Alpat dio explicaciones ante diputados, pero dejó más dudas

Dagnino dijo que la obra sólo se reactiva con aportes de Nación. Sebastiani afirmó que la plata la pondrán accionistas.



VIEDMA (AV).- Alpat dejó en claro que la planta de soda solvay no se pondrá en marcha si no tiene fondos de Nación. Concretamente reclamó que los avales del Estado que hoy la firma tiene en su poder sean canjeados por diferimientos impositivos.

Es decir que con estos últimos beneficios tributarios, accionistas desgravarían parte de sus ingresos en esa planta devolviendo los mismos muchos años después de que la firma empiece a producir. En definitiva, el Estado termina sosteniendo las inversiones sin garantías reales que cubran el crédito oficial otorgado a la empresa.

Las explicaciones que el presidente de Alpat, Osvaldo Dagnino y del director, Claudio Sebastiani, dieron ante los diputados rionegrinos y la prensa tuvieron claras contradicciones:

– Por un lado, Sebastiani aseguró que los “20 millones que faltan para terminar la obra” van a ser aportados sólo por los accionistas de la empresa, a quienes calificó de “importantes”. Pero inmediatamente aludió a la negociación con la Nación como factor determinante para llegar al final de obra.

– Además, Sebastiani aseguró que la empresa pagará toda su deuda, pero no supo explicar cómo se llegó a la misma y cuál era el monto.

– Otra imprecisión importante la tuvo Dagnino ante los legisladores. Dijo que los inversores eran “más de cien”, pero no los quiso identificar. Sólo Sebastiani admitió que entre los inversores estaba Bergo Anstaldt, la firma fantasma que fue prestamista de la administración Massaccesi (ver “Sebastiani: `Alpat es la empresa…”).

La exposición

Alpat fue convocada por los legisladores tras los 72 despidos y la investigación de “Río Negro” (ver aparte).

En su exposición, Dagnino afirmó que faltan unos 20 millones para poner en marcha la planta de Soda Solvay aunque condicionó los plazos de continuidad a autorizaciones municipales, provinciales y nacionales. Entre ellas, el empresario priorizó un canje financiero-impositivo propuesto al gobierno de Fernando de la Rúa, que involucra otro diferimiento impositivo por 163 millones contra la liberación a Nación de los avales bancarios en favor de Alpat.

Dagnino condicionó la continuidad y el inicio de producción (que ahora prevé “para antes de fin de año) a la aceptación de Nación del canje propuesto por Alpat, que le permitiría recibir entre 121 y 122 millones de diferimiento impositivo que debería devolver a partir del quinto año (en otras seis cuotas anuales). En cambio, el diputado y director de Alpat, Claudio Sebastiani confió que esa propuesta saldría favorable “en dos o tres semanas” (anticipó un inminente encuentro con el ministro José Luis Machinea), por lo cual, dijo que hay que esperar el resultado para que después el directorio evalúe cualquier resolución final sobre la continuidad del proyecto.

En la víspera, las autoridades de Alcalis de la Patagonía hablaron y procuraron responder interrogantes por más de tres horas ante la comisión legislativa de Seguimiento de Alpat, que presidió Alfredo Lasalle e integran Javier Iud y Edgardo Corvalán. Además participaron el vicegobernador Bautista Mendioroz, el titular del bloque justicialista, Eduardo Rosso y los diputados Luis Falcó, Juan Muñoz, Miguel Saiz y Rubén Giménez. También, asistieron el intendente y presidente del HCD de San Antonio, Adrián Casadei y Miguel Galindo. Los hombres de Alpat afrontarán mañana igual requisitoria en el Senado.

Antes del encuentro de ayer, Dagnino y Sebastiani evaluaron alternativas para revisar la situación de los 72 despidos de la planta con el subsecretario de Trabajo, Alejandro Betelú y representantes de la UOCRA. Existió un compromiso para un reencuentro para fines de abril.

Los diputados expusieron una franca actitud inquisidora pero fue insuficiente porque no tenían información básica, salvo excepciones donde se advirtió preparación técnica para repreguntar. Las siguientes son las principales exposiciones de Dagnino y Sebastiani, como también, de los diputados:

* El presidente de Alpat insistió en que necesita de “la ayuda para terminar la planta”. Centró las demoras con Nación en dos aspectos. 1: Economía interpreta que hubo incumplimientos y no libera a Alpat del costo aduanero a un equipamiento (filtro para separar sólidos en los efluentes) que está en la zona franca de La Plata. Ese arancel ronda los 3 millones de pesos. 2: la empresa pretende canjear avales otorgados por Nación para créditos del Dressdner Bank por nuevos diferimientos impositivos, por 163 millones.

* Dagnino habló de la falta de autorizaciones provinciales (DPA para recibir el agua) y municipales (existe una prohibición de San Antonio para arrojar los efluentes en Bajo Riñon). Muñoz y Casadei rechazaron responsabilidades de la provincia y el municipio porque ambos coincidieron que con informes favorables y cumplimientos técnicos se avanzará en las respectivas autorizaciones.

* La inversión -dijo Dagnino- supera los 300 millones y restan unos 20 millones para poner en funcionamiento la planta. Reiteró que su conclusión sería para antes de fin de año. No los quiso identificar pero dijo que los accionistas son más de 100.

* El despido del personal era previsible porque la obra está concluida y restan emprendimientos colaterales. Afirmó que las vías se están haciendo, la energía será con usina propia y afirmó que se ultiman los trámites por el gasoducto.

* Dagnino defendió la viabilidad del proceso y afirmó que el mayor mercado sería Brasil porque es importador de carbonato de sodio. Prevé un aumento en el consumo interno (que ahora es de 7 kilos/año/persona contra 26 kilos de Europa). Habló de la posibilidad de extraer fertilizante de los efluentes, lo cual, fue respaldado por el diputado Corvalán, quien defendió -insistentemente- el proyecto de Alpat. “No me interesa de dónde viene la plata sino que invierta en Río Negro”, llegó a decir.

* Dagnino insistió en que no se pide ningún nuevo aporte al Estado y dijo que Alpat no tiene desde 1997 ningún aval de Río Negro. Pero, Lassalle y Rosso aclararon que el pretendido canje de avales por diferimientos derivaba en otra concesión de la Nación porque demoraba la percepción impositiva. Sebastiani reconoció aunque afirmó que esa postergación no sería de los 163 millones sino del 75 por ciento, es decir, entre 121 y 122 millones. “Habrá que pagar un 25 por ciento”, comentó.

* Galindo resaltó que ese diferimiento superaba los 20 millones necesarios para concluir, entonces consultó qué pasaría con el resto. Dagnino y Sebastiani coincidieron que ingresaría a la disponibilidad de la empresa.


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