Acipan también quiere congelar el gasto público

NEUQUEN .- El empresariado neuquino abrió la discusión sobre la reforma del Estado y propuso «congelar el gasto público» a mediano plazo para lograr el equilibrio presupuestario en la provincia sin aumentar la conflictividad social.

El presidente de Acipan, Carlos Gotlip, puso en blanco sobre negro el diagnóstico que el sector privado elaboró sobre la gestión estatal y descartó las privatizaciones como «un fin en sí mismo».

Ayer, cuando presentó el trabajo «Neuquén: hacia un Estado moderno», dijo que las reformas anticipadas por este diario «no son un plan de gobierno» sino un diagnóstico puesto a consideración de la sociedad. La función del empresariado «no es gobernar» pero «sí aportar su visión sobre la marcha del gasto y los servicios públicos».

El dirigente empresario no eludió la posibilidad de sentarse a la mesa con los sindicalistas estatales puesto que el «debate es necesario siempre que se haga con mesura y con nivel intelectual».

La virtual convertibilidad fiscal forma parte también del menú de reformas para el sector público diagnosticadas por el equipo del Ieral Comahue-Fundación Mediterránea dirigido por Anahí Tappatá. Gotlip dijo que el trabajo fue encargado a la entidad en diciembre pasado, y los técnicos comenzaron a trabajar en marzo (ver recuadro).

Sus contenidos en lo relativo a los sueldos de los empleados públicos y los docentes, y al gasto del Estado neuquino fueron criticados con dureza por los dirigentes sindicales que, en su marcha de ayer pasaron por la sede de la central empresaria en la diagonal 9 de Julio y arrojaron algunas bombas de estruendo.

Anahí Tappatá dijo que la gestión actual del Estado no tiene análisis de costos, no cuenta con registros adecuados de sus tramitaciones ni con controles de gestión ni de calidad de los servicios y carece absolutamente de «criterios de gerenciamiento».

El trabajo de FIEL

En la evolución del gasto, «hubo un alerta que no fue escuchado» en referencia al estudio que hizo la fundación FIEL a cargo de Ricardo López Murphy en los inicios de la administración de Felipe Sapag. Ese diagnóstico «no se tuvo en cuenta en absoluto», dijo.

Señaló que el conflicto social se mantuvo en la provincia «pese a que no bajó el gasto», que resintió su eficacia en relación con la productividad.

El problema fundamental del Estado neuquino es su desorden y desorganización, y citó como ejemplos «recientes» la adquisición de un moderno sistema de registro catastral y la casi simultánea sanción de una ley que exige la mensura periódica de las propiedades -por parte de agrimensores- para actualizar sus datos, y las conclusiones de la consultora Pressal que determinó que el principal hospital de la región, el Castro Rendón, «no tiene presupuesto, nadie sabe cuánto gasta».

La economista dijo que «no es imaginable un escenario de shock» fiscal en la provincia porque su estructura «no lo podría absorber».

En cambio, propuso una serie de reformas que se aplicarán de manera gradual y que consisten, fundamentalmente en congelar el gasto público para lograr su «amesetamiento» y, en un período de cinco a diez años, se lograría la «convertibilidad fiscal», es decir, que los gastos no excedan los recursos genuinos del Estado.