema y de algunos magistrados a dejarse intimidar por el gobierno actual que, a pesar de la multitud de problemas que enfrenta, el sistema democrático argentino sigue gozando de buena salud. Conforme a Lorenzetti, además de “interpretar la Constitución”, el papel de la Corte Suprema es “darle confianza a la población”, lo que, huelga decirlo, la obliga a oponerse con tenacidad a iniciativas incompatibles con la carta magna nacional y convalidar aquellas que a su juicio no violan la letra ni el espíritu de la ley fundamental.