Alcances de la participación estatal

En el 2010 se creó la firma estatal Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), que utilizaría la marca Articom para las gestiones y la comercialización de los servicios de telecomunicaciones por desarrollarse con firmas privadas, cooperativas, universidades y trabajadores. Los prestadores podrían acceder entonces a créditos de los bancos oficiales de la Nación y de Inversión y Comercio Exterior (BICE) por un total de 1.000 millones de pesos, en condiciones especiales y con las tasas más bajas del mercado. La mayor parte de la financiación se destinaría a la compra de equipamiento de alta tecnología para proporcionar los servicios y de computadoras portátiles para el hogar. Se aclaró que el papel de Arsat-Articom no sería “sustituir o limitar a las empresas privadas o públicas provinciales sino impulsar la construcción de la infraestructura nacional complementaria de las iniciativas privadas”, que permitiera “llevar la mejor tecnología disponible a las áreas más relegadas”. La resolución 71/2012 de la Secretaría de Comunicaciones dio de baja –el 5 de septiembre último– la licitación de frecuencias de tercera generación (3G) disponibles desde que Movistar (Telefónica Móviles Argentina) las devolvió como consecuencia de su desinversión tras la compra-fusión con Movicom en el 2004. Tales frecuencias se asignaron a Arsat que, en los papeles, obtuvo el 20% del espectro radioeléctrico destinado a comunicaciones celulares. El gobierno imaginó que luego de asociarse con privados se transformaría en el cuarto operador de la telefonía móvil y generaría una competencia de precios que favorecería a los usuarios. Quedaría detrás de Movistar (29%), Personal (27%) y Claro (AMX Argentina y Telmex Argentina, 23%). A estas firmas hay que agregar a Nextel, con menos líneas y mayor facturación por abonado. El ministro Julio de Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, argumentó que las frecuencias se otorgaron a Arsat “en atención a su rol estratégico en la implementación de las políticas de Estado en materia de telecomunicaciones, radiodifusión e internet”. Sin que nadie lo preguntara, el funcionario descartó que la decisión implicara “una nacionalización de los servicios” y aseguró que el objetivo era alcanzar “una participación equilibrante en el mercado”. Al concurso público efectuado se habían presentado Claro, Multitrunk (grupo Roggio), Nextel, Telecom, Viettel y Superphone (grupo Vila).