Ahora les dicen “no” a los presos que quieren trabajo

NEUQUEN (AN)- El grupo de internos de la Unidad 11 que reclamó por su derecho a un trabajo remunerado dentro de la cárcel, para no estar condenados al ocio forzado y poder resocializarse, tiene razón en su planteo y la ley está de su lado. Pero por una cuestión formal, les dijeron que no. Lo curioso es que el rechazo lo firmó la misma Cámara Criminal que meses atrás, ante un pedido similar de un detenido, le había dicho que sí. Ahora será el Tribunal Superior de Justicia el que diga la última palabra.

Los 14 internos habían reclamado, el mes pasado, que les permitan acceder a un trabajo “digno y remunerado” dentro de la unidad de detención donde cumplen su condena. Así lo estipula la ley penitenciaria.

Como informó este diario, citaban el antecedente del interno Roberto Jara, quien pidió lo mismo y obtuvo un fallo favorable: la justicia ordenó al gobierno que le dieran trabajo. El Ejecutivo aún no cumplió.

Ahora, la misma Cámara opinó distinto. “La falta de talleres apropiados (para trabajar) no es una situación nueva, sino que se viene dando con lamentable permanencia sin que pueda razonablemente pensarse que podrá solucionarse a corto plazo”, dijeron los jueces Cecilia Luzuriaga y Jorge Sommariva.

Los 14 presos pidieron ejercer su derecho mediante un recurso de amparo. La Cámara lo rechazó con el argumento de que no es el mecanismo idóneo. La resolución fue apelada.

En el recurso de casación que presentaron esta semana ante el TSJ, los internos hicieron notar que la misma Cámara “ha reconocido el ejercicio al derecho aquí peticionado (a trabajar)”, en alusión al caso de Jara.

“Para sorpresa de todos, (los jueces) desandan su propio camino borrando lo dicho al efectuar consideraciones extralegales de oportunidad y/o conveniencia, propias quizá del poder administrador pero desatinadas e inadecuadas para el poder encargado de reconocer y proteger los derechos que las leyes acuerdan a todo ciudadano”, señalaron.

Añadieron que “el Estado no puede violentar derechos inalienables bajo el único pretexto de sostener la supuesta irracionalidad de exigir que se cumpla con la letra de la ley. Esa temeraria afirmación podría implicar, por ejemplo, que en un futuro el Estado deje de cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos porque no existen medios suficientes”.

El grupo de 14 internos, que cuentan con el asesoramiento del defensor adjunto Andrés Repetto, indicaron en su apelación: “nosotros, y quienes nos antecedieron en esta cárcel, hemos padecido en forma continuada la violación de la ley en lo que respecta al ejercicio del derecho a trabajar”. Si esto no se considera un agravamiento en las condiciones de detención, “implicaría aceptar que la violación permanente al ejercicio de un derecho hace desaparecer esa misma violación, transformándola en un acto válido del Estado”.