Ahora los jubilados tomaron PAMI en Bariloche 22-4-03

Los jubilados prometen quedarse hasta que aparezcan soluciones. Mientras, las carencias aumentan. SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Tras dos meses sin servicios sanatoriales ni atención médica, un centenar de jubilados y pensionados inició ayer la «toma pacífica» de la sede local del PAMI, resuelto a permanecer en el lugar hasta obtener una respuesta integral de las autoridades nacionales. Hastiados de los cortes sistemáticos en los servicios de salud, los afiliados de la obra social reclamaron la «inmediata» presencia de «una autoridad con poder de decisión» para que regularice en forma definitiva el conflicto con los prestadores privados a los que el PAMI adeuda más de 240.000 pesos. «Hoy (por ayer) empezamos y vamos a quedarnos acá hasta que tengamos una solución definitiva», aseguró Juan Carlos Buchile, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados «22 de Julio». «Estamos totalmente desamparados, no tenemos medicamentos ni médicos de cabecera ni internación, estamos abandonados», enfatizó el vicepresidente del Centro Bariloche, José Quiroga. Los jubilados exigen además una jerarquización de la agencia local del PAMI que le otorgue mayor autonomía para brindar una atención adecuada a los 6.000 afiliados de Bariloche. La titular del Centro Bariloche, Elva Vicens, explicó que «necesitamos una delegación con capacidad de decisión y autonomía económica porque esta oficina no dispone de fondos para hacer frente a un caso grave». En la sede local la protesta de los jubilados se entrelazaba ayer con un sinnúmero de dramas personales que tampoco encontraron respuesta. (ver aparte). La situación generada por el prolongado conflicto generado por la obra social no sólo puso en riesgo a los afiliados, la derivación de pacientes de la tercera edad a la salud pública provocó el desborde del hospital zonal. El pasado 27 de marzo los directivos del nosocomio debieron rechazar un pedido de internación y advertir a las autoridades del PAMI que sólo podrían aceptar pacientes que «corran riesgo de vida». Ayer el director Norberto Delfino indicó a «Río Negro» que «hasta la situación de emergencia está desbordada, no tenemos camas para internación y nos quedamos sin sangre». La saturación que soporta el hospital por el aluvión de pacientes de la tercera edad se vio agravada en la última semana por el incremento de accidentes de tránsito que Delfino calificó como «una epidemia de imprudencia». La solución al conflicto de los jubilados depende de la disposición de pago que demuestren las autoridades nacionales. Los reiterados incumplimientos del PAMI endurecieron la postura de los sanatorios privados que cortaron los servicios de internación en febrero y anunciaron la decisión de no reestablecer las prestaciones hasta que la obra social cancele la deuda contraída. Un antecedente En agosto de 2002 el PAMI revirtió una situación similar con el compromiso de cancelar los servicios impagos de junio y julio de ese año, realizar una auditoría conjunta sobre la deuda anterior -superior al 1,5 millón de pesos- y liquidar quincenalmente las prestaciones futuras. La obra social sólo cumplió parcialmente su compromiso con el subsector privado y en poco tiempo generó una nueva deuda que terminó de resquebrajar la relación con los directivos de las entidades sanatoriales. La deuda contraída con los sanatorios locales en lo que va del 2003 supera los 240.000 pesos. Las nuevas gestiones desplegadas por el Deliberante y el intendente municipal, Alberto Icare, sólo obtuvieron una tibia respuesta de las autoridades regionales a mediados de marzo y una media promesa de audiencia ayer. Desamparo y desprotección SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El desamparo y la desprotección que empujó a jubilados y pensionados a tomar la sede local del PAMI se magnificaba en cada uno de los casos personales que intentaban en vano conseguir una respuesta de la obra social, a la que aportaron durante más de 40 años. Mientras sus compañeros de desgracia difundían los reclamos del conjunto, Rina Raimondi cuestionó la insensibilidad de las autoridades, afirmando que «quieren que nos muramos». La mujer es insulino dependiente y desde febrero viene reclamando, sin suerte, la provisión de la vital hormona que tampoco pudo conseguir en el hospital. «Tengo una reserva que se está acabando y si no llega pronto la insulina me muero». Otro caso desesperante es el de Encarnación Sandoval, cuyo esposo sufre de parquinson avanzado y gasta 1.200 pesos mensuales en medicamentos. Para acceder a la cobertura total de las drogas el PAMI le exige un certificado de indigencia del matrimonio -que no llega a los 500 pesos de jubilación mensual- y de sus hijos, que la ayudan a solventar la honerosa carga. El corte de servicios registrado desde febrero comenzó a asfixiar a la familia que sólo consigue algunas drogas con descuento, por lo general inferior al 50 por ciento. Desde otra de las oficinas de la agencia local del PAMI, Marta Pértile mandó «un saludo a los políticos que supieron cuidar tan bien nuestros intereses» teñido de ironía y dolor. Su esposo murió el 4 de abril y la mujer debió afrontar sola los gastos del entierro. «Me endeudé para pagar el sepelio de mi marido y no se hasta cuándo tendré que esperar para recibir los reintegros porque recién están pagando los de agosto» de 2002, relató indignada Pértile.