Acusan a Irán de planear atentado y piden detener a ocho ex funcionarios

BUENOS AIRES.- La Fiscalía afirmó ayer que el atentado a la AMIA fue ejecutado en 1994 por la organización terrorista libanesa Hizbollah, «a instancias de las máximas autoridades del entonces gobierno de Irán», y requirió la captura del ex presidente iraní Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani y otros siete sospechosos.

En un dictamen de 800 fojas, los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos, de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del atentado, consideraron probado que el ciudadano libanés y miembro del Hizbollah, Ibrahim Hussein Berro, se inmoló al volante de una camioneta Trafic que, cargada con más de 300 kilogramos de explosivos, provocó la voladura de la AMIA en cumplimiento de una decisión que Teherán adoptó el 14 de agosto del '93 en la ciudad de Mashad.

El posible móvil de la elección de un objetivo judío en Buenos Aires, Argentina, fue para la Fiscalía «la imprevista cancelación de los contratos de transferencia de tecnología nuclear» que habían sido suscriptos por la república islámica y Argentina. (Ver aparte)

«Hace mucho tiempo que venimos planteando la ruptura de las relaciones» con Irán, dijo el titular de la AMIA, Luis Grynwald, quien agregó que ahora espera que el juez Rodolfo Canicoba Corral, a quien la Fiscalía presentó el requerimiento, «actúe en consecuencia».

Por su parte, el magistrado explicó que «se dispondrán las medidas que tengan respaldo, que se ajusten a derecho. Hay que leer el dictamen completo y estudiar cada una de las referencias, de la prueba citada, hacer todo este trabajo y después resolver si se ordenan las capturas. Si todo está bien, ordenaré lo que la Fiscalía pide».

Los fiscales pidieron la captura nacional e internacional de Bahramaie Rafsanjani, que fue presidente de Irán entre 1989 y 1997, del ex ministro de Inteligencia Alí Fallahijan, del ex canciller iraní Alí Akbar Velayati y de los ex comandantes del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi.

Además, Nisman y Martínez Burgos reclamaron la captura de Mohsen Rabbani, que era Consejero Cultural de la Embajada de Irán en Argentina, del ex Tercer Secretario de la delegación en Buenos Aires Ahmad Reza Asghari y del ingeniero libanés Imad Fayez Moughnieh, que en el '94 era jefe del Servicio de Seguridad Exterior del grupo Hizbollah.

«Hemos acreditado que la decisión de atentar el 18 de julio del '94 contra la sede de la AMIA, donde fallecieron 85 personas y fueron heridas al menos 151, fue tomada por las más altas autoridades del entonces gobierno de la República Islámica de Irán», explicó Nisman al sintetizar públicamente su dictamen.

Y añadió que los ex funcionarios a los que acusó «encomendaron a la organización chiíta libanesa Hizbollah la organización del atentado», que fue coordinado «desde todo punto de vista por el régimen de Teherán».

La presunta responsabilidad del gobierno de Irán en el ataque ya había sido señalada por el ahora destituido juez federal Juan José Galeano, que el año pasado fue removido del cargo por la presunta fabricación de evidencias en el ataque a la AMIA.

Galeano instruyó la causa por la voladura de la AMIA hasta 2003, cuando fue desplazado del caso.

Al año siguiente, el civil Carlos Telleldín y cuatro policías bonaerenses que pasaron 8 años presos como cómplices de la masacre, fueron absueltos por un Tribunal Oral.

El fallo absolutorio impulsó a Interpol a suspender la búsqueda de funcionarios iraníes acusados por Galeano, que ahora está procesado junto al ex secretario de Inteligencia de gobierno de Carlos Menem (1989-99), Hugo Anzorreguy, por el supuesto desvío de 400 mil dólares de la SIDE para gratificar a Telleldín por haber incriminado a los policías.

Telleldín, que fue absuelto tras 10 años tras las rejas, fue para la Fiscalía quien habrá intervenido en la entrega de la Trafic que impactó contra la AMIA y mató a 85 víctimas.

En el dictamen, los fiscales fortalecieron sospechas contra el propio Menem por las maniobras que, deliberadamente, se habrían desplegado para impedir el esclarecimiento del caso.

(DyN/AFP)