Alertan por el regreso de los remates contra los chacareros
CIPOLLETTI- El economista Roberto Rappazzo Cesio aseguró que con la nueva ley de reestructuración de los pasivos bancarios volverán los remates de chacras en contra de los productores y advirtió que esa norma sólo beneficiará a los bancos y al Estado, que recaudará más en concepto de impuestos.
El ex funcionario del gobierno provincial dijo que la nueva realidad surgió a raíz de la promulgación parcial de la nueva ley y explicó que con la modificación que le introdujeron quedó sin efecto la suspensión de los procesos judiciales en contra de los deudores.
Rappazzo Cesio subrayó que junto al legislador nacional por Neuquén, Pedro Salvatori, «trabajamos duramente para lograr la tregua judicial» en la reestructuración de los pasivos, pero aclaró que ese artículo de la ley «fue suspendido por un decreto».
«Esta es un ley pro-bancos, porque si antes para cualquier entidad una deuda era irrecuperable, a través de esta ley se va a permitir que se le dé valor económico lo que significa recuperarla», afirmó. Y agregó que «el Estado nacional también se va a beneficiar, en detrimento de los productores, porque el 33 por ciento de lo que le van a refinanciar al deudor o productor, son recursos fiscales, como IVA, impuestos sobre los intereses y el 14 por ciento de la compra del bono» para refinanciar a 20 años la deuda.
El economista explicó que la nueva ley «va a perjudicar a todos los productores del país», quienes en conjunto le deben a los bancos unos 8.000 millones de pesos.
Rappazzo «orienta» a los productores
La ley de reestructuración de pasivos, número 25.190, fue sancionada a fines de setiembre y se promulgó parcialmente -decreto mediante- el 26 de octubre último.
«Creemos que hay que rechazar la promulgación parcial, porque el único que no tiene beneficios es el deudor», sostuvo Rappazzo Cesio.
Al profundizar sobre ese punto, recalcó que serán los deudores, a través de sus entidades, quienes «deberían comenzar a trabajar para lograr un cambio de rumbo».
Afirmó que las entidades empresarias y de productores deberían encarar las negociaciones para que las autoridades del Banco Central dicten una reglamentación que se ajuste a los intereses de los deudores de cada localidad.
Reiteró que como la ley fue promulgada parcialmente, ahora la norma «no contempla los intereses de los deudores».
«Los abogados van a entrar a llamar a los deudores para cobrar los honorarios y luego para rematar, porque dejó de correr la suspensión», añadió.
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