Absolvieron a una mujer acusada de administración fraudulenta

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los jueces de la Cámara Primera del Crimen absolvieron por el principio de la duda a Lucila del Carmen Zumelzu Vega, una mujer de 51 años a quien le adjudicaron haber otorgado créditos acompañando las solicitudes con documentación falsa mientras se desempeñaba en la gerencia de una financiera, y haber perjudicado a la empresa.

La abogada querellante alegó asegurando que la imputada había actuado con el dolo requerido para la configuración de la estafa, que cobró los créditos que verificaba y aprobaba, y que con su conducta perjudicó a la financiera Credigal. También criticó la postura reticente de los testigos que declararon.

El fiscal Carlos López reconoció que los ilícitos pudieron haber existido, pero pidió la absolución de Zumelzu Vega por la duda, porque no se había acreditado el perjuicio económico a la empresa, y durante la instrucción no habían reunido la prueba necesaria para sostener la acusación.

En la sentencia los jueces recordaron que la solicitud del fiscal los privaba de jurisdicción, pero no obstante mencionaron que la parte querellante no había formulado el requerimiento de elevación a juicio, ni había adherido al del Ministerio Público. Por otro lado, consignaron su coincidencia con la apreciación del fiscal López, en cuanto a que no se había demostrado la configuración delictiva que le atribuían a la acusada.

En la primera jornada del juicio oral declaró la imputada, para negar su responsabilidad en el resultado negativo de los créditos que otorgó y asegurar que cuando le entregaban la documentación necesaria no verificaba si cada uno de los datos asentados era correcto.

El agente fiscal Guillermo Lista le atribuyó que en su calidad de empleada de la firma Credigal, con firma y poder de resolución y ocupando el segundo cargo en jerarquía, y luego con poder otorgado y estando a cargo de la empresa, cometió delitos que fueron encuadrados como defraudación por administración fraudulenta.

Los hechos denunciados se habrían producido hace diez años, entre febrero y setiembre de 1997, a partir de la enfermedad que sufriera su esposo y el posterior fallecimiento de éste, porque la imputada lo suplantó el cargo de gerente general que ocupaba.