Dos fuertes golpes para Dilma en un día negro
Una auditoría detectó anomalías en gastos oficiales.
AP
BRASILIA.- La Justicia Electoral de Brasil aprobó ayer reabrir una investigación sobre la campaña presidencial de Dilma Rousseff por el presunto uso de fondos desviados del fraude a Petrobras, una decisión que tiene el potencial para anular su segundo mandato, al que le restan aún tres años.
Pero no fue la única mala noticia para la mandataria brasileña ayer. Anoche se conoció que una auditoría descubrió serias irregularidades en la rendición de cuentas del gobierno en el periodo 2014 y aconsejó al Congreso no aprobarla, lo que agravaría aún más su situación. Los auditores objetaron los gastos señalando que se habían maquillado los números para mejorar el resultado fiscal y que habían detectado distorsiones en la administración de fondos por hasta 106.000 millones de reales (27.390 millones de dólares al cambio actual). El Congreso será ahora el ámbito de discusión del informe, lo que implicaría nuevos pedidos de juicio político.
En cuanto a la demanda contra la presidenta, una de las cinco presentadas por el partido opositor socialdemócrata (PSDB, centro) derrotado en los comicios de octubre del 2014 por apenas 3 puntos porcentuales, afirma que la fórmula Rousseff (Partido de los Trabajadores, izquierda) y Michel Temer (PMDB, centro) financió su carrera al Palacio de Planalto con donaciones de empresas involucradas en un gigantesco esquema de corrupción en la estatal Petrobras.
El PSDB acusa a las agrupaciones de Rousseff y de Michel Temer de “abuso de poder económico y fraude, con la realización de gastos de campaña y valor que sobrepasó el límite informado y financiación de campaña mediante donaciones oficiales de empresas contratadas por Petrobras como parte de la distribución de sobornos”.
El partido, que llevó como candidato al actual senador Aécio Neves, plantea además que hubo “manipulación en la divulgación de indicadores socioeconómicos”.
Es la primera vez que la Justicia Electoral abre una investigación de este tipo contra un presidente en funciones, dijeron a la agencia AFP fuentes del Tribunal Superior Electoral. El mecanismo, previsto en la Constitución, puede concluir con la anulación de su mandato y un nuevo llamado a elecciones. (AFP/DPA)
AP
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