Allanaron sede de Educación por presunto peculado

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VIEDMA.- El juez penal Carlos Reussi encabezó ayer más de seis allanamientos a dependencias del Ministerio y el Consejo de Educación. Lo hizo en el marco de una causa que investiga el presunto uso político y clientelar de fondos públicos, iniciada por una denuncia presentada días atrás por los legisladores del Frente para la Victoria Martín Soria, Pedro Pesatti y Carlos Peralta.

En la comitiva liderada por Reussi participaron también el fiscal Marcelo Álvarez y el secretario del juzgado, Hernán Trejo.

Los operativos comenzaron a primera de la jornada y finalizaron pasadas las 13. El magistrado se retiró con mucha documentación de la sede central de calle Roca frente a la Jefatura policial, del edificio de Álvaro Barros y del de calle Rivadavia.

En la sede central de calle Roca, la ministra de Educación, Norma Nakandakare –contó a “Río Negro”– recibió al juez y se puso a su disposición aunque quien lo atendió fue el asesor letrado Jorge Palma. Este funcionario precisó que el magistrado solicitó información sobre talleres de educación no formal que se dictan en la provincia y se le entregó documentación vinculada a docentes. “Se llevaron –explicó– once biblioratos en la búsqueda de una nómina de cinco personas que prestaron servicios en la zona Andina y en Roca”.

Una sorpresa se registró al retirarse el juez y su comitiva de la sede ministerial , según observó al vocal gubernamental Jorge Sartor. Coincidió con ese momento el ingreso del “empresario de la construcción” y proveedor de Educación, el roquense Gustavo Heredia, que se retiró rápidamente.

La denuncia presentada por los legisladores peronistas Martín Soria, Pedro Pesatti y Carlos Peralta pidió investigar por presunto peculado, fraude a la administración pública, administración infiel y exacciones ilegales al ex ministro de Educación y actual candidato a gobernador, César Barbeito, y a los funcionarios encargados del área de Educación No Formal, por entender que esa partida ha sido utilizada para “el financiamiento de un sistema de clientelismo y militancia paga, aprovechándose de la necesidad de las personas y afectando gravemente al erario público provincial mediante la malversación de dinero como si fuera su patrimonio privado”.

En la presentación, los diputados señalaron que el programa de Educación no Formal fue creado por ley en 1997 pero que no tuvo asignación de recursos hasta 2004, y aun así fue de muy poco dinero hasta 2009.

Compararon desde entonces la asignación de dinero que debía destinarse a solventar “sistemas de educación abierta” para quienes no hayan podido acudir a la escuela, pero que –a juicio de los legisladores– fue dedicado a fines contrarios a la ley.

Señalaron “el descomunal incremento ocurrido durante 2011” con ese programa. En el primer semestre de 2009 se destinó a “Educación No Formal” un total de $ 728.204,08, de los cuales la mayor parte –unos $ 700.000– fueron al pago de personal. En el primer semestre de 2010, se gastaron $ 344.744,77, de los cuales $ 340.000 fueron a personal.

En cuanto al primer semestre de 2011, mostraron que se gastaron $ 4.712.348,69, que totalmente fueron al pago de personal, sin dedicar ni un peso a servicios, insumos ni transferencias.

Ese monto “representa un crecimiento del 1.266,91% respecto del mismo mes (junio) del año anterior”, y en términos nominales, un aumento del gasto de $ 4.367.604,69. Sólo en la partida “Administración de Educación No Formal”, el incremento equivale al 2.226% respecto igual mes del año anterior.

Si se lo compara con lo gastado durante todo el 2010, la erogación del primer semestre de 2011 representa un 383% más, y es “evidencia del espurio uso político que se le dio a este programa”, expresaron.

Según su opinión se utilizó ese dinero “con el objetivo de comprar voluntades, no sólo para la elección interna de la Unión Cívica Radical llevada a cabo en marzo, sino también para las elecciones provinciales que se desarrollarán a fines de setiembre”.

Como comprobación fáctica del uso indebido de ese dinero, citaron los legisladores la denuncia formulada por los roquenses Susana Rivas y Leonardo Manzanares, quienes habían sido contratados para “trabajar” en tareas proselitistas de la UCR en favor de Barbeito, y figuraban como docentes dependientes del Consejo Provincial de Educación, sin saberlo. “Nunca pisamos una escuela. Lo que teníamos que hacer era juntarle gente, participar de los actos de Barbeito, apoyarlo”, dijo Rivas, quien desmintió al gobernador respecto de que habían sido designados en el marco del programa Educación No Formal.

Por ello, Soria, Pesatti y Peralta señalaron que Barbeito y los demás funcionarios responsables “no sólo disponen de manera irregular los fondos del Estado sino que consagran una exorbitada discrecionalidad incompatible con el debido cumplimiento de la función pública”. Esto consistiría en “la distribución ilegal de sumas de dinero bajo la apariencia de pago de sueldos a supuestos operadores del programa “Educación No Formal”, que sólo aparece justificada en la intención de ocultar a la sociedad la verdadera finalidad: el financiamiento de un sistema de clientelismo y militancia paga”.