Afirman que la reforma laboral es constitucional

Ahora el presidente debe decidir si promulga el proyecto o lo devuelve al parlamento.



PARIS.- El Consejo Constitucional de Francia dio por válida ayer la controvertida reforma laboral juvenil, contra la que se vienen realizando diversas protestas desde hace semanas.

El cuerpo de nueve miembros rechazó así un pedido realizado por los parlamentarios del opositor Partido Socialista de declarar inconstitucional al polémico Contrato del Primer Empleo (CPE), porque discrimina por edad y porque el primer ministro Dominique de Villepin inapropiadamente cortó el debate parlamentario sobre la medida antes de que fuera votada.

Tras la decisión del Consejo, el presidente francés, Jacques Chirac, podrá promulgar la ley o enviarla al Parlamento para una segunda discusión, como demandan los sindicatos comerciales y estudiantiles, además de los políticos de oposición. Si se da este último caso, se espera que Villepin, su aliado y asesor de larga data, renuncie.

Según fuentes del gobierno, Chirac expresará su decisión mañana por la noche. Para evitar el recrudecimiento de la crisis política y social, el presidente podría promulgar la ley, pero al mismo tiempo invitar a los diversos partidos a una "cumbre social", cuyos resultados podrían sustituir en parte o totalmente al CPE.

Los sindicatos advirtieron ayer al presidente de las "gravísimas consecuencias" en caso de que el mandatario insista en mantener el CPE.

La reforma prevé dos años de prueba para los jóvenes menores de 26 años que se incorporan al mercado laboral y la posibilidad de que sean despedidos sin justificación durante ese período. "Este conflicto, que ya lleva dos meses y tiene dimensiones nunca antes vistas, entrará en una nueva fase tras la (próxima) decisión del Consejo Constitucional sobre su legalidad y la anunciada declaración del presidente", había advertido previamente el líder del sindicato CGT Bernard Thibault en París.

Parece que Chirac insiste en ignorar el descrédito en que ha caído el gobierno y quiere imponer la reforma por la fuerza, afirmó el sindicalista.

Según una encuesta del instituto CSA, publicada ayer por el diario "Le Parisien", un 83 por ciento de los franceses quiere que la ley sea suspendida o revocada. Está previsto que hoy se reúnan once partidos de izquierda para acordar una declaración conjunta referida a la controvertida ley.

En tanto, los sindicatos y asociaciones estudiantiles secundarias y universitarias preparan para el próximo martes manifestaciones en su quinto día nacional de protestas. Quieren canalizar la movilización cada vez más masiva contra el CPE de Villepin.

Ayer hubo bloqueos de calles, estaciones ferroviarias y colegios en París, Marsella, Nantes y Lille.

Cientos de estudiantes invadieron la estación de trenes de la sureña ciudad de Marsella e impidieron la entrada o salida de trenes, antes de ser expulsados por la policía, informó el canal de televisión LCI. Además, estudiantes de escuelas secundarias y universidades bloquearon vías férreas en Montpellier, Rennes y Roanne, mientras grupos de estudiantes obstaculizaron las autopistas en las afueras de París, Grenoble, Aix-en-Provence, Nantes y Lille.

En la ciudad de Rennes, organizadores señalaron que unos 5.000 estudiantes participaron en una manifestación contra la reforma laboral, al marchar por el centro de la ciudad. (DPA)

Una de las decisiones más delicadas de Chirac

El Consejo Constitucional de Francia no le evitó al presidente Jacques Chirac tomar una de las decisiones más delicadas de su mandato. Los diez "sabios" validaron la controvertida reforma laboral y pasaron finalmente la pelota al Palacio del Elíseo. En la soledad del poder, del que aún dispone como presidente de la quinta república, Chirac debe elegir "la decisión menos mala", ya que no hay ninguna buena.

Chirac se arriesga a convertirse en el blanco de millones que se movilizarán el próximo martes por quinta vez contra la reforma laboral que prevé dos años de prueba para los jóvenes menores de 26 años que se incorporan al mercado laboral y la posibilidad de que sean despedidos sin justificación durante ese período. El líder sindical Bernard Thibault había advertido de "gravísimas consecuencias". El mandatario francés, de 73 años, podría promulgar rápidamente la ley y prevenir las olas de protesta con la convocatoria inmediata a una "cumbre social".

De todas formas, con el primer ministro Dominique de Villepin está "totalmente de acuerdo": un jefe de gobierno no cede ante la presión de la calle y no deja socavar su autoridad.

Si Chirac finalmente se decide por devolver la ley al Parlamento para calmar la tormenta, deja a Villepin fuera de juego, su príncipe heredero y defensor en varias batallas.

Más que nunca, todos los ojos están puestos en Chirac. Los 60 representantes y senadores socialistas que el 14 de marzo dieron cabida al Consejo tenían reservas para creer en un éxito judicial. El líder socialista François Hollande había conjeturado que los nueve sabios y su presidente Pierre Mazeaud podrían haber anulado la controvertida ley por una "oportunidad política" y para ofrecerle un refugio a Chirac y Villepin.

Pero en ese poderoso círculo hay siete miembros que responden a los conservadores, entre ellos el ex presidente Valéry Giscard d'Estaing. A diferencia de lo que sucede en otros países europeos los miembros del Consejo Constitucional en Francia no pueden derogar una ley una vez que el presidente la promulgó. Hace doce años, cuando un millón de manifestantes salieron a las calles en París para protestar contra una conservadora legislación sobre colegios privados, el primer ministro Edouard Balladur y su ministro de esa cartera François Bayrou se ahorraron tener que retirar la reforma, ya que el órgano constitucional lo hizo por ellos. (DPA)


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