Allen y su necesidad de viviendas



El pretender opinar sobre distintos aspectos de la ciudad de Allen, creo necesario mencionar algunos conceptos propios del espacio urbano. Para ello es interesante recordar las funciones definidas en el manifiesto urbanístico redactado en el IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), celebrado en Atenas en 1933 y publicado recién en 1942 por Le Corbusier bajo el título “La Carta de Atenas – Principios del Urbanismo” donde expresa, y a modo de síntesis, que “las claves del urbanismo se contienen en las cuatro funciones siguientes: habitar, trabajar, recrearse (en las horas libres), circular”. (Le Corbusier; 1993; 119). Si se incorpora el criterio del movimiento denominado “Nuevo Urbanismo”, que si bien trata sobre realidades específicas de Estados Unidos, donde sus diseñadores están a favor de comunidades más pequeñas y densas que los suburbios tradicionales, se observa que establecen pautas generales como ser límites urbanos definidos y una adecuada multiplicidad de funciones que incorporan espacios recreativos, comerciales, institucionales y laborales, siempre en estrecha vinculación con una variada tipología de residencias. Plantean que estas viviendas deben ser accesibles a diversos grupos socioeconómicos y destinadas de tal manera que se propicie la diversidad urbana. (Irazbal, Clara; 2001). Observando tanto el pensamiento de posguerra generado por Le Corbusier para la reconstrucción de las ciudades, como el del Nuevo Urbanismo de principios de este siglo XXI, se infiere que es imperioso abordar la temática que hace a la vivienda.

 

¿Cuántas viviendas necesita Allen?

 

En el caso específico de la ciudad de Allen, el interior de la poligonal urbana cuenta con una densidad bruta estimada en 36 habitantes por hectárea, correspondiéndose con una densidad baja, donde la edificación es de una o dos plantas, y cuyo principal destino corresponde a la vivienda unifamiliar. En el 2007, según la Empresa de Energía Río Negro Sociedad Anónima (EDERSA), existía una totalidad de 6.794 conexiones domiciliarias de energía eléctrica de uso residencial. Cada medidor abastece a una vivienda y en promedio hay 3/4 ocupantes por unidad habitacional -según los datos de los censos nacionales de 1991 y 2001-, de lo cual se infiere que 23.097 habitantes tenían resueltas sus necesidades de techo, como propietarios o inquilinos. La proyección del crecimiento poblacional estimado para el año 2007 se valuó en 26.827 habitantes. Por la diferencia entre ambos datos puede interpretarse que existían 3.730 pobladores con problemas de vivienda y que a partir del valor promedio de ocupantes, por unidad, arrojaría un déficit estimado en 1.100 viviendas.

Ante esta necesidad, se debería definir cuántas corresponden al sector rural y cuántas al área urbana. De acuerdo con el último censo, los habitantes rurales del ejido allense representan el 20% de la población, mientras que el 80% restante se ubica dentro de la poligonal urbana. Respetándose la relación de cantidad de habitantes por vivienda, surge que en el área rural debería resolverse la construcción de 220, mientras que en la urbana el déficit a cubrir sería de 880 unidades.

Por supuesto que este análisis está condicionado, en gran medida, por fuertes decisiones políticas, económicas y sociales. Por ejemplo, con respecto al área rural, debería definirse si el criterio es consolidar los habitantes en sus lugares de origen, buscar un desplazamiento migratorio de esta población hacia el área urbana, si se contempla el criterio de población rural dispersa o el de asen

tamientos rurales en áreas ya existentes o nuevas, etc. Con respecto a las viviendas urbanas, y al solo efecto de tener una mera aproximación de la superficie de tierras que se requieren, se recuerda que la subdivisión mínima del suelo, según la actual legislación, es de 300 m2 por parcela. A partir de esta normativa surge un requerimiento mínimo de aproximadamente 27 ha para satisfacer la cantidad de casas necesarias dentro del ejido urbano, a lo que se le deben agregar los espacios comunes, circulaciones, etc., pudiendo sufrir variaciones según los criterios técnicos a adoptarse y las alternativas ofrecidas por el Código Urbano. Inmediatamente se plantea el siguiente interrogante: definir en qué sectores de la ciudad deberían emplazarse estos nuevos espacios. La respuesta implica desarrollar, en segunda instancia, todo un tema de amplísima complejidad.

 

¿Quién define qué hacer?

 

Por supuesto que ésta es una opinión profesional absolutamente personal y abierta a toda discusión. Sin dudas, sería más que interesante saber cuál es el análisis desde las distintas esferas de gobierno, tanto en lo local, provincial, como nacional. Ámbitos estos en los que se definen las políticas que determinan qué cantidad del déficit debería ser cubierto por planes oficiales para gremios, cooperativas, ongs, etc. y qué cantidad de viviendas deberían ser de interés social para habitantes con sus necesidades básicas insatisfechas. Allí también se definen las políticas que fijan cuál es el potencial volumen a ser absorbido por la actividad privada, tanto desde el esfuerzo propio (la casa propia) como desde el negocio inmobiliario (viviendas de alquiler, construcciones para la compra-venta, etc.). En síntesis, para resolver esta situación deficitaria es imprescindible proyectarse en el tiempo y en el territorio, y donde estas “políticas de Estado” demarquen el porcentaje de construcciones a ser ejecutadas desde la actividad privada, cuál asumido por el Estado y cuál en forma mixta. Frente a estas definiciones, la participación de la sociedad en diferentes ámbitos de gobierno se hace imprescindible.

Al interpretar el pensamiento de Atilio Boron (“La sociedad civil después del diluvio neoliberal” / Capítulo III), puede afirmarse que las economías neoliberales generan, cada día, más pobres que nunca y una mayor exclusión social. Para el neoliberalismo ésta es una señal altamente positiva, porque significa que el mercado se mueve sin interferencias, donde esta hegemonía promueve una sociedad fragmentada y heterogénea, con profundas desigualdades e impactando sobre el actual paradigma productivo. Las sociedades, distantes e irreconciliables, son articuladas hábilmente por la vía idolatrada e ilusoria de la televisión, y de muchos medios locales de comunicación, que poco a poco se transforman en factores de poder social. Podría pensarse que nada tiene que ver este tema con el de las viviendas, pero no es tan así, más allá de no desarrollarlo en este momento.

Aunque se estime que el Estado no puede controlar al mercado, los diferentes tipos de leyes emanadas desde el gobierno, en definitiva, son las reglas que permiten orientar el crecimiento de la ciudad y, por ende, de la sociedad que le da forma, tanto en lo relacionado con sus aspectos físicos, económicos, sociales y culturales. Por eso, y ante posibles atisbos de impotencia que puedan sentirse, creo interesante recordar y compartir los conceptos vertidos por la arquitecta Noemí Goytía de Moisset (Programa Master en Conservación del Patrimonio; CICOP Argentina; 1996) cuando expresaba que el ambiente “es la respuesta resultante a la interacción de todas las situaciones y condiciones de vida -posibilitantes o no- de un lugar, con un grupo humano tratando de desarrollar vida y existencia en ese lugar y con esas condiciones de vida. En palabras simples, la resultante de la interacción hombre-territorio culturizado y socializado”.

Todos nosotros interactuamos en cada instante de la vida con el espacio que ocupamos o dejamos de ocupar, ya sea público o privado, social o individual. Aunque muchas veces terminamos no estando de acuerdo con la propia forma que le damos, conscientes o inconscientes, siempre estamos dándole su forma.

RUBÉN ESTEBAN CABO (*)

Especial para “Río Negro”

(*) Arquitecto

arqcabo@hotmail.com


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