Ajuste y cercenamiento del espacio público en educación
El 18 de abril el gobernador Alberto Weretilneck suscribió el Compromiso Federal para la Modernización del Estado. La iniciativa de ajuste fue presentada por el presidente Mauricio Macri, quien exigió “dejar de lado la intervención nociva que ha tenido la política en transformar el Estado en un aguantadero” descalificando así a los trabajadores públicos. Para ese acuerdo el gobierno provincial envió los datos a Nación que examina el diario “Río Negro” en su edición del 3 de mayo y que analizaremos en su aspecto político-educativo.
Las leyes nacionales y provinciales de educación incorporaron derechos y metas a efectivizar por el Estado provincial en concurrencia con el Estado federal para todas y todos los rionegrinos. En cumplimiento de esas leyes el gobierno provincial, por entonces del Frente para la Victoria, desarrolló el plan quinquenal 2012-2016, que tuvo entre sus objetivos: universalización del nivel inicial y obligatoriedad de salas de 4 y 5 años, ampliación progresiva de tiempos de escolarización en el nivel primario (jornada completa), obligatoriedad de la totalidad de la educación secundaria y técnica y expansión de la formación docente.
Algunos datos objetivos de esa construcción de política pública fueron: la inclusión de 12.745 nuevos estudiantes, pasando de 162.986 en diciembre de 2011 a 175.731 alumnos en el 2016; la creación de 53 nuevas escuelas estatales, pasando de 709 establecimientos a 762; jardines, escuelas de jornada completa, escuelas técnicas e institutos; muchos con edificios nuevos y equipados.
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos en concurrencia con el gobierno nacional de Cristina Fernández mejoraron las condiciones de enseñanza y de aprendizaje: más establecimientos nuevos y ampliados y más inclusión, menos alumnos por sección, disminución de la sobreedad y menos repitencia, más equipamiento, laboratorios, libros, netbooks y orquestas; más políticas socioeducativas (comedores, becas, Centros de Actividades Infantiles y Juveniles, Fines, etc.); mejores salarios docentes, aumentados en paritarias siempre por encima de la inflación y pagados en primer término.
Y por supuesto que esto implicó incrementar los puestos de trabajo. Se incorporaron en el período señalado 3.874 docentes, pasando de 22.217 cargos a 26.091, para garantizar las políticas de inclusión y de expansión de la escuela rionegrina. La relación de cargos docentes sobre la matrícula de alumnos aumentó de 10,87 a 11,74 educadores cada 100 alumnos.
Este crecimiento fundado en políticas de Estado consagradas en leyes fue del 17%. Crecimiento menor al del promedio del aumento de cargos en el resto de la administración pública provincial que fue del 19,5% para el mismo lapso.
Es correcto que, como señala el diario, de cada 100 cargos, 42 fueron docentes. Pero vale agregar que en el 2011 los docentes representaban el 46,9% del total y que producto de este menor crecimiento relativo hoy representan el 46,1%.
Esto fue posible gracias a una ley nacional de Financiamiento cuya inversión en educación fue mayor al 6% del PBI, y significó también mayores recursos del Estado nacional para las provincias y las escuelas. Pero todo este esfuerzo fue sólo un punto de partida para recuperar la educación que debía ser mejorado y profundizado.
El gobierno nacional de Cambiemos abandonó estas políticas y llamó a una nueva “conquista del desierto educativa”. Que por ahora implicó empeoramiento de las condiciones sociales de las familias, abandono de políticas socioeducativas, disminución del financiamiento educativo, menor coparticipación a las provincias, ajuste de los salarios docentes y cierre de la paritaria nacional con el consecuente congelamiento del incentivo docente afectando el consumo local. Construir consenso para el ajuste en salarios y en empleo público requiere denostar las políticas de Estado que aun con sus límites y errores garantizan derechos.
Lo que asombra es el retorno de la prédica de la década de los 90 del menosprecio a lo estatal, a lo común, cuyo objetivo es justificar nuevamente el cercenamiento del espacio público en salud, educación y desarrollo social. El oficialismo confirma así estar pensando más en cómo imponer ajustes a las provincias que en el diseño y la gestión de nuevas políticas de Estado que garanticen el mejor el derecho social a la educación.
*Legislador del Frente para la Victoria. Fue ministro de Educación provincial entre diciembre del 2011 y agosto del 2014
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