Advierten sobre el riesgo de desintegración del país

LA PAZ (DPA) – Nuevas manifestaciones sacudieron ayer a Bolivia en rechazo a un referéndum sobre autonomías que algunos sectores sociales juzgan como un intento de dividir al país y a favor de la nacionalización de los hidrocarburos, en el marco de una complicada semana de movilizaciones que mantiene en vilo a Bolivia. La tensión llegó incluso al Congreso, donde se produjeron agresiones de manifestantes y peleas a golpes entre los propios diputados.

Cientos de mineros e indígenas marcharon ayer en La Paz, la sede de gobierno, pidiendo la nacionalización y que se suspenda el debate en torno a una consulta popular que busca impulsar las autonomías.

El proyecto de ley, aprobado «en grande» (en general) por la Cámara de Diputados, busca fijar la fecha de realización del referéndum que promueve Santa Cruz (oriente), luego de que esa región lograra el aval de la Corte Nacional Electoral (CNE) tras recolectar unas 299.860 firmas válidas para respaldar su iniciativa.

Los grupos sociales -indígenas, campesinos y mineros del occidente del país- cuestionan las autonomías regionales y temen que este modelo abra la puerta a la eventual desintegración de este país, donde rige un gobierno centralista y unitario. El líder minero Víctor Mena dijo que «estamos en un estado de emergencia y si se aprueban las autonomías, vamos a movilizarnos», apuntó.

Por su parte, el líder indígena Vicente Flores aseguró que se encuentran en vigilia cerca del Congreso y han iniciado una huelga de hambre en demanda de la Asamblea Constituyente. «Estamos movilizados en defensa de la Asamblea Constituyente, en defensa de la democracia (…) lamento que en el Parlament se aprobó en grande la ley de referéndum. Para nosotros es muy peligroso, no lo debemos permitir porque se van a entregar nuestros recursos naturales a las empresas transnacionales», afirmó.

Al referirse al tema, el comandante de las Fuerzas Armadas, almirante Luis Aranda, no ocultó su preocupación, y advirtió que las actitudes desintegradoras «no están precisamente en el Congreso (y) podrían surgir en las regiones». Advirtió que estará atento a las «actitudes desintegradoras» y no desechó controlarlas.

Las protestas se registraron después de un debate en el Congreso que terminó en insultos entre legisladores y con el intento de grupos sociales de ocupar ese recinto. La accidentada sesión concluyó la noche del miércoles, después de que el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, y el concejal de la ciudad de E Alto Roberto de La Cruz intentaran ocupar el Parlamento para frenar la discusión de esta consulta, que Santa Cruz exige como un paso previo para implantar la autonomía.

Los congresistas pusieron fin al debate después de que un grupo de personas que se apostó en la céntrica Plaza Murillo -donde está la sede del Congreso y el palacio presidencial- amenazase con irrumpir en ese edificio y fuese dispersado con gases lacrimógenos. La presión de los manifestantes su sumó a los altercados ocurridos en el hemiciclo congresal, donde algunos diputados protagonizaron fuertes cruces de palabras e incluso intentos de agresión física.

El punto central de la polémica entre los representantes del occidente y del oriente del país tiene que ver con las propuestas de llevar adelante los procesos de autonomías y Constituyente. Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, pide que el referéndum sea el paso previo a las autonomías y que éste se realice de forma conjunta con la primera elección directa de gobernadores (prefectos). Los delegados del occidente del país exigen, por su parte, que la discusión sobre autonomías se desarrolle en la Constituyente .

Por su lado, las juntas de vecinos y los sindicatos de El Alto convocaron a un paro nacional el lunes por la nacionalización de hidrocarburos. «La nacionalización es el principal objetivo y si el Parlamento no resuelve el problema se ha planteado su cierre y la renuncia del presidente».

Las petroleras no se van, pero presionan

LA PAZ (AFP) – Las compañías petroleras que trabajan en Bolivia no plantean retirarse del país , pero anunciaron que estudian medidas, incluyendo la suspensión de inversiones, en respuesta a una ley de hidrocarburos que mejora las condiciones económicas del Estado en desmedro de ellas.

«Nadie va a invertir pero nadie dijo que íbamos a irnos; vamos a hacer valer nuestros derechos», declaró un especialista cercano a la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH).

La nueva ley impone nuevas obligaciones a las empresas extranjeras. Eleva el pago de impuestos no acreditables ni deducibles -por gastos y costos- de 16 a 32% mientras que ratifica en 18% las regalías. Recupera para el Estado la propiedad de los hidrocarburos en punto de producción y refunda la compañía estatal de petróleos. Obliga a las petroleras a pasar de un régimen de riesgo compartido a otro de producción y ganancias compartidas.

Hay 26 compañías petroleras extranjeras, entre ellas Total (Francia), British Gaz (Gran Bretaña), Petrobras (Brasil), Exxon-Mobil (Estados Unidos), Repsol (España) y Pluspetrol (Argentina), operan en Bolivia. Para las compañías petroleras la ley tiene un «carácter confiscatorio», contrario a las leyes y contratos internacionales.

El diario «La Razón» indicó que «los países vecinos que miraban a Bolivia como potencia energética, ahora vuelcan la mirada a Perú, que tiene sólo el 20 por ciento de las reservas que tiene Bolivia, pero que está abierto a desarrollar negocios».