A 4 años de la muerte de “Coco” Garrido, la causa está paralizada

El joven murió en un calabozo de El Bolsón. La familia aún reclama que se investigue el hecho como homicidio.

JUSTICIA

Por Jorge Villalobos

jvillalobos@rionegro.com.ar

“Siempre lo recuerdo como un chico muy cariñoso, honesto. No tenía problemas con nadie”. Los recuerdos de Guillermo “Coco” Garrido están intactos en la memoria de su madre Carmen Silva. Cuatro años después de su muerte, Carmen sigue convencida de que a su hijo lo mataron. Nunca aceptó la posibilidad de que se haya suicidado la noche del 13 de enero de 2011, en el calabozo de la comisaría 12 de El Bolsón, donde había ingresado por una contravención.

La causa judicial está desde hace varios meses virtualmente paralizada. La abogada Marina Schifrin recordó que el juez de Instrucción Martín Lozada dictó a finales de diciembre de 2013 el procesamiento de tres agentes de la Policía de Río Negro como supuestos autores del homicidio culposo del joven oriundo de Epuyén, Chubut, quien apareció ahorcado en el calabozo de la comisaría de El Bolsón.

Lozada señaló en el procesamiento que los imputados tenían a su cargo el detenido la noche del 13 de enero de 2013, entre las 21.40 y las 22.50, cuando Garrido murió. Consideró que los tres policías “incurrieron en un obrar negligente al omitir el cumplimiento de los deberes a su cargo”.

El juez advirtió que los imputados “violaron el deber de cuidado exigido al dejar al detenido Garrido con un elemento con el que podía atentar contra su vida, tal cual resultó ser el cinturón de un metro de longitud y tres centímetros de ancho, que llevaba entonces colocado en su cintura. Máxime cuando el detenido estaba sumido en un estado de intoxicación alcohólica”.

Sostuvo que justamente Garrido usó su cinturón “y se colgó de uno de las rejas del calabozo, operación que le produjo la muerte”.

Schifrin representa a Carmen, quien es querellante en la causa. Sostuvo que el procesamiento de Lozada se basó en la acusación del fiscal Eduardo Fernández.

Dijo que apelaron el 5 de marzo del año pasado el procesamiento de Lozada porque consideran que hay elementos suficientes como para seguir investigando la hipótesis del homicidio de Garrido. “Hay pruebas que no se produjeron aún”, sostuvo la abogada.

Comentó que nunca se unificaron, por ejemplo, las causas colaterales en trámite por falso testimonio y por la incomunicación indebida de Garrido con sus familiares. “Hay prueba fragmentada, lo que no permite reconstruir los hechos de forma integral”, explicó.

Dijo que la perito de parte convocada por la querella, Silvia Bufalini, concluyó que no se puede precisar si la muerte de Garrido haya ocurrido en el calabozo o en el baño de la comisaría. Lamentó que ni Fernández ni Garrido tuvieron en cuenta esa pericia de la querella.

“Desde marzo estamos esperando que la Cámara Criminal Segunda resuelva”, dijo Schifrin. “Entendemos la complejidad de la causa, pero nos hubiera gustado que se haya resuelto”, añadió.

Dijo que el Fiscal de Cámara Carlos López ya dictaminó a mediados del año pasado en relación al recurso de apelación de la querella y el dictamen está desde entonces a disposición de la Cámara Criminal Segunda, que la integran los jueces César Lanfranchi y Héctor Leguizamón Pondal, pero dijo que desconoce el contenido del dictamen fiscal.

“La familia no lo puede llegar a entender”, sostuvo. Y afirmó que en el desarrollo de la investigación “hemos tenido trabas de todo tipo”.

“Vamos a seguir adelante - afirmó-. Van cuatro años sin justicia”.

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