Acusación formal contra los ediles de Choele

CHOELE CHOEL – Finalizadas las primeras investigaciones, la fiscal Marisa Bosco caratuló la denuncia contra los concejales de Choele Choel, por los sueldos mal cobrados, como «incumplimiento de los deberes de funcionario público». De comprobarse que existió este delito los ediles podrían enfrentar penas que van desde la prisión hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El caso quedó ahora en manos del juez Carlos Vila, que comenzará la semana próxima con las primeras medidas procesales que incluirán, seguramente, el llamado a los funcionarios municipales para que presten declaración, convocatoria que para el caso de los concejales implicaría, primero, un pedido de desafuero. Por otro lado, se supo que en la semana se secuestraron varias cajas de documentación del área contable de la comuna, que servirán para la investigación.

Bosco investigó el cobro indebido de sueldos por parte de seis de los siete concejales de Choele Choel, durante dos años, a través de un mecanismo no contemplado en la carta orgánica municipal. La fiscal, que representa al Estado rionegrino, había recibido a principios de mes un escrito del Superior Tribunal de Justicia solicitando una investigación penal a raíz de la presentación de un amparo de parte de Marcelo Herzig Gorriarán, concejal justicialista. Mediante ese recurso el STJ tomó conocimiento del polémico accionar de los ediles. (Ver aparte)

De la carátula del escrito presentado por la fiscal: «Incumplimiento de los deberes de funcionario público», accionar encuadrado en el artículo 248 del Código Penal, se desprende que los concejales podrían quedar inhabilitados para el desempeño de cargos públicos como así también ser separados del puesto que ocupan actualmente. También les podrían corresponder penas que van de 1 mes a 2 años de prisión y el doble de inhabilitación.

El eje de la argumentación, para la presentación ante la justicia penal, se centró en que los ediles habrían incurrido en el incumplimiento de las normas municipales vigentes. Se señala que esto habría sucedido cuando se puso en práctica la cuestionada resolución, dado que para reformar un artículo de la carta orgánica municipal ­que indica que los cargos de concejales son ad honorem­ sólo se puede hacer mediante una ordenanza refrendada, además, por el voto popular en un referéndum.

Los concejales comenzaron a cobrar en julio del 97 mediante la mencionada resolución, mecanismo no valido ­se señala­ porque este procedimiento sólo sirve para dictar normas de funcionamiento interno del Concejo municipal. Así los ediles cobraron durante dos años un sueldo mensual que rondó los 500 pesos.

A principios de este mes, luego de conocido el fallo del STJ, los 6 concejales titulares de Choele Choel decidieron por unanimidad dejar de percibir los haberes por su función y manifestaron su intención de devolver lo cobrado, algo que aún no ha acontecido. Se sabe que cada uno deberá reintegrar una suma cercana a los 10 mil pesos, sin contar las cargas sociales.

Los concejales han manifestado que en atención a las situación económica de cada uno de ellos, harían acuerdos individuales con el intendente Jesús Zuain para reintegrar los haberes en cuotas. Sin embargo, fuentes legales señalan que esta devolución deberá ser en un solo pago y que de celebrarse esos pactos sería el jefe comunal quien incurriría en un error administrativo con serias consecuencias.

Se descubrió casi por azar

La intervención de la justicia en el caso del cobro de sueldos de los concejales se puede tomar resultado del azar. Y el hecho se remonta a junio, cuando antes de los comicios municipales el concejal justicialista Marcelo Herzig presentó ante el Superior Tribunal de Justicia -STJ- un recurso de prohibimus y mandamus. Desde el Frente para el Cambio se argumentaba que la convocatoria a elecciones estaba mal realizada porque no se había incluido el llamado a un referéndum para avalar la ordenanza que establecía el cobro de los sueldos.

Al pedírsele, desde el STJ, una contestación a la comuna sobre este tema, el asesor legal del municipio -Cristóbal Guidi- confirmó que los ediles estaban cobrando pero además indicó, para sorpresa de la justicia, que lo hacían mediante una resolución y no por una ordenanza. Luego de recibir el escrito, el STJ dictaminó que las elecciones podían realizarse en la fecha estipulada,22 de agosto, pero a la par ordenó a la fiscal Marisa Bosco que comenzara una investigación penal. Ahora, los concejales Ricardo Calvo, María Delia Carcioffi y Roberto González de la Unión Cívica Radical, y Jorge Morán, Marcelo Herzig y Antonio Quintín del Justicialismo deberán enfrentar cargos por el incumplimiento de sus funciones, lo que podría dejarlos fuera del ruedo político por algún tiempo.