Todo puede arreglarse

De haberse especializado Ricardo Jaime en robar gallinas, digamos, algunos magistrados lo hubieran tratado con severidad ya que en su opinión quienes suelen perpetrar tales delitos plantean una amenaza a la sociedad pero, felizmente para el exsecretario de Transporte, el juez federal Julián Ercolini decidió que los delitos que confesó haber cometido no eran tan graves. Así, pues, por aceptar dádivas, es decir, coimas de empresarios cuando estaba a cargo del sistema de transporte nacional, Jaime acaba de verse condenado a un año y medio de prisión en suspenso y el pago, “decomiso”, de dos millones de pesos, un monto que, de estar en lo cierto los medios periodísticos que han investigado su patrimonio, no le ocasionará muchas dificultades. Sea como fuere, la condena un tanto sorprendente que acaba de recibir el funcionario kirchnerista más “emblemático” se debió a un acuerdo con el fiscal federal Guillermo Marijuan según el cual a cambio de una confesión las penas se verían atenuadas. La posibilidad de negociar de tal modo con la Justicia es una modalidad norteamericana que, por motivos comprensibles, nuestros legisladores han incorporado al sistema judicial, ya que –entre otras cosas– privilegia a aquellos acusados en condiciones de conseguir la colaboración de abogados astutos. Desde el punto de vista de muchos juristas, Ercolini y Marijuan obraron bien al permitirle a Jaime aprovechar las oportunidades que le brindaba la ley para alcanzar un arreglo que lo mantendría en libertad; lo que más impresiona a los demás es el hecho de que un personaje tan notoriamente corrupto haya podido salir virtualmente ileso de sus encuentros con la Justicia. El mensaje parece ser que la corrupción, el aprovechamiento del poder político para fines económicos personales, es a lo sumo una ofensa anecdótica que todos deberíamos tolerar. De vez en cuando, un “emblemático”, por lo común un exfuncionario sin vínculos con políticos influyentes, se verá sacrificado para que la ciudadanía entienda que, las apariencias no obstante, aquí los culpables de enriquecerse ilícitamente suelen recibir el castigo que merecen, pero pocos se sienten convencidos por tales intentos de hacer pensar que en este ámbito la Argentina es un “país normal”. Por el contrario, sólo sirven para confirmar que, como señala Transparencia Internacional en sus informes anuales, es uno de los países más corruptos de América Latina. Lo mismo que frenar la inflación, combatir la corrupción en sociedades en las que se ha hecho endémica no es del todo fácil. Luego de cierto tiempo, virtualmente todos los políticos y magistrados actuarán como cómplices, aunque sólo fuera pasivos, de los ladrones que, en defensa propia, tratan de impedir que personas honestas les ocasionen problemas. Para que algo cambiara sería necesario que los corruptos más célebres se vieran denunciados formalmente por miembros de su propia agrupación política, pero escasean los dispuestos a arriesgarse de tal modo. Una consecuencia de dicha realidad es que las acusaciones más contundentes casi siempre proceden de militantes de agrupaciones rivales, lo que tiene el resultado perverso de quitar seriedad a un tema que en buena lógica debería ser fundamental. Al fin y al cabo, no cabe duda de que la corrupción, sobre todo cuando se generaliza, tiene un impacto político y económico muy negativo, puesto que, al privilegiar los intereses propios y los de sus jefes por encima de los de la sociedad en su conjunto, los gobiernos venales siempre terminan depauperándola, como en efecto ha ocurrido repetidamente en nuestro país. Por cierto, en el área de Transporte en que durante años Jaime manejó casi todo, los estragos imputables a su voluntad de aceptar sobornos de empresarios interesados en congraciarse con él han sido mortíferos. Como algunos nos advirtieron cuando murieron 51 pasajeros y quedaron heridos otros 700, muchos de gravedad, en el accidente ferroviario de Once en octubre del 2013, la corrupción, que siempre se ve acompañada por la desidia y la desmoralización, mata y continuará matando hasta que quienes nos gobiernan reconozcan que al tolerarla por lealtad política o por temor a perder el apoyo de los comprometidos con el statu quo están traicionando a la ciudadanía y, por lo tanto, al país.