Crímenes en la pila burocrática

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Obtener información oficial sobre las investigaciones de asesinatos de periodistas parece misión imposible en México, donde las autoridades usan la indiferencia y astucias jurídicas para evadir a reporteros que intentan documentar las decenas de homicidios –aún impunes– cometidos contra sus compañeros.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con más de 100 reporteros asesinados desde el 2000. Sólo en lo que va del 2017 se han registrado cinco homicidios: Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez y Javier Valdez.

Más de 90% de estos crímenes no ha sido resuelto por las autoridades, e incluso estas mismas autoridades –federales, estatales y municipales– son señaladas por cometer 60% de las agresiones (amenazas, secuestros, golpizas) que sufren periodistas, según organismos defensores de la libertad de expresión.

Comprobar la eventual implicación de autoridades en los ataques es aún más complicado porque los colegas de los periodistas asesinados ya no pueden contar lo que pasó, explica a la AFP Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

México vive bajo el yugo de los cárteles del narcotráfico y las bandas del crimen organizado, que en muchas ocasiones operan con la connivencia de autoridades corruptas. “El hilo es muy delgado” entre criminales y autoridades corruptas, “sabemos que hay de pronto esas colusiones”, asegura la activista.

Antes de morir, Pineda y Rodríguez se concentraban en notas policíacas. Breach cubría el conflicto armado entre dos líderes de sicarios y Valdez documentaba la guerra interna entre varias facciones del poderoso cártel de Sinaloa.

Para Leopoldo Maldonado, oficial del programa de protección y defensa de Artículo 19, “la impunidad ha generado un aliciente sumamente perverso para que los asesinatos o desapariciones (de periodistas) sigan sucediendo”.

Después de cinco periodistas asesinados en lo que va del 2017, la impunidad sigue siendo la constante pues ninguno de estos crímenes ha sido resuelto.

Y al tratar de investigar los expedientes, la AFP encontró enormes dificultades para acceder a información oficial.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que depende de la fiscalía general de México, no tuvo disponibilidad para dar cifras o entrevista; mientras que la mayoría de las fiscalías de los estados donde se perpetraron los asesinatos rechazaron revelar sus avances.

Las fiscalías locales “siempre argumentan que no pueden revelar información de las investigaciones” en curso, pero lo que sucede en general es que “no han hecho gran cosa”, coincide Flores.

Además, las autoridades no dan prioridad a la profesión periodística como móvil del crimen y suelen asumir que se trata de un robo, crimen pasional o incluso que los periodistas están involucrados con criminales. “Sin investigar, se atreven a hacer ese tipo de afirmaciones públicas de una manera totalmente irresponsable”, lamenta Flores.

En el caso de Valdez, las autoridades aludieron en un principio a un robo de auto.

Aún más grave, en varios casos de años anteriores las autoridades han detenido a “asesinos confesos”, pero se demostró que esas confesiones “fueron obtenidas a través de la tortura” y las conclusiones “no están basadas en pruebas científicas”, explica Maldonado de Artículo 19.

La fiscalía de Chihuahua cerró las investigaciones del caso Breach pese a que los sospechosos están prófugos.

En mayo, tras el asesinato de Valdez, 39 medios mexicanos y extranjeros expresaron su indignación en un pronunciamiento conjunto, mientras numerosas manifestaciones se organizaron en los estados donde han sido asesinados reporteros este año.

Presionado, el presidente Enrique Peña Nieto abordó por primera vez la rampante violencia contra periodistas, convocó una reunión extraordinaria con los gobernadores del país y prometió “medidas extraordinarias”.

La fiscalía general de su lado ofreció ayer una recompensa de hasta 1,5 millones de pesos (unos 81.500 dólares) por pistas que lleven hasta los asesinos de Pineda, Valdez, Rodríguez y Breach.

“Hay una buena intención pero deja mucho que desear, porque en los hechos no se ve esa voluntad” de las autoridades, estima Flores. “En México, navegamos en ese limbo. Y entre la voluntad y los hechos hay un abismo”. (AFP)

Más de 100 periodistas murieron asesinados en México desde el 2000. Sólo en este año hubo cinco homicidios. Menos del 10% fue resuelto por las autoridades.