El Estado en la mira

Redacción

Por Redacción

Si bien en los países democráticos se da por descontado que hay una diferencia muy grande entre el gobierno de turno por un lado y el Estado por el otro, movimientos como el peronista, y en especial la variante kirchnerista del peronismo, se han acostumbrado a tratar todo lo vinculado con la administración pública como una parte legítima del botín político. Aunque la coalición Cambiemos, encabezada por el presidente electo Mauricio Macri, tiene asegurado el gobierno, no le será tan fácil privar al kirchnerismo del manejo de las muchas reparticiones estatales que ha colonizado. Al aproximarse al fin de su gestión, la presidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner, con la ayuda entusiasta de sus colaboradores y los activistas de La Cámpora, está intensificando su esfuerzo por llenar el Estado de militantes sin preocuparse en absoluto por los costos para los contribuyentes de lo que está haciendo o por la eventual capacidad de los designados. Aun cuando Cristina no se haya propuesto empezar ya una obra de demolición, sabrá muy bien que la presencia de tantos militantes, para no decir ñoquis, en el Estado entorpecerá desde el vamos el trabajo del nuevo gobierno, y que cualquier intento de alejarlos podría plantearle muchos problemas legales y políticos. Tanto aquí como en otras sociedades de tradiciones similares, entre ellas la de Grecia, lo habitual es agregar a las “capas geológicas” de empleados públicos una más conformada por activistas de otro signo, pero por razones presupuestarias dolorosamente evidentes, Cambiemos no podrá pensar en dicha alternativa. Por lo demás, Macri mismo ha aludido con frecuencia a su voluntad de profesionalizar la función pública para que sea mucho más eficaz y, para más señas, ha reiterado que no está dispuesto a permitir que el Estado sea “el aguantadero de La Cámpora” . Lo novedoso de Pro y, hasta cierto punto, de Cambiemos es que sus dirigentes no parecen tener mucho interés en los temas ideológicos que tanto fascinan a sus adversarios y que con frecuencia han incidido en su conducta. Cuando reivindican el papel del Estado, lo hacen por motivos pragmáticos, no por una cuestión de principios irrenunciables. Quieren que funcione bien al servicio de la ciudadanía, no que siga agrandándose en desmedro de otros sectores, como ha sido el caso en los años últimos. Parecería que para los kirchneristas la cantidad siempre ha importado mucho más que la calidad, con el resultado de que, a pesar de su compromiso fervoroso con el estatismo como tal, no procuraron mejorar su desempeño. Tal vez exageren aquellos escépticos que dicen que en verdad la Argentina carece de un Estado auténtico, pero no cabe duda de que el que ha sabido construir no está en condiciones de cumplir de manera adecuada las mismas funciones que en los países de Europa occidental, América del Norte o el Japón. No se trata de un detalle menor. Por el contrario, las deficiencias del Estado nacional y de sus equivalentes provinciales y municipales están en la raíz de una gran proporción de las lacras sociales del país. Es de prever que la reforma del Estado sea una prioridad del gobierno de Macri. También lo es que los perjudicados por su voluntad de subrayar la importancia de la idoneidad lo acusen de querer desmantelarlo. Sin embargo, lo que está en juego no es el futuro de una ideología determinada, o el desenlace de una lucha entre el estatismo por un lado y una doctrina liberal privatizadora por el otro, sino algo mucho más concreto. Para que Macri lograre acercarse a la meta declarada de “pobreza cero”, el gobierno próximo tendría que movilizar con inteligencia los recursos del país, incluyendo, desde luego, los de un sector público en que se ha invertido muchísimo dinero sin que haya mejorado su desempeño. Con todo, aunque a esta altura sería difícil negar la necesidad de llevar a cabo muchas reformas drásticas, el gobierno saliente parece resuelto a hacer todo cuanto pueda para frustrarlas, de tal modo garantizando que en los meses siguientes el gobierno macrista se vea frente a una multitud de paros protagonizados por militantes decididos a defender el Estado nada satisfactorio que efectivamente existe pero que, desde su punto de vista, merece ser conservado tal y como es porque viven de él.


Si bien en los países democráticos se da por descontado que hay una diferencia muy grande entre el gobierno de turno por un lado y el Estado por el otro, movimientos como el peronista, y en especial la variante kirchnerista del peronismo, se han acostumbrado a tratar todo lo vinculado con la administración pública como una parte legítima del botín político. Aunque la coalición Cambiemos, encabezada por el presidente electo Mauricio Macri, tiene asegurado el gobierno, no le será tan fácil privar al kirchnerismo del manejo de las muchas reparticiones estatales que ha colonizado. Al aproximarse al fin de su gestión, la presidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner, con la ayuda entusiasta de sus colaboradores y los activistas de La Cámpora, está intensificando su esfuerzo por llenar el Estado de militantes sin preocuparse en absoluto por los costos para los contribuyentes de lo que está haciendo o por la eventual capacidad de los designados. Aun cuando Cristina no se haya propuesto empezar ya una obra de demolición, sabrá muy bien que la presencia de tantos militantes, para no decir ñoquis, en el Estado entorpecerá desde el vamos el trabajo del nuevo gobierno, y que cualquier intento de alejarlos podría plantearle muchos problemas legales y políticos. Tanto aquí como en otras sociedades de tradiciones similares, entre ellas la de Grecia, lo habitual es agregar a las “capas geológicas” de empleados públicos una más conformada por activistas de otro signo, pero por razones presupuestarias dolorosamente evidentes, Cambiemos no podrá pensar en dicha alternativa. Por lo demás, Macri mismo ha aludido con frecuencia a su voluntad de profesionalizar la función pública para que sea mucho más eficaz y, para más señas, ha reiterado que no está dispuesto a permitir que el Estado sea “el aguantadero de La Cámpora” . Lo novedoso de Pro y, hasta cierto punto, de Cambiemos es que sus dirigentes no parecen tener mucho interés en los temas ideológicos que tanto fascinan a sus adversarios y que con frecuencia han incidido en su conducta. Cuando reivindican el papel del Estado, lo hacen por motivos pragmáticos, no por una cuestión de principios irrenunciables. Quieren que funcione bien al servicio de la ciudadanía, no que siga agrandándose en desmedro de otros sectores, como ha sido el caso en los años últimos. Parecería que para los kirchneristas la cantidad siempre ha importado mucho más que la calidad, con el resultado de que, a pesar de su compromiso fervoroso con el estatismo como tal, no procuraron mejorar su desempeño. Tal vez exageren aquellos escépticos que dicen que en verdad la Argentina carece de un Estado auténtico, pero no cabe duda de que el que ha sabido construir no está en condiciones de cumplir de manera adecuada las mismas funciones que en los países de Europa occidental, América del Norte o el Japón. No se trata de un detalle menor. Por el contrario, las deficiencias del Estado nacional y de sus equivalentes provinciales y municipales están en la raíz de una gran proporción de las lacras sociales del país. Es de prever que la reforma del Estado sea una prioridad del gobierno de Macri. También lo es que los perjudicados por su voluntad de subrayar la importancia de la idoneidad lo acusen de querer desmantelarlo. Sin embargo, lo que está en juego no es el futuro de una ideología determinada, o el desenlace de una lucha entre el estatismo por un lado y una doctrina liberal privatizadora por el otro, sino algo mucho más concreto. Para que Macri lograre acercarse a la meta declarada de “pobreza cero”, el gobierno próximo tendría que movilizar con inteligencia los recursos del país, incluyendo, desde luego, los de un sector público en que se ha invertido muchísimo dinero sin que haya mejorado su desempeño. Con todo, aunque a esta altura sería difícil negar la necesidad de llevar a cabo muchas reformas drásticas, el gobierno saliente parece resuelto a hacer todo cuanto pueda para frustrarlas, de tal modo garantizando que en los meses siguientes el gobierno macrista se vea frente a una multitud de paros protagonizados por militantes decididos a defender el Estado nada satisfactorio que efectivamente existe pero que, desde su punto de vista, merece ser conservado tal y como es porque viven de él.

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