Admiten errores para frenar los desmanes
Provincia y municipio articulan acciones. Irán 300 policías.
Toncek Arko
Funcionarios de seguridad, policiales, municipales y transportistas analizaron la seguridad en Bariloche.
BARILOCHE (AB)- La secretaria de Seguridad y Justicia de la provincia, Martha Arriola, reconoció ayer que “hubo acciones que no se tomaron” por parte de la Policía para desactivar los desmanes que provocaron un grupo de jóvenes y adolescentes en el límite entre los barrios Arrayanes y Boris Furman.
Admitió que el personal del grupo especial COER, de la Policía rionegrina, tardó más de una hora en intervenir en forma directa y que tampoco el personal de la Comisaría 28 dispuso un corte de las calles adyacentes al lugar donde de los disturbios.
Arriola se reunió ayer con la intendenta María Eugenia Martini para evaluar la situación tras los hechos de vandalismo del domingo por la mañana, cuando unos veinte jóvenes y adolescentes agredieron a dos remiseros y además incendiaron un remís. También rompieron vidrios de la Escuela 310 del barrio Arrayanes y destrozaron vidrios de un colectivo de la empresa 3 de Mayo, entre otros desmanes.
Los incidentes causaron fuerte indignación entre los remiseros y taxistas que reclamaron el lunes respuestas al Poder Judicial y a la intendenta, quien focalizó las críticas hacia jueces y fiscales.
Martini fue el lunes con remiseros y taxistas al edificio de Tribunales, donde se reunió con el fiscal Guillermo Lista, para reclamar compromiso de los magistrados y funcionarios judiciales y exigió que no liberen a los dos detenidos vinculados con los desmanes.
Arriola explicó que la reunión de ayer en la municipalidad tuvo como objetivo fortalecer el trabajo de coordinación y articulación del plan de seguridad para la ciudad. Señaló que participaron funcionarios municipales, el comisario Adrián Paillalef, a cargo de la Unidad Regional Tercera, los jueces Silvia Baquero Lazcano y Héctor Leguizamón Pondal, en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia, remiseros, taxistas, referentes de la UTA y del Consejo de Seguridad local.
Sostuvo que “la idea es retomar con intensidad el trabajo entre provincia y municipio”. La funcionaria provincial reconoció que el COER no tenía móvil disponible, pero había otros patrulleros para que se trasladaran hasta el lugar de los incidentes. Por eso, admitió que “hubo una desinteligencia”.
El secretario de Gobierno municipal, Alejo Arias, dijo que se plantearon las problemáticas relacionadas con la justicia, la demora de la Policía en intervenir y que los detenidos no sean liberados. Señaló que reclamaron reforzar la cantidad de personal policial después de que finaliza la temporada. Arriola dijo que a finales de este año unos 300 egresados de la Escuela de Policía cumplirán funciones en Bariloche.
Dijo que pidieron dotar de movilidad al COER y reubicarlo en un lugar más cercano, porque ahora tiene su base de operaciones en el barrio San Francisco I.
Toncek Arko
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