Una presidenta sin autoridad

Gobernar un país puede parecer relativamente fácil cuando la economía está creciendo a un ritmo satisfactorio, como fue el caso en toda América Latina mientras duró el fuerte viento de cola que soplaba desde China y otros lugares del este asiático, ya que a los encargados de administrarlo les es dado concentrarse en repartir beneficios entre los distintos sectores. Pero si cambian las circunstancias, los acostumbrados a obrar en condiciones favorables suelen encontrarse muy pronto en graves dificultades. De ser cuestión de un gobierno saliente, como el de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, puede optar por continuar como antes, con la esperanza de que la ciudadanía atribuya los problemas que surjan después de completarse la transición a la mala voluntad o ineptitud del sucesor, pero el gobierno de su homóloga brasileña Dilma Rousseff no tiene más alternativa que intentar solucionarlos, ya que según la Constitución de su país le quedan tres años más en el Palacio del Planalto. Con todo, aunque el Supremo Tribunal Federal brasileño acaba de frenar los intentos de sus adversarios de desalojarla mediante un juicio político, como algunos se habían propuesto, el que a juicio de sectores muy amplios Dilma no merezca seguir como presidenta significa que la crisis institucional y económica en que se debate Brasil se prolongará por mucho tiempo. Desgraciadamente, no sólo para los brasileños sino también para muchos otros latinoamericanos que se verán perjudicados por la incapacidad aparente del gigante regional para reactivar una economía que se ha empantanado en una recesión que parece destinada a persistir, el gobierno de Dilma carece de la autoridad moral y política que necesitaría para llevar a cabo con éxito las reformas “liberales” que, a pesar de su formación izquierdista, ella misma cree imprescindibles. Además de su eventual participación en los casos de corrupción que proliferaron en torno a la empresa Petrobras, que durante años sirvió a los políticos oficialistas y sus aliados coyunturales como una “caja” sumamente generosa, Dilma debió su triunfo, por un margen muy estrecho, en las elecciones del año pasado a su firme oposición al programa de saneamiento fiscal, es decir, de ajustes, reivindicado por su rival Aécio Neves, un programa muy parecido al que, no bien logró la reelección, decidió poner en marcha. Si bien es habitual que haya diferencias entre lo que prometen los políticos en campaña y lo que hacen si les toca gobernar, millones de brasileños se sintieron tan indignados por el engaño de Dilma que su segundo mandato ha resultado ser tumultuoso. Pocos días transcurren sin que haya grandes manifestaciones callejeras en su contra. Asimismo, antes de intervenir el Supremo Tribunal Federal para reducir la posibilidad de que el Congreso la destituya, la sensación de que el gobierno de Dilma tenía los días contados incidía negativamente en sus esfuerzos por administrar la economía con eficacia. Si bien dicha alternativa ya parece poco probable, sorprendería que los muchos brasileños que durante meses han estado protestando contra la gestión de su presidenta optaran por dejarla en paz. Tanto en América Latina como en otras partes del mundo la ciudadanía propende a premiar a aquellos políticos que, en campaña, se comprometen a garantizar el crecimiento económico y castigar a quienes advierten que les será forzoso tomar medidas antipáticas y que al conjunto le convendría que el gobierno aplicara lo antes posible. Para asegurarse la reelección, Dilma aprovechó la tendencia muy natural así supuesta, pero después de alcanzar su objetivo cambió de actitud con una rapidez tan notable que fue inevitable que tanto los defraudados que le habían creído como los ya convencidos de que un ajuste severo sería impostergable la acusaran de hipócrita. Aunque la presidenta brasileña consiga aferrarse al poder a pesar de los esfuerzos de los opositores que califica de “golpistas”, no le será del todo fácil salir del brete en el que se ha metido al transformarse, de un día para otro, de una enemiga jurada de la austeridad en defensora entusiasta de la rectitud fiscal, enfureciendo así de igual modo a sus propios aliados del Partido de los Trabajadores y a sus adversarios más vehementes de agrupaciones más liberales.