Absolvieron al dueño de «Babilonia»

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La jueza Silvia Baquero Lazcano absolvió sin costas al propietario de la discoteca «Babilonia» luego de que el fiscal Eduardo Fernández retirara la acusación por el delito de desobediencia, y señaló que «se pretendió hacer recaer la responsabilidad en el Poder Judicial, cuando las medidas pretendidas debieron haber sido ejecutadas por las autoridades municipales.

Pese a que la magistrada estaba eximida de valorar las pruebas, ante el pedido de absolución del fiscal, compartió el criterio del funcionario y señaló que «no pueden los jueces cumplir las medidas administrativas dispuestas por funcionarios o el juzgado de Faltas Municipal».

Momentos antes, el fiscal valoró el acta acuerdo que el imputado había alcanzado en su reunión con el intendente, y aunque consideró que se trataba de «una actuación desprolija y un procedimiento irregular», entendió que Pablo Guzmán, el imputado, «que no es abogado, pudo haber incurrido en un error de derecho y pensar que estaba habilitado para funcionar». Aclaró que no podía saber que fueran sus declaraciones, pero se quejó de que Jorge Layana haya responsabilizado a la Justicia por el funcionamiento de la discoteca, «cuando queda claro que las sanciones deben ejecutarlas las autoridades que dictan las resoluciones».

En la audiencia celebrada ayer, al mediodía y por el término de una hora declaró el inspector a cargo de Fiscalización Ambiental, Rubén Guzmán, quien aportó el acta de acuerdo que celebró el procesado con el intendente Alberto Icare y sus funcionarios, pero a él le ordenaron redactarla.

Guzmán reconoció que no estuvo presente en la reunión del imputado con el intendente y el director de Inspección General, y que fue éste quien le indicó cómo debía redactar el acta, que en realidad no implica un permiso o concesión especial, aunque sus efectos jurídicos hayan anulado lo actuado por los inspectores y la jueza de Faltas.

Dijo que desconocía y que le llamaba la atención por qué el acta original del convenio estaba en una caja fuerte, y no en el expediente. También reconoció que la discoteca «Babilonia» tenía habilitación municipal, pero explicó que «la figura de transferencia de habilitación no existe en el municipio», y ante un cambio de titulares debe gestionarse la baja -aportando un certificado de libre deuda- y la habilitación a nombre de los nuevos operadores del comercio, dado que el imputado y su socio no probaron la relación con los anteriores propietarios y el inmueble.

El jefe de inspectores aceptó que no conocía la totalidad del trámite, y aclaró que si bien existe la posibilidad de apelar una resolución de la jueza de Faltas ante el intendente, «porque es la autoridad máxima», en este caso no se presentó ningún escrito.

Dio a entender que el trámite fue irregular, y aunque no lo expuso con estas palabras, a pregunta de la jueza afirmó que «había voluntad política de acompañar la habilitación de la actividad comercial, pero a veces las autoridades políticas no conocen la reglamentación».

Para el funcionario, el acuerdo celebrado «no fue un trámite habitual. Me dejó dudas y la necesidad de consultar, porque es la primera vez que se realizó un trámite de esa naturaleza».

El defensor del imputado expuso en un extenso alegato su convencimiento de que no se había cometido el delito de desobediencia, y anticipó que se tramitan otras causas con la misma imputación.