Abstencionismo constitucional

En nuevo problema parece enfrentar el horizonte de «producción» de legitimidades de nuestros regímenes políticos afincados en las provincias. Hablamos de un tipo de comportamiento cívico, de naturaleza diferente del que incita a millones de ciudadanos a no concurrir a los turnos electorales cuando son convocados para elegir a nuevos gobernantes. Tampoco nos referimos al proceder de algunos actores políticos que una vez electos se deciden asumir el «abstencionismo» como práctica de denuncia ética o de obstruccionismo político. Hablamos de un nuevo tipo de «abstencionismo», esta vez orientado a la base de todo proceso de reforma constitucional. Tema por demás delicado al tratarse del reverso de la «madre de todas las elecciones», en donde el ciudadano se niega a tener una activa participación en el carácter trascendental inherente a la modificación de su edificio constitucional. Y este tipo de abstencionismo promete ganar espacio en los escenarios provinciales.

Lo ocurrido en las recientes elecciones a convencionales constituyentes llevadas a cabo en Santiago del Estero ofrece una interesante lección para aquellas provincias que han iniciado procesos reformistas para sus cartas magnas. Si bien hay distritos que anuncian cambios parciales en sus constituciones para los próximos años, Neuquén podría ser de aquellas que vean de cerca la implicancia de este tipo de abstencionismo.

Ciertamente, el pasado domingo 17 de julio, el pueblo santiagueño fue convocado a las urnas por segunda vez en el año. En esta ocasión, para elegir los constituyentes que modificarán su Constitución provincial. Una que ya había sido retocada en dos ocasiones desde el restablecimiento de la democracia. Y la misma había sufrido cambios sustanciales. De hecho la Constitución reformada de 1986 colocaba a Santiago del Estero entre las primeras provincias que incorporaban un Consejo de la Magistratura para seleccionar a sus jueces, entre otras tantas novedades. Por supuesto que la mayor parte de esos cambios demoró más de diez años en efectivizarse. Y sólo lo hicieron a modo de maquillaje institucional después de que la provincia transitara por una verdadera pueblada en 1993 y superara su primer intervención federal. Y cuando pusieron en funcionamiento las nuevas instituciones –como en el caso del mencionado Concejo- desnaturalizaron su sentido original, transformándolo en un apéndice más del poder dominante de los Juárez. Y para completar esos cambios, en 1997 se propuso una nueva convocatoria para modificar la Constitución ya reformada.

La tercera ola de reforma constitu

cional provincial vino a completar el proceso de transición política iniciado bajo la segunda intervención a cargo del ex fiscal Lanusse, cuando el matrimonio Juárez perdió el favoritismo de la presidencia de Kirchner luego del desbarrancadero que siguió al crimen de la Dársena. Sin embargo, estas últimas elecciones para convencionales dejan un saldo amargo en la nueva sociedad política que promete cerrar el largo ciclo dominado por el patrimonialismo juarista. Y otra vez pone en discusión el delicado tema de la legitimidad de origen, dada por una mayoría electoralmente expresada, que en este caso no logró efectivizarse. Es que apenas un tercio del electorado santiagueño en condiciones de concurrir a las urnas cumplió con su deber cívico. En efecto, de los 525.755 ciudadanos habilitados concurrió a las urnas una cifra cercana a los 190.000. Y en algunos departamentos el porcentaje de participación efectiva en esos comicios fue de apenas un cuarto del total. Es cierto que una de las causas para entender tan alto abstencionismo se encuentra en un padrón escasamente depurado: cerca de un cuarto de la población adulta registrada en Santiago del Estero reside en su mayoría en el Gran Buenos Aires, confirmando el historial de provincia expulsora de población. Ello explica en gran parte su larga historia del abstencionismo electoral. Con un 32% promedio de no concurrencia electoral, la provincia tiene la cifra más alta del país, siguiéndole de cerca los otros distritos del norte argentino.

Sin embargo, tan alta tasa de abstencionismo electoral se ha modificado abruptamente con respecto en estas últimas convocatorias a las urnas. Sólo nos queda comparar con lo sucedido a fines de febrero, cuando fue elegido el nuevo gobierno provincial que reemplazó la intervención federal para confirmar lo antedicho. Aquí los porcentajes se invierten dramáticamente. Mientras en los comicios a gobernador fueron más de 170.000 los ciudadanos ausentes, o sea el 35% del electorado; en la reciente votación de mediados de julio, es ese mismo porcentaje el que ahora efectivamente concurre a las urnas. La tasa de participación cayó un 30% entre dos actos comiciales llevados a cabo con una distancia de apenas cinco meses.

Los santiagueños pueden justificar el reciente comportamiento abstencionista ante la carencia de un menú variado de ofertas para las elecciones a convencionales constituyentes. Que la conformación del Frente de Unidad Santiagueña, entre radicales, peronistas y otras expresiones políticas, le restaban «atractivo» a las elecciones. Señalar que no hubo efectiva competencia, ni pasión por la selección de liderazgos de nuevo tipo, tampoco a la hora de marcar diferencias programáticas. Y aun más, insistir en que todo se debió a la ausencia de un «plebiscito» para sus gobernantes por la no concurrencia de estas elecciones con otras de carácter municipal, provincial o nacional. En definitiva, sin una auténtica elección, los santiagueños eligieron el camino del argentino promedio, que así como desconoce la letra y el alcance de su carta magna nacional, sucede lo mismo con sus constituciones provinciales. Por ello, este efectivo abstencionismo no es más que una respuesta a la carencia de interés en cambiar lo que no conoce.

Si bien algunas provincias ya pusieron en marcha procesos reformistas, lo sucedido en Santiago del Estero con su «abstencionismo constitucional» debería operar a modo de experiencia para detener esos procesos o reencauzarlos adecuadamente, sincerando el actual grado de información e implicancias políticas.

En ese sentido, saber si efectivamente se ha aprendido la lección pasaría en primer lugar por analizar si nuestras sociedades están decididas a cambiar las constituciones que las rigen. Pareciera que estas recomendaciones de sentido común no están siendo atendidas, tal cual el derrotero iniciado por algunas provincias. Neuquén es una de ellas, al utilizar su convocatoria a elecciones de constituyentes como una instancia plebiscitaria para su actual equipo de gobierno. Si no fuera por ello, es probable que este distrito viviera una alta tasa de abstencionismo constitucional, menor al experimentado por los santiagueños, pero no por ello menos preocupante. De allí que no estaríamos muy lejos de repetir un error histórico al reproducir situaciones que hicieron limitar la legitimidad de origen de su Constitución.