A toda costa quieren frenar una forestación

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La entidad ambientalista «Comunidad del Limay» presentó una acción de amparo contra el megaproyecto forestal que lleva adelante la empresa Río Foyel SA con aval del gobierno provincial.

En el escrito judicial advierten que el proyecto viola legislación vigente al proponer la plantación de pinos en más de 4.400 hectáreas que previamente deben ser despejadas de variada vegetación nativa. Se quejaron además de que no haya habido una audiencia pública antes de definir la habilitación, extendida a comienzos de agosto por el Consejo de Ecología y Medio Ambiente.

La presentación lleva la firma de una docena de activistas ambientales de esta ciudad y fue asentada ayer ante el camarista penal Alejandro Ramos Mejía. Los accionantes piden que la justicia atienda el planteo de inconstitucionalidad contra la resolución del Codema. Y aspiran a que en un plazo de pocas horas el magistrado paralice los trabajos en forma cautelar.

Ocurre que la tala de numerosos ñires y también de algunos maitenes y radales afectó ya a unas 50 hectáreas y los ambientalistas quieren evitar un daño mayor.

De concretarse el polémico proyecto, la ruta que une esta ciudad con El Bolsón quedaría flanqueada en un largo tramo por una forestación de coníferas exóticas que será la más grande de la provincia y la única ejecutada tras una tala masiva de bosque nativo. El resto de las explotaciones se ubican en áreas de estepa. A pesar de que el ministro de Hacienda, José Luis Rodríguez aseguró días atrás que el emprendimiento no prosperará porque los propios inversores darían marcha atrás ante la resistencia generada, desde la misma empresa surgió ayer una firme desmentida.

En declaraciones a FM El Arka, el director técnico del proyecto, Héctor Gomis confirmó que las tareas de forestación continuarán según el plan establecido, ya que la empresa no puede echar por la borda «una inversión de 3 millones de pesos».

Gomis fue autor no sólo de la descripción técnica del proyecto sino también del estudio de impacto ambiental (EIA), que no mereció ninguna objeción en la provincia.

Sin embargo, en el recurso de amparo la Comunidad del Limay dejó constancia de que -para no contrariar la ley- esa clase de estudios debe ser realizado por especialistas independientes. El abogado que patrocinó la presentación, Rubén Marigo, hizo hincapié en la necesidad de la consulta pública ante un proyecto de tal envergadura. «Aunque eso no resulte favorable para la industria maderera -dijo-, es la mejor manera de defender el medio ambiente».

En contra del emprendimiento de Río Foyel se pronunciaron los mismos técnicos del Servicio Forestal Andino provincial y días atrás se sumó un informe del departamento de Ecología de la UNC. El escrito -que lleva la firma de los científicos Tomás Kitzberger y Estela Raffaele- indica que aunque el estudio no lo reconozca, el desmonte de los matorrales nativos de ñire, retamo, laura, maitén y otras especies afectará un ecosistema muy rico, especialmente en aves, insectos y herbáceas, además de arrasar los renuevos de ciprés que crecen en el lugar.