Allanamiento a Hotesur: pruebas complican a CFK

JUDICIALES

La Inspección General de Justicia (IGJ) quedó en la mira luego de que la Justicia encontrara en sus oficinas documentos irregulares de Hotesur SA, la empresa que administra el hotel Alto Calafate de la familia Kirchner.

En esa dependencia, los funcionarios enviados por el juez Claudio Bonadio encontraron que el último balance de la empresa corresponde al año 2010. Pero esa no es la única de sus irregularidades: el documento es una fotocopia del supuesto original, no tiene las firmas ni certificaciones que ordena la ley y figura que fue aprobado en un domicilio fantasma, en el que la empresa declaró que no trabajaba desde hacía más de un año.

La IGJ depende del Ministerio de Justicia y es conducida por el camporista Rodolfo Tailhade. Aunque su rol es el de controlar a las empresas, las numerosas anomalías sugieren que no lo hizo con la compañía que la familia presidencial utiliza para administrar el hotel Alto Calafate.

El viernes, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había asegurado que “Hotesur ha presentado toda la documentación respaldatoria”. Los resultados de las pesquisas judiciales sugieren lo contrario, según las evidencias publicadas ayer por los diarios Clarín y La Nación.

Las lagunas en los papeles encontrados son numerosas. Los últimos balances de Hotesur que figuran en los archivos de la IGJ corresponden a 2009 y 2010. Aunque es un requisito exigido por la ley, ninguno de los dos fue presentado con las de sus autoridades o un contador. Además, ambos documentos fueron entregados en formato Word o Excel, algo rechazado por las normativas vigentes porque permite su manipulación con facildiad.

El último balance corresponde a 2010, pero fue complementado con el acta de una presunta asamblea que se realizó en 2011 para aprobar los números del año anterior. Los papeles fueron presentados en abril de 2012 con los plazos vencidos luego de una intimación de la IGJ. En esa asamblea habría participado el propio Máximo Kirchner.

Pero una anomalía más surge de la lectura de ese documento: como sede del encuentro quedó consignado el departamento 4ºA de la calle Lavalle 975, en Capital. Pero esa dirección había dejado de ser el domicilio de la empresa hacía más de un año.

> La empresa habla de una “operación”

La empresa Hotesur, propiedad de la presidenta Cristina Fernández, calificó ayer de “operación mediática-judicial” contra la mandataria y sus hijos la investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadío a quien cuestionó por sus “múltiples denuncias” ante el Consejo de la Magistratura, en el que acaba de asumir como jefa una jueza afín al kirchnerismo.

En un comunicado, que fue difundido en la tarde de ayer a través de la cuenta de Twitter de la Casa Rosada, la empresa privada de la Presidenta sostuvo que “ha dado cumplimiento al pago de todas sus obligaciones impositivas” y explicó que “está en trámite” el cambio de domicilio legal desde la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Santa Cruz.

La compañía admitió “la demora en la formalización de trámites administrativos” de la firma, pero consideró una “actitud desmedida de un juez federal” hacer “allanar dos organismos del estado por este supuesto incumplimiento”. (DYN)