Allen polemiza por incompatibilidad de funciones

ALLEN (AA).- Un nuevo capítulo en torno a la polémica abierta por la presunta incompatibilidad de funciones de varios concejales de esta ciudad, se trazó durante la última sesión del legislativo local a partir de la aprobación de un controvertido proyecto que reglamenta uno de los artículos que fija los alcances de la incompatibilidad en el ámbito local.

La iniciativa fue presentada el mismo día de la sesión, se trató sobre tablas y resultó aprobada por mayoría. Los concejales del PPR, del PJ y de Alianza Encuentro dieron el principal respaldo con sus votos positivos y sólo los integrantes del bloque radical se pronunciaron en contra. Desde el sector oficialista se cuestionó el proyecto y se denunció públicamente «una modificación encubierta de un artículo de la Carta Orgánica».

El proyecto en cuestión fue presentado por Roberto Sandoval, del PPR, y Perla Brevi, del PJ, los únicos concejales que no fueron cuestionados por cumplir una doble función.

Allí se reglamenta el artículo 13, inciso «e» de la Carta Orgánica Municipal y se establece que todo ciudadano que sea electo «para cumplir un mandato de representación en el orden legislativo, Ejecutivo o de Control en la municipalidad de Allen, y sea funcionario o empleado del Poder Ejecutivo Nacional, provincial o municipal; lo que presupondría encontrarse inhabilitado por el artículo 13, inciso e, para ejercer el cargo que le fuera encomendado, regularizará su situación haciendo uso de licencias habilitante para el ejercicio de cargos públicos».

En tal artículo, la norma madre local estipula que no pueden ejercer la función municipal los ciudadanos electos que sean «funcionarios o empleados del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la Nación o de la provincia», entre otras incompatibilidades.

Mirta Diomedi, edil del radicalismo, opinó que el accionar de los ediles que dieron el visto bueno a la iniciativa «es peligroso para el funcionamiento democrático y violatorio de la Carta Orgánica» porque «con el criterio que aplicaron, si hay otro artículo que no le quede cómodo a algún concejal, lo van a poder 'reglamentar' a su antojo», ironizó la edil.

«Esto no es reglamentación porque acá se estableció algo que se contrapone a lo que establece el artículo», añadió Diomedi.

El sector radical analizará los pasos legales a seguir, se advirtió.

Desde los bloques de Alianza Encuentro y PPR, se defendieron los alcances de la ordenanza aprobada y las posibilidades que abre a futuro. La peperreísta Irene de Chrobak argumentó que «el artículo 13 sin la correspondiente reglamentación impedía la participación de un sector de la ciudadanía, que son los empleados públicos», lo cual «es inconstitucional frente a normas provinciales y nacionales», dijo. En este sentido, expresó la concejal, «ahora si un empleado público quiere ocupar un cargo basta con que pida una licencia sin goce de haberes antes de asumir».

No obstante, desde el bloque opositor también se cuestionó que en dicho proyecto sólo se reglamentó uno de los incisos y nada se estipuló, por ejemplo, en relación a otros como el primero que trata la incompatibilidad de ejercer cargos electos para los empleados municipales, por lo cual éstos continuarían excluidos de tal posibilidad.

Roces entre los bloques

ALLEN (AA).- El debate iniciado en torno de la incompatibilidad de funciones en que podrían haber incurrido varios de los concejales actuales ya lleva varios meses en boca de todos -también ha sido motivo de discusión en anteriores gestiones municipales- aunque recién ahora se adoptó una medida concreta para tratar de dar un corte al tema. Medida que fue cuestionada y amenaza con levantar polvareda.

Irene Chrobak sostuvo que había otros caminos posibles, tal como «seguir haciendo la vista gorda, discriminando o recurrir a la justicia». No obstante, se optó por «reglamentar el artículo», afirmó la concejal.

Al respecto, la concejal radical Diomedi, opinó que la decisión tomada por mayoría «no tiene basamento legal y es sólo político», aseguró, lo cual -prosiguió- abre una incógnita sobre «el accionar futuro de los concejales: ¿qué garantías tiene el pueblo de que la Carta Orgánica va a ser respetada», se preguntó.