Advierten errores en liquidaciones a docentes

Sueldos docentes

La “imprescindible” disponibilidad de documentación completa -como los legajos- fue planteada a Educación para la “correcta liquidación” de los haberes docentes, que suman unos 400 millones por mes y concentra casi la mitad de las erogaciones de la provincia.

Puntualmente, el Tribunal de Cuentas concluyó con una auditoría de las liquidaciones, centrada en los pagos de 2011, que se amplió el año pasado y ya plantea su continuidad mientras que ya observó ciertas irregulares, como la falta de legajos completos y “antecedentes” que “expliquen los pagos efectuados” a docentes en “situación de pasividad”.

En referencia a las erogaciones de 2011, el órgano de control remitió la resolución a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas pero, además, pide a Educación que se garantice “la existencia e integridad” de cada “legajo personal del agente” ya que “resulta imprescindible” para “la correcta liquidación de haberes”. En ese sentido, el Tribunal instó a la cartera educativa que “adopte medidas tendientes a mejorar la comunicación e intercambio de información entre las áreas críticas del proceso de liquidación de haberes”.

Las erogaciones de personal de Educación de 2015 superarán los 5.000 millones, con más de 20 mil agentes, entre docentes, porteros y administrativos.

En 2012, el Tribunal abrió una auditoría de las liquidaciones de 2011 después que un informe inicial advirtió de “importantes fluctuaciones” e “inconsistencias” en la cancelación de esos sueldos públicos.

Ese análisis original ratificó remuneraciones sin la existencia de “actos administrativos” que justifiquen esas incorporaciones. En esa oportunidad, esas “liquidaciones irregulares” fueron enviadas al fiscal de Investigaciones, Marcelo Ponzone. Aquellos antecedentes sirvieron al Tribunal para continuar con la revisión de las liquidaciones. Así, la resolución N° 191 del año pasado ya incluyó el “análisis de determinados conceptos y/o rubros” remunerativos. Las últimas recomendaciones del organismo se mantienen en fallas en la determinación de las erogaciones salariales.

La Comisión de Auditoria “detectó falta de documentación” en la que se “acredite las situaciones de hecho que habilitaban la liquidación de divertos conceptos”. Así se menciona que aparecen “importes que superarían los máximos previstos en el marco regulatorio aplicable”; “liquidación de porcentuales distintos a los establecidos para determinados conceptos”; “falta de antecedentes que expliquen los pagos efectuados a agentes en situación de pasividad, y falta de realización de ajustes en caso de errores de liquidación”.

Después, según la resolución 23/15, el Tribunal insiste que “hay ciertos aspectos perfectibles en el proceso de liquidación de haberes, fundamentalmente en lo relativo a la comunicación e intercambio de información entre distintas áreas críticas del proceso”.

Se reitera la prioridad en la confección de los legajos. Consigna que “falta de incorporación a cada legajo de toda la información inherente a la historia laboral del agente”, tras lo cual, se reafirma que “la existencia e integridad del legajo resulta imprescindible para garantizar la correcta liquidación de haberes”.

DeViedma