Agresiva política de regularización de propiedad de tierras fiscales en Neuquén

Se inicia un proceso de transferencia en favor de los municipios, productores y aborígenes.



NEUQUEN (AN).- El gobierno neuquino transfirió miles de hectáreas fiscales a los municipios, regularizará la titularidad de 140 mil héctareas de tierras de comunidades mapuches y hará lo propio con 1.100 fiscaleros. En lo que va de la actual gestión de la dirección Provincial de Tierras se han adjudicado en venta 400 expedientes y se entregaron 80 títulos de propiedad. En el camino de poner orden en los papeles de las tierras fiscales las autoridades han detectado “irregularidades” en varios expedientes y han constatado que algunos adjudicatarios de tierras estatales no han utilizado las mismas para emprendimientos productivos sino para la especulación. Algunos de estos expedientes fueron “pedidos” a la dirección por la justicia penal que investiga la posible comisión de un delito.

El director de Tierras, Luis Martínez, asumió en marzo de 2000 en reemplazo de Miguel Giri quien estuvo en ese organismo durante 12 años. “La política que implementamos tiene tres ejes: otorgar el título de la tierra a los reales ocupantes; titularizar las tierras de las comunidades mapuches y transferir las tierras fiscales que están en ejidos municipales, tal como lo marca la ley”, informó el funcionario. Paralelamente con financiamiento del Banco Mundial se lleva a cabo un programa para la mensura de 1,5 millón de hectáreas. En la provincial hay aproximadamente 4,5 millones de hectáreas fiscales.

En el período 1991-1995 se entregaron los primeros títulos de propiedad a comunidades mapuches. En los cuatro años siguientes se titularizaron 40 mil hectáreas. “Nosotros hemos relevado hasta el momento 10 comunidades indígenas y a fin de año estaremos en condiciones de escriturar 140 mil hectáreas” dijo Martínez. El proceso en el caso de las tierras de mapuches en zonas fronterizas es “complejo, largo, porque hay que hacer tramitaciones en Buenos Aires y acordar con las agrupaciones”.

Los trámites para la adjudicación en venta de terrenos se duplicaron en la actual gestión. Mientras que en 1999 200 adjudicatarios compraron sus predios, desde mayo del año pasado se han adjudicado 400.

“Si el permisionario o el ocupante tiene los planes de mensura aprobados y el proyecto por el cual adquirió la tierra se cumplió, se procede a la adjudicación en venta”, informó. La Ley Provincial de Tierras prevé un plazo de 10 años para pagar el predio. “Este es un proceso importante porque el adjudicatario, al tener el título de propiedad puede acceder a créditos o a planes de apoyo y el Estado se beneficia porque vende la tierra y luego cobra impuestos”, afirmó.

Lo que prácticamente no se está haciendo es entregar nuevas tierras. Martínez dijo que “hay muy poca disponibilidad porque durante los años anteriores se han entregado en forma indiscriminada y sin ningún control posterior”. Por eso lo que se hace es verificar si el proyecto por el cual se entregó la tierra se está cumpliendo. El año pasado se han cursado más de 200 cartas documentos ha adjudicatarios que no cumplieron lo pactado.

El relevamiento para determinar si esta exigencia se había cumplido fue la que permitió detectar casos en los que la tierra “no fue requerida para la producción sino para la especulación”. Martínez no quiso explayarse sobre este punto porque algunos de esos casos “están en manos de las justicia, nos han pedido expedientes y he tenido que prestar declaración testimonial ante el fiscal”.

La especulación consistía en el cobro, a las empresas productoras de hidrocarburos, de servidumbre de paso, o iniciarles reclamos por daños ambientales o la utilización de áridos. Por eso el gobierno sacó un decreto en febrero último por el cual “se le pone freno a estos reclamos por diez años”. Aclaró que “sabemos quiénes son los verdaderos ocupantes y quiénes adquirieron la tierra con otra intención que no es la de explotar el lugar” y afirmó que “la política oficial es defender al verdadero ocupante”.

Títulos para los crianceros

NEUQUEN (AN).- Para antes de fin de año la dirección de Tierras espera titularizar la tierra de unos 600 crianceros en un plan en el que están incluidos 1.100 ocupantes de predios fiscales. La titularización se hace en el marco del decreto 2382 del año pasado que busca una suerte de “reparación histórica” con quienes por generaciones ocuparon un mismo espacio.

Luis Martínez indicó que el decreto está dirigido “exclusivamente a los auténticos crianceros, aquellos que viven y trabajan en el mismo lugar que lo han hecho sus padres y abuelos por generaciones enteras”.

Será una forma de “hacer justicia con ellos en contraposición con los que han adquirido la tierra con otros fines y no hace 60 0 70 años sino hace muy pocos años”. El decreto fija un precio bajo para el valor de la hectárea y reconoce los años de ocupación. “Estamos trabajando en alrededor de 1.100 adjudicaciones y pensamos que podremos regularizar 600 este año”. En una crítica a la gestión anterior aseguró que estas adjudicaciones “estuvieron frenadas” porque los planos están listos hace doce años”.

Paralelamente se inició el proceso de transferencia de las tierras fiscales que están dentro de ejidos municipales. A Aluminé se le transfirieron 3.000 hectáreas y Huinganco 1.570. También se beneficiaron Loncopué, San Martín de los Andes, Caviahue-Copahue y Villa La Angostura. A Rincón de los Sauces se le traspasarán 52 manzanas en un lugar con posibilidades de riego. A Picún Leufú se le transfirieron 1.070 hectáreas.

Avanzan los trabajos de mensura de los terrenos

NEUQUEN (AN).- El año pasado el gobierno firmó un acuerdo con el Banco Mundial para obtener financiamiento para mensurar 1,5 millón de hectáreas fiscales. En febrero terminó la primera etapa de mensura de 290 mil, primer paso para luego proceder a la titularización de las tierras.

El proyecto de mensura “debe estar listo para diciembre de 2001” informó Martínez. En diciembre de 2000 se inició el trabajo sobre las primeras 290 mil hectáreas. Esta tarea finalizó en febrero y “ahora los inspectores salieron a controlar que las empresas hayan hecho bien la mensura”. El costo fue de 0,50 centavos por hectárea, dijo el funcionario y aclaró que “el poblador no va a perder el campo porque no pague, esto es una barbaridad que se ha dicho y quiero aclararla”.

Esta primera etapa la llevaron adelante, previa licitación, distintas empresas porque se dividieron en zonas. La idea de la división “fue para permitir que empresas locales se presenten a la licitación”.

La segunda etapa será de 515 mil hectáreas y ya fue licitada y sólo resta firmar el contrato con las empresas. Luego vendrán otras dos etapas de 250 y 350 hectáreas cada una. “Todo el trabajo debe estar terminado para diciembre de este año” dijo el director Provincial de Tierras.

La mensura es uno de los requisitos para que se pueda desencadenar el trámite de titularización de las tierras y en otros el de la adjudicación en venta. Otro requisito es que el objetivo por el cual se ocupó o se recibió como permisionario los terrenos se haya cumplido. En general estos objetivos tienen que ver con la explotación ganadera.


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